CONTRATO SOCIAL Y
MODERNIDAD
POLÍTICA EN
COLOMBIA
Leonardo Calvano Cabezas
COLECCIÓN RAFAEL MARÍA BARALT
UNIVERSIDAD
DEL ZULIA
Leonardo Calvano Cabezas
CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD
POLÍTICA EN COLOMBIA
Colección Rafael María Baralt
Universidad Nacional Experimental “Rafael María Baralt” (UNERMB), 2018
Universidad del Zulia
Contrato social y modernidad política en Colombia
©2018, Leonardo Calvano Cabezas
1ra Edición: Noviembre de 2018
Hecho el depósito de ley:
ISBN: 978-980-427-103-8 (Digital)
978-980-427-104-5 (Impreso)
Depósito legal: ZU2018000248 (Digital)
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Coordinador: Jorge Vidovic
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Colección Rafael María Baralt
Coordinador: Jorge Vidovic López
Obra en portada: Firma del acta de la independencia, (1938) de Coriolano Leudo Obando.
Portada, diseño y diagramación: Julio García Delgado
Cabimas, estado Zulia, Venezuela
Este libro es producto de investigación desarrollado por su autor. Fue arbitrado bajo el sistema doble ciego por
expertos en el área bajo la supervisión del Fondo Editorial UNERMB de la Universidad Nacional Experimental
“Rafael María Baralt”. Venezuela.
Ediciones Clío
https://www.edicionesclio.com/
Colección Rafael María Baralt
La colección Rafael María Baralt le rinde homenaje al historiador y es-
critor político quién fuera sin lugar a dudas uno de los escritores del siglo
XIX más reconocido en Venezuela e Hispanoamérica; su producción in-
telectual y los aportes en materia literaria los encontramos en el campo de
la historia, escritos costumbristas, poesía, escritos políticos a través de sus
artículos de prensa, en sus trabajos lológicos mediante los diccionarios
que escribió y nalmente; en su contribución como diplomático de Vene-
zuela, España y República Dominicana. Destacó como uno de los grandes
prosistas de la lengua castellana, hasta el punto de gurar como el primer
hispanoamericano en ocupar un sillón en la Real Academia de la Lengua
Española en el año de 1853.
En el sentido anterior, la intención con la colección es promover las pu-
blicaciones en el área de las Ciencias Sociales, especialmente las investiga-
ciones que fortalecen los procesos de reconstrucción de la ciencia histórica
aunque , la colección, también permite la incorporación de escritos sobre
temas de geografía, arte y cultura que pueden ser suministrados mediante
la estructura de conferencias, ensayos, entrevistas, textos de carácter histó-
rico, jurídico, acuerdos, declaraciones; entre otros relacionados con el área
objeto de estudio de las Ciencias Sociales.
Dr. Jorge F. Vidovic
Coordinador de la Colección
jorgevidovicl@gmail.com
DEDICATORIA
A mis padres, Ennio y Amira, que mi hicieron lo que soy.
A mi esposa Carmen Cabrales, fuente inagotable de mi amor.
A mis Hijas Kelly, María Bernarda y Daniela, motor de mi existencia.
A mi nieto Juan Gabriel, un regalo del cielo.
CONTENIDO
Prólogo ..................................................................................................................... 11
Introducción ............................................................................................................ 15
Capítulo I: Fundamentos teóricos y metodológicos ...................................23
Antecedentes de la Investigación................................................................23
Bases teóricas y conceptuales ......................................................................28
Referentes metodológicos ...........................................................................39
Enfoque ideacional .......................................................................................39
Análisis crítico del discurso político .......................................................... 40
Técnica de investigación documental .......................................................41
Capítulo II: La modernidad y su modelo de sociedad: miradas y sig-
nificados ....................................................................................................................43
Exordio ............................................................................................................43
Programa filosófico de la modernidad ......................................................45
Cambios políticos impulsados por la modernidad: caso Iberoamérica .....51
Aspectos ideológicos de la modernidad ....................................................56
La epistemología al servicio de la sociedad moderna .............................59
Críticas a la modernidad .............................................................................61
Epílogo .............................................................................................................64
Capítulo III: Naturaleza del contrato social estructurado histórica-
mente por las elites en el ejercicio del poder en Colombia ........................67
Exordio ...........................................................................................................67
Esencia del contrato social decimonónico en Colombia ......................69
El positivismo y el contrato social post-independentista ......................75
Constitución política de 1863 y su esquema federativo de gobierno ....78
El contrato social de la Regeneración: Constitución política de 1886 ..... 82
El contrato social del bipartidismo en el siglo XX .................................85
La Constitución política de 1991 y su modelo socio-político .............88
Epílogo ...........................................................................................................91
Capítulo IV: Fundamentos políticos y criterios generales para la ela-
boración de un nuevo o renovado contrato social en Colombia en la
escena del siglo XXI ..............................................................................................95
Exordio ............................................................................................................95
Propuesta Política ..........................................................................................97
Propuesta económica ..................................................................................102
Propuesta relativa a la renovación social, educación y cultura .......104
Propuesta ecológica ....................................................................................110
Consideraciones finales .............................................................................113
Conclusiones .........................................................................................................115
Índice de referencias ............................................................................................119
Referencias Bibliográficas ..........................................................................119
Referencias Documentales Impresas y legales .......................................124
Referencias Hemerográficas y/o de Medios Electrónicas ...................126
PRÓLOGO
La tradición contractualista posee, al menos, dos grandes escuelas
fundacionales que oscilan entre el pensamiento liberal democrático, don-
de se inscriben pensadores de la talla de Locke, Rousseau, Kant y Rawls,
entre otros; y otra caracterizada por su autoritarismo estatista, que pos-
tula la superioridad del Estado y la autoridad irresistible del príncipe
como garantía fundamental del orden establecido, tal como lo plantea-
ban omas Hobbes y Carl Schmitt su momento. Para los pensadores
de la primera escuela, como es bien sabido, la vida colectiva y su conse-
cuente sistema político, eran el resultado de un acuerdo voluntario entre
partes que, en aras de convivir y superar el estado de naturaleza, diferen-
ciado por la arbitrariedad parmente, fundaban un modelo de sociedad
que les permitiera convivir y prosperar. En ambos casos, la sociedad se
visualizaba como el resultado de un diseño inteligente que, consensuado
o impuesto, viene a resolver los imperativos de la vida en común.
La presente obra de Calvano tiene la capacidad de trascender la visión
idílica del contrato social, toda vez que reconoce desde un primer mo-
mento que, en el caso colombiano, es la elite de poder, quien, desde el acto
fundacional de la república, ha confeccionado de acuerdo a sus intereses
y necesidades particulares el modelo de sociedad imperante hasta el pre-
sente histórico, situación que sucede de forma muy similar en la mayo-
ría de las sociedades humanas. Sin embargo, entiende que esta metáfora
fundacional de estar bien encausada, dota a las personas comunes de las
herramientas políticas necesarias para construir de forma intersubjetiva
la sociedad que quieren, de conformidad con el espíritu democrático de
soberanía individual y dignidad humana que identica a la losofía de
la modernidad y que sirvió de argumento para el impulso de las grandes
revoluciones burguesas de los siglos XVIII y XIX.
A diferencia de los grandes sistemas losócos como el marxismo,
positivismo y liberalismo, la noción de contrato social no tiene un re-
cetario prediseñado, a lo sumo, reconoce y demanda de la sociedad civil
organizada los actos deliberativos necesarios para construir una socie-
dad viable o, derogar, según su autoridad constituyente, un modelo de
sociedad desgastado e irracional. Este planeamiento irrefutable está vin-
culado a la esencia democrática a la que apelan los políticos y las insti-
tuciones democráticas para ganar su legitimidad, aunque es de suponer
que, el sistema político, económico y social imperante, no esté ganado
a permitirle a una ciudadanía empoderada y consciente materializar un
modelo alternativo de convivencia, de justicia, equidad y paz, a contra-
vía de los intereses de la elite. La resolución de esta formidable para-
doja es la clave para la revitalización de las democracias del siglo XXI
en el sur. Y de antemano sabemos, como bien le explica el autor, que la
violencia material o simbólica no es la manera de construir el anhelado
reino de la conciencia que tanto esperamos. De hecho, la guerra civil
en Colombia demuestra que la violencia no es un dispositivo viable de
transformación política, es el problema más bien.
Entre los aportes y contribuciones que hallará el lector en esta obra,
está la simplicidad y contundencia como se exponen las limitaciones y
falencias del contrato social estructurado en Colombia y las comedidas
propuestas que en el último capítulo se formulan para iniciar la discusión
sobre el contenido y alcance que debe tener la nueva sociedad venidera.
Como bien señala Calvano, en un párrafo de claridad meridiana: “Sim-
plicando los dilemas, ya a no se trata de civilización vs barbarie, capi-
talismo vs socialismo, sino de construcción de un contrato social de la
dignidad vs el modelo hegemónico de obstrucción al perfeccionamiento
armónico de la vida.”
La invitación es obvia, la sociedad que tenemos no es una concesión
graciosa del sistema político, ni es el mandato de la providencia. Nuestra
realidad social, ayer y hoy, es el resultado de un proceso colectivo en el que
todos particípanos, con nuestras acciones y omisiones, lo queramos o no,
de ahí que esta misma oprobiosa realidad puede ser modelada y diseñada
continuamente por una ciudadanía lucida dispuesta a asumir su responsa-
bilidad histórica para consigo misma, en esta poderosa idea se base la tesis
del contrato social según Calvano.
Dr. Jorge Villasmil Espinoza
Universidad del Zulia
Maracaibo, noviembre de 2018.
INTRODUCCIÓN
Esta obra es el resultado de un arduo proceso indagativo y reexivo que
desarrollé en su momento en el doctorado de Ciencia Política de la Uni-
versidad del Zulia (LUZ), en Maracaibo Venezuela, en el periodo 2014-
2018. De hecho, el libro que hoy presentamos para conocimiento de la
sociedad en general, mediante su difusión por la web en formato PDF, sin
nes de lucro, surge de mi tesis doctoral, intitulada: CONTRIBUCIO-
NES AL ESTUDIO Y ESTRUCTURACIÓN DE UN NUEVO O
RENOVADO CONTRATO SOCIAL EN COLOMBIA, tesis que fue
galardonada con la distinción honorica: mención publicación. Como es
de suponer, el trabajo que hoy exhibimos como una obra unicada ya fue
publicada parcialmente en dos artículos cientícos, para cumplimiento
de la normativa del doctorado que rige la materia de productividad. En
tal sentido, agradezco al Dr. Jorge Villasmil Espinoza, editor de la Revista
Cuestiones Políticas, órgano divulgativo del Instituto de Estudios Políti-
cos y Derecho Público “Dr. Humberto J. La Roche” de la FCJP de LUZ
y quien además fuera mi tutor y; al profesor Jorge Vidovic López, direc-
tor del consejo editorial de la Revista Perspectivas, órgano divulgativo del
Centro de Estudios Socio Históricos y Culturales de la Universidad Expe-
rimental “Rafael María Baralt”, el haber autorizado amablemente que los
artículos publicados es sus respectivas revistas, fueran integrados ahora,
con algunos retoques, en esta publicación.
El contrato social entendido como los fundamentos: losócos, on-
tológicos, ideológicos, políticos y epistemológicos, desde los cuales se
construye un modelo de sociedad determinado es, a manera de hipótesis
de trabajo, un elemento fundamental para comprender la naturaleza del
sistema político colombiano. En tal sentido, esta obra se plantea por obje-
tivo general: Explicar la impronta que tiene el contrato social existente en
16 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
Colombia como formación discursiva y realidad histórica. Mediante una
metodología próxima al análisis crítico del discurso político, con un en-
foque ideacional, se pretende contribuir –con un resultado que solo nues-
tros amables lectores podrán determinar en su momento– con el desarro-
llo de una matriz de pensamiento crítico, próximo a la denición política,
ideológica y ética de los cimientos generales, para la estructuración de un
renovado contrato social en Colombia.
El concepto de contrato social hace alusión desde nuestra perspectiva
a las bases y criterios: losócos, ontológicos, ideológicos, políticos y epis-
temológicos, entre otros, desde los cuales se cimienta un “modelo de so-
ciedad” que pretende implementarse en la realidad concreta para superar
a otro, por considerarlo injusto, inequitativo y plagado de contradicciones
materiales y simbólicas que dicultan el desarrollo a escala humana, por-
que no responde al interés general que tienen los ciudadanos de acceder a
una vida de dignidad y calidad1. De acuerdo con Tobón:
“El Contrato Social originario es la gran metáfora constitutiva de la
sociedad moderna. Tal como fue enfatizado por Hobbes, Locke y
Rousseau, creadores de esta gran gura interpretativa, apunta más a
un modelo virtual sobre la naturaleza de la sociedad que a un regis-
tro empírico sobre su evolución a lo largo del tiempo. Un modelo de
socialización del ser humano concebido ya no como un don natural
o una prestación divina, sino como resultado concreto del hombre
mismo en sus ineludibles y contradictorios contactos interpersona-
les y de grupo” (2015: 13).
El siglo XVIII trajo consigo en la civilización euro-occidental2 el sur-
gimiento de nuevos y renovados sistemas losócos que dieron vida a la
1 A nuestro entender el concepto de vida de dignidad y calidad implica la existencia efectiva de
condiciones de posibilidad, estructuradas desde los poderes políticos imperantes y la sociedad
civil, para el acceso por parte de todas las personas a los bienes y servicios necesarios para la
producción y reproducción de la vida digna. Aún más, un sistema político comprometido con el
logro de la vida de calidad y dignidad como parámetro supremo de su legitimidad por desempe-
ño, no solo protege la vida humana sino todas las formas de vida (biodiversidad) que ocupan su
territorio. Por ello, la vida buena no solo requiere de bienes materiales sino también simbólicos
como cultura, arte, educación y paz, entre otros.
2 Para una visión crítica de la modernidad política y su discurso colonialista y eurocéntrico reco-
mendamos consultar: DUSSEL, Enrique (2011). Política de la liberación. Volumen II Arquitectó-
nica. Caracas (Venezuela), Fundación editorial el Perro y la Rana.
17LEONARDO CALVANO CABEZAS
llamada modernidad política. El pensamiento liberal ilustrado en el que se
conjugaron distintas escuelas como: el enciclopedismo, el racionalismo y
el empirismo, entre otras, desarrolló un pensamiento crítico defensor de la
“razón iluminista”, en oposición a los dogmas religiosos típicos del pensa-
miento escolástico, con profundo impacto en los imaginarios colectivos de
las elites intelectuales de la época, que terminó por socavar paulatinamente
al absolutismo monárquico y su núcleo legitimador (el derecho divino), así
como la sociedad de ancien regime de corte estamental que le daba la supre-
macía a la aristocracia, en tanto que estamento rector del sistema político y
el orden social imperante. Al respecto Ponce (2011: 1) señala:
“La modernidad es una época que se dene a partir de haber alcanza-
do conciencia de sí misma. De su novedad. ue rompe a su modo, el
continuo histórico y, en especial, rompe con la noción de tradición
como fuente obligatoria de lo que debe ser. Lo que la funda es, de
acuerdo con G. H. W. Hegel, el principio de subjetividad, de liber-
tad subjetiva. El mito es, en principio, lo otro de la razón.”
Para los ilustrados situados en el siglo de las luces, la razón signicaba la po-
sibilidad de revisar críticamente las premisas y conceptos que sustentaban al
orden establecido; por ello, la razón de los ilustrados se constituía en muchos
aspectos en un acto de rebeldía epistemológica y desobediencia cognitiva ante
los saberes de la tradición, mediante la cual se demostró, por una parte, como
los supuestos teóricos y axiológicos que sustentaban al orden establecido ca-
recían, sin duda, de bases argumentativas solidas de cara al interés general y,
por otra, se diseñó un nuevo contrato social denido como Estado liberal o
Estado de derecho3, congurado a través de las grandes revoluciones políticas
y económicas del siglo XVIII (Revolución industrial, independencia de las
trece colonias angloamericanas 1776 y revolución francesa 1789).
Las ideas revolucionarias de la época plasmadas en documentos histó-
3 A este respecto Villasmil (2016) señala lo siguiente: “No debe confundirse contrato social con
constitución política, ya que ambos elementos poseen una identidad conceptual diferenciada.
El contrato social viene a simbolizar…los fundamentos filosóficos, ontológicos y epistemológicos
desde los que se diseña la arquitectura del modelo de sociedad que se busca implementar y, el
constitucionalismo moderno, por su parte, surgido del pensamiento liberal ilustrado del siglo de
las luces y aún vigente, representa la instrumentalización jurídica-institucional de ese modelo, lo
que indica que el primero trasciende y determina la esencia del segundo.
18 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
ricos como la Declaración ancesa de los derechos del hombre y del ciudada-
no y la Declaración de derechos del buen pueblo de Virginia, por mencionar
algunos, sirvieron de sustento ideológico y discurso político para las elites
hoy latinoamericanas en el proceso de rupturas de los nexos coloniales y
su consecuente creación de los Estados nacionales de tipo republicano. En
síntesis, estas ideas proclamaban que:
“Todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e indepen-
dientes y tienen ciertos derechos innatos, de los que, cuando entran
en estado de sociedad, no pueden privar o desposeer a su posteridad
por ningún pacto, a saber: el goce de la vida y de la libertad, con los
medios de adquirir y de poseer la propiedad y de buscar y obtener la
felicidad y la seguridad” (Declaración de derechos del buen pueblo
de Virginia, 1776: 01).
Al mismo tiempo, los revolucionarios franceses expresaban en la mis-
ma lógica argumentativa que:
“La nalidad de cualquier asociación política es la protección de los de-
rechos naturales e imprescriptibles del Hombre. Tales derechos son la
libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión” (Decla-
ración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789: 01).
Cabe destacar que, el radio de acción de estos argumentos fue restrin-
gido y limitado a un grupo reducido de la sociedad colonial americana: los
blancos criollos educados, poseedores del poder económico, quedando re-
legados los colectivos sociales como los negros, indios, mestizos y mujeres,
a la negación de sus derechos políticos y libertades civiles en el nuevo orden
republicano, que muy pronto se reveló como una oligarquía censitaria.
En el caso especíco de Colombia, el sistema político oligárquico se ha
constituido históricamente como la característica distintiva del contrato
social imperante desde el advenimiento de la república. La materialización
del mismo se da en los múltiples textos constitucionales que denen histó-
ricamente el marco regulatorio de las relaciones de poder entre elites polí-
ticas y económicas, la gestión del conicto social y el proyecto nacional que
marca la agenda en términos de las metas, valores y objetivos que pretende
alcanzar la sociedad en su conjunto en su devenir histórico, siempre bajo
la egida de la ideología dominante. Visto así, el logro de la independencia
19LEONARDO CALVANO CABEZAS
política en las primeras dos décadas del siglo XIX no signicó de ninguna
manera el logro de una revolución social que posibilitara el reacomodo de
los colectivos sociales en el “nuevo orden”, en términos de una mejora sus-
tancial en su calidad de vida, sino, sencillamente, el desplazamiento de la
ocupación de los espacios rectores del poder político de los peninsulares,
por parte de los blancos criollos (los cacaos), erigidos ahora como nueva
clase dominante. De esta manera la sociedad republicana poseía, en mu-
chos aspectos, la misma estructura constitutiva de la colonial y sus conse-
cuentes relaciones asimétricas de poder que marginan a las mayorías.
Esta situación históricamente vericable de monopolio del poder po-
lítico y social por parte de grupos muy reducidos de la sociedad, deslegiti-
ma al sistema político en su conjunto porque actúa de espaldas al interés
general. En este sentido, Guillen (2015: 25) explica que:
“Uno de los aspectos decisivos bajo el cual debe considerarse la vida
política de una sociedad es el grado en que los individuos que per-
tenecen a ella pueden participar en la formación de la autoridad
pública y ejercer presión permanente para obtener la satisfacción a
sus particulares deseos y necesidades y para vincular sus opiniones
y decisiones a la dirección que el Estado impone a la comunidad.”
Bajo este criterio se clarica la compleja relación existente entre partici-
pación pública generalizada, en los espacios de decisión del poder político,
en todos sus niveles y modalidades y democracia de calidad, entendida como
sistema político y modo de vida en el que se articulan satisfactoriamente go-
bernanza y gobernabilidad, democracia formal y democracia de resultados.
En atención a lo antes expuesto, este trabajo se estructura en cuatro
capítulos, a saber:
En el capítulo I: Fundamentos teóricos y metodológicos, se hace una
revisión selectiva que da cuenta del estado actual de las investigaciones
desarrolladas en distintos ámbitos disciplinares de las ciencias sociales y
humanas, sobre el fenómeno contrato social y sus principales elementos
constitutivos en términos teóricos y conceptuales. Esencialmente, esta re-
visión permitió determinar –en un primer momento– las contribuciones,
falencias y limitaciones presentes en la literatura disponible que se expone
20 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
en: estudios clásicos y artículos arbitrados de relevancia actual, para esti-
pular el curso que siguió la obra en función de efectuar algunos aportes y
contribuciones novedosos.
De igual manera, se esbozan las diferentes concepciones sobre la cien-
cia política que deende la investigación, para argumentar la posibilidad
efectiva de una “nueva racionalidad” que pretende superar las carencias
del paradigma positivista, “obsesionado en su proceder” con la traducción
al lenguaje numérico de los fenómenos políticos y sociales, bajo la tesis de
que es la única manera de hacer ciencia. Es precisamente, cuando se reba-
ten los postulados positivistas en el capítulo, cuando se abre la puerta para
desarrollar procesos de investigación en las coordenadas del paradigma
interpretativo-cualitativo; de ahí, la apuesta por un enfoque ideacional,
junto al análisis crítico del discurso político que, se esfuerza por explicar,
exponer y denunciar el discurso hegemónico de la elite de poder colombia-
na y su modelo de sociedad. De conformidad con la metodología usada,
se aplicaron a las fuentes primarias y secundarias la técnica de observación
documental, todo lo cual, determina –al menos en lo procedimental– la
validez y conabilidad de los resultados obtenidos.
En el capítulo II, intitulado: La modernidad y su modelo de sociedad:
miradas y signicados, se orientó a interpretar los signicados políticos,
ideológicos, epistemológicos y losócos del modelo de sociedad surgido
al calor de la modernidad política. En líneas generales, se deende una
concepción amplia del contrato social que no se limita al constituciona-
lismo histórico y, al mismo tiempo, se exponen los fundamentos multi-
dimensionales que, para bien o para mal, dotan de contenido concreto al
modelo de sociedad occidental en general, que sirve de pedestal al pro-
yecto de país desarrollado por la clase dominante en Colombia, desde los
albores de la emancipación del reino de España en el siglo XIX, hasta el
momento actual, con resultados muy pobres en términos de equidad, jus-
ticia social y dignidad humana.
El capítulo III: Naturaleza del contrato social estructurado histórica-
mente por las elites en el ejercicio de poder en Colombia, no busca natu-
ralizar la dominación material o simbólica que padece buena parte de la
21LEONARDO CALVANO CABEZAS
sociedad colombiana, sino que, intenta revelar la naturaleza o esencia de
este modelo de sociedad reconstruyendo para ello la trama histórica del
poder y sus distintas inuencias losócas y constitucionales en más de
dos centurias; puntualizando en momentos decisivos del acontecer na-
cional de los que emergen relatos y fenómenos como: la constitución de
1886, el bipartidismo del siglo XX y la constitución política de 1991, esta
última, proclama la necesidad de construcción de un Estado social de De-
recho como formulada para paliar la crisis sistemática de nales del siglo
pasado, al tiempo que diseñó las condiciones argumentativas para el logro
de una democracia participativa sustentada en una ciudadanía activa, a la
que aún le falta mucho camino por transitar.
Para cerrar, el capítulo IV: Fundamentos políticos y criterios generales
para la elaboración de un nuevo o renovado contrato social en Colombia
en la escena del siglo XXI, elabora una propuesta marco que articula un
conjunto de “ideas directrices” en las áreas de: a) política, b) economía,
c) sociedad, educación y cultura y, d) ecología; todo lo cual, tiene como
propósito: delinear los fundamentos políticos y criterios generales para la
elaboración de un nuevo o renovado contrato social en Colombia en la
escena del siglo XXI. La idea que nos animó fue rebasar la etapa contem-
plativa y crítica de la ciencia, mediante la elaboración de una propuesta
de síntesis con alguna utilidad práctica para la sociedad civil organizada,
junto a los actores y factores en el poder, con conciencia histórica de la
impostergable necesidad de restructurar las bases de la sociedad y su sis-
tema político, con el interés superior de dignicar la vida en su conjunto,
con todo lo que ello representa para las generaciones presentes y futuras
del país.
CAPÍTULO I: FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y
METODOLÓGICOS
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
A continuación, se exponen sucintamente los distintos aportes en tér-
minos de documentación escrita que han inuido en la conguración de
las concepciones teóricas y metodológicas que animaron el desarrollo de
esta investigación, maniestas en particulares enfoques y perspectivas de
análisis propias del paradigma cualitativo.
Rousseau (2007). El contrato social
Este trabajo se constituye en uno de los aportes más destacados de la -
losofía política para la humanidad toda. Ubicado en el contexto de transi-
ción de la sociedad de antiguo régimen a la modernidad su autor explica
hipotéticamente como surgió el Estado, en tanto que expresión suprema del
ordenamiento político históricamente existente. Para Rousseau el contrato
social no es más que una asociación voluntaria entre partes que, de forma
consciente cedieron cuotas de su libertad individual para construir una es-
tructura de orden y poder vinculante que posibilitara la convivencia y la
gestión del conicto social en el tiempo. En este sentido, el pacto social es la
fuente soberana para la organización de las comunidades humanas y la estra-
tegia más lógica para permanecer cohesionados antes las dicultades mate-
riales y espirituales que debe afrontar toda sociedad en su devenir dialéctico.
“Pero como los hombres no pueden generar nuevas fuerzas sino solo
unir y dirigir aquellas que ya existen, no cuentan con otro medio de
conservación que congurar, por medio de agregaciones, una suma
de fuerzas capaz de superar las resistencias, ponerlas en juego por un
solo motivo y hacerlas actuar de conformidad” (Rousseau, 20094: 20).
4 No se debe confundir la fecha histórica de aparición de la obra con la fecha de la edición citada,
24 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
Estas ideas tienen como propósito último formular las bases y princi-
pios para la construcción colectiva de una sociedad legítima que permita
el desarrollo integral de las personas que la forman en el marco de la liber-
tad, la justica y la soberanía popular.
Ramírez (2015). La guerra y el contrato social en Colombia
La obra en cuestión se constituye en un valioso análisis sociopolítico de
la historia republicana de Colombia y, particularmente, del contrato social
que emerge de ella siempre signado por las frustraciones de un proceso con-
tinuado de guerras civiles, caudillos, cooptación de la política y luchas entre
grupos de poder, que no aportan nada a la necesidad de empoderamiento
del pueblo, ingrediente básico para el logro de una democracia participativa
e inclusiva en el siglo XXI. El autor reexiona y argumenta la necesidad de
recomponer las relaciones entre: Estado y sociedad civil, como base para el
surgimiento de un nuevo contrato social en Colombia que signique una
sociedad más justa y equitativa para todos de cara al progreso.
Restrepo (1995). Constituciones políticas nacionales de Colombia
Nuestra hipótesis de trabajo apunta a la premisa de que la expresión
más nítida del contrato social, aunque no la única, está en el constitucio-
nalismo moderno. De ahí la pertinencia de este texto donde se estudia
todo el entramado constitucional republicano, no solo desde el punto de
vista del ordenamiento positivo, sino también, en su dialéctica relación
con el marco político, histórico e institucional donde el mismo adquiero
sentido y signicado. El estudio en cuestión se centra en el análisis por-
menorizado de la Constitución de 1991, en la que se proclama, el adveni-
miento del Estado social de Derecho y la democracia participativa como
herramientas capaces de corregir paulatinamente los vicios y contradic-
ciones del sistema político colombiano y su consecuente ordenamiento
societal. No obstante, debemos señalar que nuestra concepción del con-
trato social trasciende por su esencia la idea Estado-céntrica de la política
y el fetichismo constitucional, para el cual, las transformaciones constitu-
cionales signican un progreso automático de la sociedad toda.
de conformidad con las Normas vigentes para la presentación de trabajos escritos de la Univer-
sidad del Zulia. Dicha normativa no contempla los mecanismos formales para diferenciar entre
ambos aspectos, tal como es necesario en una investigación de tipo historiográfico.
25LEONARDO CALVANO CABEZAS
Guillen (2015). El poder político en Colombia
Esta destacada investigación desarrollada en la década del 70 del siglo
XX, estudia la forma como las elites políticas y económicas nacionales han
ejercido el poder en razón de sus intereses estamentales. Tiene la capaci-
dad de revisar críticamente el proceso político nacional para desmontar las
verdades ociales que desde el poder pretenden, con éxito casi siempre, im-
poner una lectura tendenciosa de la “historia patria”. A juicio de Guillen:
“La evolución de las doctrinas políticas a lo largo de los últimos 200
años ha convertido en meca incuestionable de todo proceso consti-
tucional la necesidad de crear formas de autoridad que garanticen
un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, introducien-
do así irreversiblemente, el concepto de que es menester combatir
cualquier forma de poder público que dirija sin consulta ni control
populares el destino de la población” (2015: 46).
El gran aporte de la obra está en desentrañar las raíces sociales del po-
der político, cargado en su accionar por un conjunto de prácticas pre-mo-
dernas propias de la sociabilidad colonial, perspectiva esta sin la cual no se
podría explicar fenómenos como el bipartidismo hegemónico, el cliente-
lismo y la violencia institucional que caracteriza al sistema político colom-
biano, aun en la actualidad. Concluye en la necesidad de la idea vigente de
re-democratizar a la sociedad colombiana en su conjunto para permitirle
a un nuevo liderazgo político ocupar los principales espacios de poder
para el logro de la justicia social, tan anhelada por las mayorías populares.
Dussel (2011). Política de la liberación
Desde las coordenadas de la losofía política crítica y la historia, se
estudian los fundamentos ontológicos, epistemológicos y losócos de la
política de la liberación, asumida por nosotros como una inuencia cla-
ve en la estructuración de este trabajo. Dussel, desmonta críticamente la
hegemonía del poder político mundial y su particular inuencia en las
naciones del Sur, donde grandes grupos de la sociedad, han quedado rele-
gados y oprimidos por una concepción de la política y la sociedad que los
desconoce en esencia y existencia, que niega la posibilidad de alteridades
e identidades políticas, sociales y culturales distintas a las “occidentales
modernas.” Este discurso contra-hegemónico cuestiona también el efec-
26 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
to ideológico del eurocentrismo en nuestras mentalidades políticas y nos
invita a denir nuevos derroteros que hagan posible la construcción de
un nuevo imaginario político que se adapte a nuestras necesidades colec-
tivas, como naciones emergentes capaces de asumir, para bien o para mal,
la carga y el desafío del tiempo histórico actual en un marco relacional de
prácticas de justicia, equidad y soberanía, ante los poderes imperiales que
controlan el orden mundial.
Smith (2004). La riqueza de las naciones
La naturaleza distintiva de nuestra concepción del contrato social
como espacio para la denición del modelo de sociedad que se quiere,
en oposición al estructurado históricamente por las clases dominantes,
implica la perspectiva propia de la economía política que estudia las re-
laciones de producción entre las diferentes clases sociales, conjugando
economía, política y sociedad como realidades y conceptos íntimamente
vinculados. Entendemos, que el concepto actual de economía se distancia
de esta perspectiva relacional y losóca que poseía la economía política
en sus orígenes en el siglo XVI. Por ello la riqueza de las naciones signica,
al menos para nosotros, un retorno a las preocupaciones iníciales de la so-
ciedad moderna; la forma como el modelo capitalista genera riquezas que
dividen a la sociedad y el mundo entre privilegiados y oprimidos. Con-
cluye formulando los principios claves del liberalismo económico con el
propósito de maximizar los benecios económicos de las actividades pro-
ductivas y mejorar la base material de la sociedad en su conjunto.
Reales (2010). Digresiones epistemológicas
La perspectiva propia del pensamiento crítico y creador se hace funda-
mental en los ejercicios de comprensión y revisión del orden sociopolítico
existente y, sus paradigmas epistemológicos que le sirven de justicación
y sustento. Reales, muestra y denuncia los dispositivos cognitivos de con-
trol y vigilancia que dicultan la práctica del pensamiento crítico, en tan-
to que, legitima manifestación intelectual, desde la cual, surgen o insurgen
las nuevas o renovadas propuestas epistemológicas que brindan opciones
viables de transformación de la realidad y crean, a su vez, los mecanismos
de participación en la construcción colectiva de nuevas sociedades más
27LEONARDO CALVANO CABEZAS
humanas, participativas y empoderadas. Para el autor la educación, situa-
da en contexto, es la clave para la resolución de los problemas comunita-
rios y el dispositivo de formación de una ciudadanía activa y protagonista
de su historia, capaz de superar paulatinamente sus límites y contradiccio-
nes objetivas y subjetivas de cara al bien común.
González-Pacheco (1998). La revolución francesa (1789-1799)
Esta revolución se constituye en el evento clave del logro de la mo-
dernidad política, como superación decisiva del absolutismo monárquico
y su visión tradicional de la sociedad estamental, de vasallos y señores.
Esta obra proporciona una selección de los documentos, cartas, procla-
mas, discursos, canciones populares, textos legales, relatos de memorias y
maniestos que produjeron sus principales protagonistas de mucha uti-
lidad para comprender los orígenes del pensamiento político moderno y
contestatario en la civilización occidental.
Sen (2010). La idea de la justicia
La idea de la creación de un nuevo o renovado contrato social parte de
imperativo ético de la justicia como opuesto dialéctico de la injustica, de la
que se cree provienen la mayoría de los males que afectan a las sociedades
humanas. Sen, articula una propuesta de justicia en la cual conuyen dis-
tintas tradiciones y escuelas del pensamiento, bajo la premisa de que estas
pueden ofrecer soluciones, claras y tangibles a los problemas de las perso-
nas organizadas en comunidades humanas, que buscan mejorar sus condi-
ciones de vida y superar, por ende, la pobreza que les oprime. Se concluye
que existe una relación intrínseca entre democracia, justicia y desarrollo
económico que, de articularse satisfactoriamente mediante políticas pú-
blicas adecuadas, lograría incrementar los niveles de felicidad general en
una sociedad determinada, lo que se traduce en una sociedad más justa.
Stiglitz (2015). El precio de la desigualdad
Desde la mirada propia de la ciencia económica crítica se describe las
profundas desigualdades que caracterizan a las sociedades contemporá-
neas, en las que 1% de la población mundial disfruta de las mejores vi-
viendas, la mejor educación, los mejores médicos y el mejor nivel de vida,
en contraste con el otro 99%. Se explica de forma pormenorizada el alto
28 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
costo de la pobreza y la iniquidad global en términos de: altos índices de
criminalidad, problemas sanitarios, menores niveles de educación, de co-
hesión social y de esperanza de vida respectivamente.
Se concluye que el funcionamiento de los mercados por sí solo no es
suciente, ni mucho menos, para corregir estas asimetrías sociales y se
propone un conjunto de reformas de cara la creación de una sociedad más
justa y equitativa, cuestión que conviene analizar en el proceso de formu-
lación de un nuevo contrato social para Colombia.
BASES TEÓRICAS Y CONCEPTUALES
A continuación, se presentan un conjunto de conceptos y categorías de
análisis que ilustran la visión particular que sobre los mismos desarrolla
esta investigación y que muestran, a su vez, el contenido y sentido especí-
co de nuestro ámbito de estudio.
Contrato social
Este concepto nos remite al hipotético momento político donde se
conguró la estructura de poder público denominado en occidente como
Estado. En el pensamiento político moderno, como ya se señaló, el contra-
to social es el resultado de un acuerdo voluntario entre partes, para garanti-
zar unos niveles mínimos de estabilidad política y buen gobierno de cara al
logro de la convivencia social. De esta manera, el contrato social existente
es producto de un consenso democrático y democratizante donde se expre-
sa de forma clara la voluntad general –no debe confundirse con la voluntad
de la mayoría–, que especica el interés colectivo en términos de justicia,
equidad, democracia y bien común. En este contrato están representados,
en teoría, todos los intereses legítimos de las personas, actores sociales y
sujetos políticos que conforman a la nación, entendida como cuerpo so-
cial plural y heterogéneo, pero cohesionado por la pertenencia a un mismo
proceso histórico englobante, productor de identidades compartidas.
Por esta razón, la legitimidad histórica del contrato social viene dada
por su capacidad simbólica de modular intereses diversos y satisfacer de-
mandas individuales y colectivas que desbordan, por su naturaleza, los
privilegios estamentales de la época premoderna; de lo contrario, todo
29LEONARDO CALVANO CABEZAS
contrato social puede y debe ser revocado por las mismas voluntades que
estructuraron el acuerdo que le dio vida, en un momento particular, y
sustituirlo por otro ajustado a sus nuevos requerimientos y demandas de
bienes de justicia y repartos diferenciales de bienes de valores.
El contrato social se sustenta en la soberanía popular de la que emer-
gen todos los poderes constituidos, y adquiere su mejor expresión en la
gura de la Asamblea nacional constituyente5, donde se origina el texto
constitucional –asumido como sistema jurídico y axiológico– que rige el
funcionamiento del sistema político y el orden social imperante. Por ello,
la asamblea nacional constituyente, es en principio la máxima autoridad
política en un Estado, con capacidad de desconocer cualquier sistema, ley,
funcionario o decisión que contraríe o altere el goce y disfrute de los de-
rechos naturales –hoy derechos humanos–, de conformidad al principio
o derecho de resistencia a la opresión6 que aún persiste en varias consti-
tuciones actuales. Por estas razones, contrato social, soberanía popular,
derechos naturales y gobierno del pueblo, son conceptos consustancia-
dos que dan cuanta del proceso histórico inconcluso aun, del que irrum-
pe para bien o para mal, la forma y naturaleza de los poderes políticos y
económicos que denen el paradigma social imperante y su sistema de
representaciones colectivas.
Voluntad general
la voluntad general es según Rousseau la articulación de la voluntad de
la mayoría y minoría respectivamente. Es, en esencia y existencia, un tipo
de voluntad racional, que posee limitaciones objetivas, ya que no puede
actuar de forma irracional para autodestruirse, por ejemplo, cuestión que
la aleja en principio de la demagogia y su consecuente vulgarización del
5 Un excelente ensayo sobre el poder constituyente se encuentra en el texto de: Negri, Antonio
(2015). El poder constituyente. Ensayo sobre las alternativas de la modernidad. Madrid (Espa-
ña), Traficantes de Sueños.
6 La manifestación actual o quizá simplemente la evocación en el constitucionalismo contem-
poráneo del derecho de resistencia a la opresión, derecho a la revolución, también conocido
como derecho a la rebelión, entre otros, está en la figura de la desobediencia civil. El artículo
350 de la Constitución de la república bolivariana de Venezuela de 1999, por ejemplo, esta-
blece taxativamente: “El pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana, a su lucha por la
independencia, la paz y la libertad, desconocerá cualquier régimen, legislación o autoridad que
contraríe los valores, principios y garantías democráticos o menoscabe los derechos humanos.”
30 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
poder. Su propósito último es garantizar la generalización del bien común
en tanto que espacio simbólico donde conuyen los diversos intereses y
aspiraciones de las personas que libremente eligen asociarse en una socie-
dad de libres e iguales ante la ley. A este respecto Rousseau señala expli-
cando el sentido de la voluntad general:
“En tanto que muchos hombres reunidos se consideran como un
solo cuerpo, no tienen más que una voluntad, que se reere a la co-
mún conservación y al bienestar general. Entonces todos los resortes
del Estado son vigorosos y sencillos; sus máximas, claras y lumino-
sas; no tienen intereses embrollados, contradictorios; el bien común
se muestra por todas las partes con evidencia, y no exige sino buen
sentido para ser percibido” (2006: 129).
De esta idea se desprenden varias cuestiones importantes para la debi-
da comprensión de este concepto; por un lado, el autor tiene una concep-
ción idílica y hasta bucólica del contrato social y su expresión más genui-
na, la voluntad general. Parte de la premisa de que el orden sociopolítico
no es impuesto por factores hegemónicos, sino concertado por individuos
conscientes, interesados por el bien común y el bienestar general, situa-
ción que los constituye en una suerte de demoestructura: “Un solo cuerpo
que no tiene más que una voluntad.” Por otro, entiende la posibilidad de
la ruptura, en un momento determinado, de la unanimidad que antepone
el interés general al particular, por motivos mezquinos de usurpación del
poder público por parte de tiranos o facciones que “dicen representar” el
sentir de la voluntad general.
“En n: cuando el Estado, próximo a su ruina, no subsiste sino por
una formula ilusoria y vana; cuando el vínculo social se ha roto en
todos los corazones; cuando el más vil interés se ampara descarada-
mente en el nombre sagrado del bien público, entonces la voluntad
general enmudece: todos, guiados por motivos secretos, no opinan
ya como ciudadanos, como si el Estado no hubiera existido jamás, y
se hacen pasar falsamente por leyes decretos inicuos, que no tienen
por n más que el interés particular” (2006: 130).
Por estas situaciones de anulación de la ciudadanía, debilidad institu-
cional del poder político, y su distorsión al servicio del “más vil interés,”
31LEONARDO CALVANO CABEZAS
que deviene históricamente en el monopolio de los bienes de valor de una
sociedad determinada por parte de una elite de espaldas al bien común, es
que irrumpe la necesidad imperiosa de revocar o “deconstruir” el contrato
social existente y sustituirlo por otro que retome su origen ético y axioló-
gico primario, cuyo propósito radica en el crear las condiciones necesarias
para el desarrollo de las capacidades centrales de todas las personas.
Legitimidad
Existen múltiples conceptos de legitimidad, no obstante, casi todos
aluden a la capacidad de un sistema político en general y sus guras de
autoridad en particular, de crear aceptación en la sociedad de sus decisio-
nes políticas y procedimientos mediante la justicación legal, racional y
de conveniencia de las mismas sin llegar a usar la coerción y/o la violencia
para ello. Para Vallès (2000) la legitimidad trasciende a la legalidad:
“Cuando la ley reeja adecuadamente el predominio del sistema
dominante de valores sociales tiende a darse una coincidencia entre
legalidad y legitimidad. Pero si la ley no se acomoda a la evolución
de estos valores sociales, una decisión o una propuesta legal pueden
ser percibidas como no legitimas. O incluso como maniestamente
injustas” (2000: 43).
Por las razones aludidas, se inere que todo gobierno requiere de unos
niveles mínimos de legitimidad que le permita ser percibido en la socie-
dad como justo y condicionado al interés general, de lo contrario corre el
riesgo de ser sustituido por otro con mayor aceptación social y acorde a la
idea de justicia predominante en su tiempo y espacio particular.
Por otra parte, existen dos dimensiones concretas o tipos de legitimi-
dad, a saber: a) legitimidad de origen, que la alcanza una clase dominante
y su liderazgo político cuando su proceso de ocupación de los espacios de
poder público se da, de conformidad con las pautas y procedimientos que
establece la ley, tales como: ganar limpiamente unas elecciones y; b) legi-
timidad por desempeño, originada por la aceptación de una gestión y sus
logros a nivel de la opinión pública, bajo la premisa de que sus políticas
públicas dan respuestas concretas a los requerimientos de la comunidad
de ciudadanos electores y la sociedad en general.
32 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
Soberanía
Esta noción signica a la máxima autoridad de un sistema político se-
gún su concepción –existente en los imaginarios colectivos de una época
dada–, de quien o quienes deben ostentar el poder político legítimamen-
te. En la Edad Media, cronología válida únicamente para las sociedades
euro-occidentales, la soberanía residía en el Monarca, llamado también
soberano. A raíz de la Revolución francesa y su ideología liberal-ilustrada
la soberanía seria ahora un atributo exclusivo de la nación que actualmen-
te es la depositaria de la máxima autoridad política. En tal sentido, uin-
tero (2008: 113) interpretando a Bidart señala:
“La soberanía es la cualidad de aquel poder que para organizarse ju-
rídicamente no reconoce, dentro del ámbito de relaciones que rigen,
otro poder superior de cuya normación positiva deriva lógicamente
su propia validez normativa. De acuerdo a este concepto cuando
una sociedad se provee de una organización sin sujeción a otro po-
der entonces ese poder de organización original es soberano.”
En una democracia sustantiva la soberanía es la expresión y atributo
diferencial de la sociedad civil organizada y dispuesta a participar activa-
mente en los asuntos de interés político que le afectan. Cuando la sobera-
nía nacional no trasciende el plano discursivo de las elites en el ejercicio
del poder, estamos ante una situación de supresión de la misma por parte
de un sistema autoritario, que no responde a la voluntad general.
Soberanía del individuo
Desde nuestra concepción losóca crítica y liberadora, esta modali-
dad de soberanía implica la capacidad de la persona humana de desarrollar
un proyecto de vida autónomo, en razón de sus intereses, capacidades y
aspiraciones, de cara al desarrollo integral de su vida, sin interferencias ni
imposiciones. La soberanía individual, que involucra el reconocimiento
de que se es dueño y señor de la vida propia, está directamente vincula-
da al ejercicio cotidiano de la libertad, en tanto que necesidad de elegir
entre varias opciones y asumir las consecuencias de nuestras decisiones;
por ello, su materialización requiere del desarrollo de la consciencia del
individuo de cuál es su rol histórico dentro del proceso continuo de cons-
trucción de la realidad que le da sentido a su existencia como ser gregario.
33LEONARDO CALVANO CABEZAS
Por esta razón, todo contrato social debe dotar a los contratantes de las
herramientas y condiciones para el ejercicio pleno y responsable de la so-
beranía individual, como constructo primario de la soberanía nacional.
Por otra parte, la soberanía individual está asociada a la necesidad de las
personas lúcidas y, colectivos sociales, de crear y recrear espacios de demo-
cratización que permitan el fortalecimiento de las libertades individuales
para que estimulen, al mismo tiempo, el desarrollo del pensamiento crítico
y creador como preámbulo de la acción transformadora. En tal sentido, De
Prada reexiona sobre el accionar histórico de los individuos soberanos:
“En efecto, se reivindica una democracia verdadera, auténtica no sólo
en cuanto formalmente establecida sino también en cuanto respetuo-
sa materialmente con los principios democráticos básicos y con un
ámbito de aplicación global/local y asimismo se reivindica una demo-
cracia real en cuanto que el sujeto político básico ya no sería el mero
individuo soberano que delega en otros su acción política sino, quizás,
un individuo rey… que asegure, incluso desde la propia casa, la armo-
nía del todo global/local en el que está incluido” (2015: 178).
En síntesis, el individuo soberano se dene por su actitud proactiva
ante las realidades políticas y sociales que lo enmarcan. Ontológicamente
hablando, es un ser caracterizado por su conciencia histórica y política de
cara a la acción reivindicativa de la democracia como espacio simbólico de
libertad y equidad, desde la cual se congura toda experiencia de ciudada-
nía activa y liderazgo político transformador.
Ciudadanía
Este concepto es otro elemento clave dentro del pensamiento político
moderno. El ciudadano que emerge al calor de las revoluciones políticas
del siglo de las luces, mencionadas con anterioridad, viene a superar al va-
sallo, ente pasivo sometido a la voluntad absoluta del monarca-soberano.
En los Estados liberales el ciudadano es un actor social y sujeto político
poseedor de derechos y deberes consagrados por la ley, tales como: dere-
cho a la vida, a la libertad y a la propiedad, entre otros, que son propios
de su condición humana –sin ninguna restricción étnica, de género, con-
dición socioeconómica, religión o edad–, que el Estado reconoce y debe
34 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
resguardar para su goce y disfrute efectivo por parte de todas las personas.
Desde esta perspectiva propia del derecho natural, la ciudanía y todo lo
que ella representa, no es una concesión del Estado sino el atributo políti-
co de la dignidad humana; en tal sentido, el contrato social de la moder-
nidad es concebido como una relación entre hombres libres, conscientes e
iguales que quieren mejoran continuamente su situación existencial, indi-
vidual y colectiva, a través de una relación inter-ciudadana que tiene como
punto nodal al Estado de Derecho.
Lamentablemente la ciudadanía está circunscrita a los limites espa-
ciales de un Estado nación que solo reconoce esta condición plena a sus
“nacionales”, quedando relegados a una suerte de ciudadanía de segunda
o no-ciudadanía los miles de extranjeros que hacen vida en él; pensemos
por ejemplo en todas las comunidades de emigrantes que viven en los lla-
mados países del primer mundo. De ahí que:
“La democracia se ha pensado siempre dentro del contorno territo-
rial de un Estado-nación. La modernidad ha constituido unas no-
ciones de espacio y de tiempo especícas en este periodo, que se re-
eren precisamente al tiempo y al espacio del Estado-nación, y esto
se aplica por igual a los conceptos de ciudadanía y democracia”
(Olvera, 2008: 19) (negrita añadida).
Esta situación muestra algunas de las contradicciones del discurso de la
modernidad política en la realidad concreta, que más allá de su proclama
de igualdad, libertad y “fraternidad” entre todas las naciones que confor-
ma la gran familia humana, nunca trascendió a una ciudadanía de reco-
nocimiento universal que igualara en deberes, derechos y oportunidades
a todas las personas más allá de los limites espacios-temporales impuestos
por el Estado nación.
Modernidad política
La historiografía de mayor divulgación a convenido en denir la mo-
dernidad política como un periodo histórico propio de algunas socie-
dades euro-occidentales: Inglaterra, Suiza, Alemania y Francia y España
,entre otras, donde las elites intelectuales inuenciadas por los postula-
dos del pensamiento liberal-ilustrado, logran –mediante reexión, debate
35LEONARDO CALVANO CABEZAS
y publicación de textos7–, cuestionar los fundamentos simbólicos y ar-
gumentativos de la sociedad de antiguo régimen basada en la tradición
religiosa y su ordenamiento político cuya máxima expresión estaba en el
absolutismo monárquico y el derecho divino. Los ilustrados se entienden
como los promotores de la necesidad de la razón, en tanto que opuesta a
la tradición y el dogma. Del mismo modo, Dussel (2001: 350) expresa:
“La modernidad es una emancipación, “una salida” de la inmadurez por
un esfuerzo de la razón como proceso crítico, que abre a la humanidad a
un nuevo desarrollo del ser humano.”
No obstante, a este concepto citado, Dussel (2001) propone una lec-
tura alternativa de la modernidad que tiene, según él, su punto focal en
España ya que es aquí donde se articulan por vez primera los determinan-
tes fundamentales de la modernidad, que son: Estado nacional, ejercito,
economía mundial y losofía secular. Para los nes concretos de esta in-
vestigación, importó un acercamiento a los postulados del pensamiento
moderno que invitan a revisar críticamente las ideas, bases y argumentos
que sustenta al orden establecido en tanto que totalidad histórica mul-
ti-sistémica y no lineal, para elaborar una propuesta alternativa de contra-
to social, que signica per se una contribución –en términos de alternati-
vas de mejoras a su condición existencial–, de las personas, colectividades
y sectores históricamente oprimidos, marginados y excluidos de la diná-
mica de “evolución, progreso y desarrollo” promovidas por la modernidad
para superar las limitaciones y desafíos de la humanidad en el marco de la
razón ilustrada.
Justicia social
El n último de todo sistema político congurado por el contrato so-
cial moderno, debe ser el empoderamiento de la ciudadanía de las diversas
herramientas para el logro de la justicia social, asumida como desarrollo
social de cara al bien común, en el cual, los ciudadanos más vulnerables en
particular y la sociedad en general, pueden disfrutar de igualdad de acceso
7 Son actividades propias de la “inteligencia moderna” la producciones y difusión de discursos,
proclamas, cartas, pasquines, libros, panfletos y manifiestos, que sirven de vehículo divulgativo
de las ideas novedosas, que emergen la mayoría de las veces en reuniones sociales y cafés ubi-
cados en las principales capitales de Europa y América en el siglo de las luces. La modernidad
transforma el espacio público en palestra de y para el debate político.
36 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
a bienes y servicios básicos para la vida e, igualdad de oportunidades en la
dinámica “meritocrática” de ascenso social, que debe prevalecer en toda
sociedad realmente democrática. En perspectiva integradora, el logro de
la justicia social implica; por un lado, la responsabilidad del Estado para
crear mediante políticas públicas concertadas, las condiciones efectivas
para el goce y disfrute por parte de la persona humana de sus derechos
fundamentales; y, por otro, la producción de una realidad material en la
cual se minimicen radicalmente las asimetrías sociales y las relaciones asi-
métricas de poder que relegan a amplias capas de la población a una vida
de pobreza y miseria que destruye, al mismo tiempo, la posibilidad del
ejercicio pleno de los derechos políticos y libertades civiles proclamados
por todas las grandes revoluciones liberales de las últimas tres centurias.
En este orden de ideas, la justicia social está asociada al logro de una
“democracia de resultados” en la cual los derechos económicos, sociales y
culturales no sean una mera cción presente únicamente en el discurso de
elites políticas y académicas. La carta social de las Américas (2012: 01) se-
ñala los principios básicos de toda política encamina al logro de la justicia
social por parte de todos los Estados del hemisferio:
“…inspirados en los principios de solidaridad y cooperación intera-
mericana, se han comprometido a adoptar y ejecutar acciones para
erradicar el hambre y el analfabetismo, ofrecer educación de calidad,
ampliar el acceso a los servicios de salud y a los servicios públicos,
fortalecer la cohesión e inclusión social, eliminar la discriminación,
crear oportunidades de trabajo decente y digno, promover la distri-
bución equitativa del ingreso, fomentar la plena participación de los
pueblos en las decisiones relativas a su propio desarrollo y promover
y proteger los derechos humanos.”
Constitución política
En los Estados modernos congurados a partir de los referentes idio-
lógicos de la ilustracion, bajo las premisas de: “...Locke –tolerancia, de-
rechos naturales, gobierno representatito-, Montesquieu –division de
poderes–, Rousseau –ley como expresion de la voluntad general– o Kant
–el derecho como garantía de la libertad y el Estado como garantia del de-
recho–” (Vallès, 2000: 93). La constitucion politica es la ley fundamental
37LEONARDO CALVANO CABEZAS
del Estado y el marco regulatorio del sistema politico, como expresion
legitima del contrato social.
Por su parte, Ossorio (s/f) denine la constitucion desde dos perpes-
pectivas distintivas del concepto. En primer lugar, la constitucion como
forma o sistema de gobierno que tiene cada Estado en razon de su esencia
particular y, segundo, ley fundamental de la que emanan las otras leyes
armonicamente. Más especicamente señala:
“La segunda acepcion es la de ley o conjunto de reglas fundamen-
tales que rigen la organizacion de un Estado, y que tienen que ser
establecidas por la nación misma... dichas leyes o normas fundamen-
tales tienen por nalidad jar y limitar las facultades que el pueblo
impone a los gobernantes que elige” (s/f: 159).
La constitución como cuerpo normativo marco, busca entonces ga-
rantizar los niveles óptimos de gobernabilidad y gobernanza política que
requiere toda sociedad democrática para su prolongación en el tiempo
como un bloque histórico cohesionado, capaz de gestionar sus conictos
internos y externos. Dentro de ella se proveen todos los mecanismos ins-
titucionales con los que cuenta la ciudadanía para protegerse de los po-
sibles abusos del poder del Estado, cuando una clase política dominante
distorsiona el pacto social de justicia y convivencia y actúa, desde el poder,
arbitrariamente.
Aunque, como ya se explicó, el contrato social se materializa en la
constitucionalidad y, de ahí la necesidad del estudio crítico de las cons-
tituciones colombianas del período republicano, el mismo trasciende sus
límites textuales y contextuales, porque se origina en las representaciones
sociales e imaginarios políticos colectivos que construye la “nación imagi-
nada” en su movimiento histórico y se expresa en variadas manifestaciones
y modalidades concretas en lo simbólico y material, tales como: la cultura
política, los discursos, prácticas y rituales de los liderazgos políticos y gru-
pos de poder, la opinión pública y las ideas y conceptos, opiniones, iden-
tidades y cosmovisión, que las personas construyen sobre la política y lo
político de forma intersubjetiva, elementos todos susceptibles al estudio
hermenéutico y fenomenológico de la realidad.
38 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
Autodeterminación de los pueblos
Intimamente vinculado a las nociones precedentes de soberanía, vo-
luntad general y soberanía del individuo respectivamente, emerge el con-
cepto de autodeterminación de los pueblos –que posee rango de derecho
fundamental, tal como lo muestra el Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos de 1976–, que expresa en su primer artículo: “Todos
los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este
derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo
a su desarrollo económico, social y cultural.”
Del mismo modo, la autodeterminación nos remite a la potestad que
tiene una nación particular, en cuanto y en tanto que soberana y eman-
cipada, de dotarse, de conformidad con su voluntad general, del sistema
político, económico y social que mejor se adapta a sus características his-
tóricas particulares y a su proyecto nacional, es decir, de formular su pro-
pio contrato social sin la imposición de ningún modelo o parámetro por
parte de los poderes imperiales del mundo. Sobre el signicado político y
losóco de este derecho colectivo, Payero (2014) reexiona al respecto:
“…el derecho de autodeterminación encuentra su fundamento en los
principios democrático, liberal y nacionalista. Por lo que se reere al
primero, el concepto de autonomía presenta dos dimensiones, indivi-
dual y colectiva, mutuamente implicadas: para que los individuos sean
autónomos han de aprender este rasgo de su sociedad, y no puede exis-
tir sociedad autónoma sin individuos del mismo tipo” (2014: 475).
Por estas razones, la autodeterminación representa la garantía de in-
dependencia por parte de Estados-nacionales que asumen su autonomía
como la mejor herramienta en la construcción de su propia realidad –claro
está vinculada a la cooperación internacional–, en el marco de un contrato
social de justicia de cara al desarrollo integral de las personas y los pueblos
en los que estas se sitúan y perlan sus identidades locales, regionales y na-
cionales desde las cuales le dan sentido ontológico a su existencia; por ello,
la autodeterminación implica no solo un derecho positivo sino también
una cultura política opuesta a los nexos coloniales e injerencistas propios
del colonialismo y neocolonialismo en todas sus expresiones históricas.
39LEONARDO CALVANO CABEZAS
REFERENTES METODOLÓGICOS
Nuestra opción estuvo en apuntalar una metodología de la investiga-
ción híbrida en la que se articulan distintas pero vinculadas herramientas
metódicas en el marco de la nueva racionalidad cientíca. Se parte del
supuesto de que la naturaleza propia del tema abordado demanda la utili-
zación de ciertas herramientas teóricas y metodológicas particulares, que
se adaptan a su especicidad. De esta manera, después de una minuciosa
lectura de la literatura de mayor divulgación en el ámbito del paradigma
cualitativo, se apostó por el enfoque ideacional, el análisis crítico del dis-
curso político y la investigación documental como técnica para el procesa-
miento de los repositorios documentales a nuestra disposición.
ENFOQUE IDEACIONAL
Vinculado a la tradición propia de la historiografía contemporánea
denominada: historia de las ideas políticas, historia de las mentalidades
o más actualmente historia de los imaginarios políticos y las representa-
ciones sociales, así como a los estudios de política comparada, surge en la
década de los ochenta del siglo pasado, en el seno de la ciencia política, el
llamado enfoque ideacional, que privilegia en su análisis la relevancia de
las ideas en particular y las ideologías políticas en general, en la construc-
ción de las realidades políticas que nos ocupan. Desde las coordenadas de
este enfoque, se inere que son las ideas conceptualizadas y socializadas
por los actores sociales y sujetos políticos, desde su cosmovisión particular
y sus intereses de poder, las que en buena medida explican los entramados
relacionales de poder que estos desarrollan en su devenir histórico.
De acuerdo con Losada y Casas (2008), el enfoque ideacional se ocupa
en interpretar y mostrar el rol de primer orden que desempeñan las ideas
–en sus múltiples expresiones y facetas–, en los procesos políticos:
“Así, pues, el gran reto que tiene el enfoque ideacional consiste en de-
mostrar que la explicación de las decisiones, conductas y procesos po-
líticos, por lo menos de algunos de ellos, quedan incompletas si no se
toman en consideración las ideas, y entre ellas las ideologías políticas,
que se agitan en la mente de las personas involucradas” (2008: 129).
40 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
No debe confundirse el enfoque referido con las “losofías idealistas”
que determinan la existencia del mundo real a ser un reejo de ciertas
ideas trascendentales, tales como el platonismo o el solipsismo. Además,
el enfoque ideacional entiende que las ideas son el motor de los discursos
políticos que orientan la acción y que, toda acción, o conducta política,
individual o colectiva, es posibilitada por una idea vinculada, a su vez, aun
sistema de creencias tomado como ideología, que determina un modelo
interpretativo de la realidad mediante referentes claros sobre: lo bueno y
lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo justo y los injusto, lo ético y lo esté-
tico en la escena pública y privada de los mundos de vida.
ANÁLISIS CRÍTICO DEL DISCURSO POLÍTICO
Dentro de las vertientes interpretativas el análisis del discurso político
ofrece un conjunto de posibilidades –heurísticas y hermenéuticas– útiles
para el desarrollo de los objetivos de esta investigación. Básicamente encajó
aquí el estudio de los sistemas semióticos que condicionan la comunicación
política, oral y escrita, y que concluyen por determinar lo que los actores de
poder dicen (discurso político propiamente dicho), cómo lo dicen (estilo de
comunicación) y cuándo lo dicen (momento político del discurso).
El análisis del discurso y sus distintas facetas y modalidades se ha veni-
do desarrollando como una metodología interdisciplinaria, que si bien es
cierto se origina en los dominios de la lingüística, la pragmática y la lo-
sofía del lenguaje respectivamente, ha desbordado los límites de estas dis-
ciplinas para convertirse en un patrimonio compartido de todos los cien-
tícos sociales interesados en develar los mecanismos del lenguaje como
espacio simbólico, por excelencia, en el que se enuncian las representa-
ciones sociales y los nodos de la red semántica. Para Vasilachis (1998), la
investigación desarrollada en el marco de esta metodología:
“En primer lugar, requiere una teorización acerca del modo en que las es-
tructuras y los grupos sociales, las relaciones de poder y las coacciones or-
ganizacionales dan forma al discurso y, al propio tiempo, son conguradas
por este. En segundo lugar, es capaz de mostrar como la dominación y la
desigualdad son representadas, constituidas y reproducidas por las diver-
sas que asumen los textos orales y escritos en la sociedad” (1998: 15-16).
41LEONARDO CALVANO CABEZAS
De tal forma, el análisis del discurso sirvió en nuestro caso especíco como
una metodología capaz de descifrar los códigos, argumentos y paradigmas
que componen la formación discursiva desde la que se construye el contrato
social imperante en Colombia. Sin embargo, nuestro propósito implicó no
solo comprender la impronta que tiene el contrato social como formación
discursiva en el imaginario político nacional, sino, además, denunciar los
dispositivos de control y opresión sociopolítica que existen en el mismo, de
conformidad con los postulados del macromolde crítico. Por lo demás:
“El análisis crítico del discurso… toma una posición explicita a favor
de los grupos dominados, y ofrece instrumentos analíticos para de-
nunciar, exponer y criticar el discurso de la elite y su poder persua-
sivo en la construcción del consenso y de la hegemonía ideológica.
Por ende, aspira a contribuir a las condiciones de resistencia social
y política contra las a menudo sutiles formas de dominación en las
sociedades contemporánea” (Vasilachis, 1998: 16).
En este hilo conductor, se asumió una doble responsabilidad cientí-
ca y social en la elaboración de esta obra: primero, develar los factores y
constructos presentes en el contrato social existente en Colombia que no
responden al interés general de la nación y, muy especialmente, a los inte-
reses de los sectores históricamente marginados, relegados y explotados y;
segundo, construir los lineamientos generales de una propuesta de contra-
to social que signique una mejora sustancial en términos de calidad de
vida para los sectores que viven en emergencia social en particular y, la so-
ciedad en su conjunto, de cara al goce efectivo de los Derechos Humanos,
como garantía primaria de la Dignidad Humana. De esta manera, queda
claro que el análisis crítico del discurso político se constituye en una me-
todología militante que no se conforma con contemplar la realidad.
TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL
En líneas generales, el arqueo de fuentes realizado evidenció –como es
de suponer– que la mayoría de la información disponible sobre nuestro
ámbito temático es de tipo documental escrito. Por tanto, la técnica de in-
vestigación documental proporcionó las pautas y criterios para los procesos
de relevamiento, organización, chaje y categorización de la documenta-
42 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
ción ubicada en bibliotecas y centros de información, públicas y privadas,
de Colombia y Venezuela, así como de los materiales recabados en la web.
Se debe aclarar que esta técnica o método, dependiendo como se utilice, no
se agota en el manejo exclusivo de fuentes documentales escritas:
“La Investigación Documental trabaja principalmente con dos tipos
de fuentes: Directas e Indirectas. Estas fuentes proporcionan informa-
ción relativa al origen y cercanía con el hecho social trabajado. En la
generalidad la denición de la Investigación Documental se restringe
a la búsqueda de documentos, es decir, búsqueda bibliográca, pero
se debe aclarar que, a la hora de llevar a cabo una investigación, los
documentos no son las únicas fuentes para construir conocimiento.
La investigación Documental tiene un cuerpo de acción más amplio
debido en principio, por la diversidad que existe entre fuentes directas
e indirectas. En ese sentido se consideran otros tipos de fuentes que,
para el caso de la Investigación Documental, proporcionan la mayor
cantidad de información en la construcción de conocimiento: las
Fuentes Orales y Fuentes no convencionales” (Plazas, 2011: s/p).
Como se sabe, las investigaciones enmarcadas en esta metódica par-
ten de la premisa de la relevancia que posee la documentación escrita en
la construcción y comprensión de la realidad social y política, cuestión
mucho más patente en el imaginario histórico de la civilización euro-oc-
cidental donde se privilegia la documentación escrita sobre la oralidad,
esta última asociada a la dinámica de socialización de la información en
sociedades ágrafas, donde se desconoce el uso de la escritura.
La circunstancia propia del Contrato Social arreglado por elites po-
líticas e intelectuales sumamente hábiles en el arte de la escritura, bajo la
orientación del pensamiento jurídico y losóco nos llevó a concentrar-
nos en la documentación que, directa o indirectamente, de cuenta de los
tópicos y “unidades de sentido” propias de este trabajo.
CAPÍTULO II: LA MODERNIDAD Y SU MODELO DE
SOCIEDAD: MIRADAS Y SIGNIFICADOS
EXORDIO
Como es bien sabido, del programa losóco de la modernidad y de
su proyecto político-ideológico particular, emerge un modelo de socie-
dad caracterizado, entre otras cosas, por el reconocimiento del individuo,
asumido como factor protagónico en la construcción de la realidad en sus
variadas dimensiones: políticas, económicas, sociales y culturales; pero
no cualquier individuo, sino el individuo-ciudadano poseedor de un con-
junto de derechos y deberes (Derechos Naturales o Derechos del Hom-
bre según la narrativa dieciochesca) que lo perlan como un Ser-racional
capaz de superar –individual y colectivamente– los diferentes obstáculos
materiales y simbólicos como: la tradición opresiva, los dogmas religiosos,
la ignorancia y la pobreza, entre otros, que impiden o dicultad el desa-
rrollo integral de las potencialidades de la persona humana, situada en su
entorno natural y cultural. Al decir de Rodríguez (2009: s/p):
“La modernidad es la posibilidad política reexiva de cambiar las
reglas del juego de la vida social. La modernidad es también el con-
junto de las condiciones históricas materiales que permiten pensar
la emancipación conjunta de las tradiciones, las doctrinas o las ideo-
logías heredadas, y no problematizadas por una cultura tradicional.”
La conanza en la noción de razón por parte de los lósofos modernos,
en su versión iluminista, que en la dimensión ontológica signicaba el ele-
mento denitorio de la condición humana en stricto sensu, básicamente la
convirtió en el sujeto-objeto protagónico de la historia mundial, tal como
posteriormente haría el marxismo con el proletariado. De esta manera, la
clave del progreso de la humanidad estaba en estructurar un modelo de so-
44 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
ciedad profundamente racional en sus fundamentos, que lograra superar
denitivamente las contradicciones del oscurantismo8 político e ideológi-
co propio del Medioevo europeo, al tiempo que generara las condiciones
de posibilidad para llevar a la humanidad a una fase cualitativamente su-
perior de su existencia colectiva. Por estas razones, este capítulo interpre-
ta los signicados políticos, ideológicos, epistemológicos y losócos del
modelo de sociedad surgido al calor de la modernidad política.
Particularmente, interesó comprender la inuencia concreta que el
programa losóco de la modernidad tuvo en la arquitectónica de las so-
ciedades surgidas al calor de las grandes revoluciones losócas, políticas
y económicas del siglo XVIII y XIX en la civilización euro-occidental,
de la cual Latinoamérica9 forma parte, por dos razones concretas, a saber:
1) indiscutiblemente fue el pensamiento liberal ilustrado el que sirvió de
justicación para el desarrollo de los procesos de ruptura con los nexos co-
loniales en los “países del sur” y; 2) asimismo, fue la ideología liberal-ilus-
trada la que dotó de legitimidad y contenido a los sistemas políticos repu-
blicanos de los emergentes Estados nacionales, que Bolívar denió como
“la América meridional” en su célebre Carta de Jamaica de 181510. Por
8 En la actualidad algunos estudios del Medioevo contravienen la concepción tradicional que lo
caracteriza como una época de atraso y calamidad (oscurantismo). Para una revisión alternativa
de este periodo recomendamos consultar: Hernández, Jesús (2008). La política en el Medioevo.
Maracaibo (Venezuela), UNICA..
9 Para Huntington (2004), América Latina es una civilización que existe por derecho propio y
aunque es “hija” de occidente posee rasgos diferenciales en lo histórico, político y cultural; por
lo que afirma: “subjetivamente, los mismos latinoamericanos están divididos a la hora de iden-
tificarse a sí mismos. Unos dicen: “Si somos parte de occidente”. Otros afirman: “no, tenemos
una cultura propia y única”; y un vasto material bibliográfico producido por latinoamericanos y
norteamericanos expone detalladamente sus diferencias culturales” (2004: 39). Para nosotros,
Latinoamérica debe ser considerada como un núcleo histórico que más allá de sus particula-
ridades simbólicas e identitarias, pertenece a la civilización occidental, específicamente puede
ser considerada como la periferia del “occidente hegemónico”, y esto es así porque la cultura
dominante que marca la pauta históricamente en la arquitectónica de las sociedades latinoame-
ricanas y sus sistemas políticos es de tipo occidental.
10 El concepto de América meridional es muy usado en la primera mitad del siglo XIX, por las perso-
nalidades que protagonizaron nuestra gesta emancipadora, tal como lo evidencia cualquier revisión
documental de los discursos, cartas y manifiestos de Bolívar y Miranda, entre otros; de hecho, la
famosa Carta de Jamaica de 1815, originalmente se intitula: “Contestaciones de un “americano
meridional” a un caballero de esta isla”. Al parecer de Villasmil y Chirinos (2011: 50): “Para la
segunda mitad del siglo de las luces, la noción América, hace puntal énfasis, a nivel del imaginario
intelectual de algunos pensadores del sur y norte del continente, en las connotaciones de diferen-
45LEONARDO CALVANO CABEZAS
ello esta corriente del pensamiento está profundamente imbricada a los
cimientos originarios de nuestras “sociedades modernas.”
PROGRAMA FILOSÓFICO DE LA MODERNIDAD
El concepto de modernidad política admite una variedad de signica-
dos, ya que sirve para denir distintas cuestiones, tales como un periodo
histórico de carácter revolucionario, desde la lógica del pensamiento li-
beral, ubicado en las postrimerías del siglo XVII y todo el siglo XVIII,
nombrado metafóricamente como “Siglo de las luces” en alusión al pre-
dominio de la razón en las mentalidades de las elites intelectuales del mo-
mento; así como también, un tiempo en la historia de las ideas políticas
y losócas de occidente distinguido por la hegemonía del pensamiento
liberal-ilustrado y adjudicado como “espíritu de la época” al decir de Han-
nah Arendt (2004).
De cualquier manera, para los efectos de este apartado, por modernidad
política se quiere destacar las transformaciones ideológicas sucedidas en los
imaginarios políticos de las elites de la época, con profundas repercusiones en
la esfera de las representaciones sociales, que terminarían por erosionar las pre-
misas constitutivas de la sociedad de antiguo régimen y su orden estamental
de carácter excluyente, así como su sociabilidad política de tipo absolutista y
estático. Reexionando sobre la naturaleza de la modernidad y sus elementos
constitutivos (Habermas, 1988: 05, citado por Díaz, 2013: s/p) señala:
“El proyecto de la modernidad formulado por los lósofos del Ilu-
minismo en el siglo XVIII se basaba en el desarrollo de una ciencia
objetiva, una moral universal, una ley y un arte autónomo y regulado
por lógicas propias. Al mismo tiempo, este proyecto intentaba liberar
el potencial cognitivo de cada una de estas esferas ...deseaban emplear
esta acumulación de cultura especializada en el enriquecimiento de la
vida diaria, es decir en la organización racional de la cotidianidad”.
ciación cultural e histórica, en razón de la construcción de variadas identidades que aspiran a la
originalidad. Una muestra de ello lo constituyó el acto político sucedido en 1776, en el que las 13
colonias anglo-americanas del norte, emplean el toponímico América para definir a su propia na-
ción, en el contexto de la ruptura con el nexo colonial británico.” también señalan que el venezolano
Sebastián Francisco de Miranda fue el creador de la noción (Colombia). Este concepto era la forma
más adecuada de definir la unidad socio-cultural que se evidenciaba, a su entender, en la América
meridional como representación máxima de las identidades gestadas en el Nuevo Mundo.
46 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
Según este autor, la modernidad implica la consecución de un sistema
losóco cuyo núcleo central era la construcción paulatina de un nuevo
tipo de sociedad, más acorde con los mandatos de la “naturaleza humana”
y su afán de libertad y progreso, de ahí su impulso de una ideología laica y
secular que diera al traste con la “sinrazón” de los dispositivos de control
y dominación del pensamiento religioso oficial que fungía, por un lado,
como vigilancia mental de los colectivos sociales para impedir su rebelión
ante el sistema y, por otro, como discurso de legitimación del orden
establecido en el que se fundían, al mismo tiempo, lo político y religioso,
dispositivo de control mental que llamamos el manto religioso.
Por ello la modernidad como programa losóco, sobrepasa los do-
minios de lo especulativo y erudito y se cristaliza en un proyecto político
con productos muy concretos como: una teoría novedosa de las formas de
Estado y de gobierno que se querían implementar (Estado de derecho y
democracia), en función de los intereses de la clase emergente (la burgue-
sía); una “ciencia objetiva” de carácter materialista que formulara, por un
lado, explicaciones de base empírica y racional al funcionamiento del uni-
verso, la naturaleza y la sociedad, cuestión que nunca pudo hacer satisfac-
toriamente el pensamiento mágico-religioso y; por el otro, que impulsara
desarrollos tecnológicos al servicio de la economía capitalista, tal como la
imprenta y la máquina de vapor; por último, una moral universal al servi-
cio de una concepción particular del hombre y su dignidad inherente, que
más de dos siglos después se materializaría en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de 1948.
De modo similar, el programa losóco de la modernidad necesitaba
instrumentalizar su idea de la condición humana en la dimensión moral
e intelectual, para fraguar un individuo liberado de los dogmas de fe que
lo relegan en lo cotidiano a ser una suerte de marioneta de los designios
divinos (providencia), interpretados por los estamentos en el ejercicio del
poder, al tiempo que potenciara al máximo su capacidad crítica y creativa
para lo cual la losofía moderna ocuparía el sitial que históricamente ocu-
paba la religión católica o protestante según fuera el caso, con la diferencia
de estar comprometida con la educación y liberación total del hombre y
su bienestar.
47LEONARDO CALVANO CABEZAS
“La modernidad deviene así, en un fenómeno regido por una racio-
nalización y un proceso de secularización de la vida cotidiana, emer-
giendo formas racionales de explicación que se superponen al papel
de la religión en la sociedad, reduciendo esta última a lo estrictamen-
te privado. En este sentido, Habermas entrega una especial atención
al conocimiento teórico-losóco como fundamento para la trans-
formación de la sociedad, ya que para el autor es en el mundo de
la vida donde se produce la conciencia colectiva” (Díaz, 2013: s/p).
El afán en la promoción de la razón en su versión iluminista por parte de
los modernos respondía al hecho cierto de la “necesidad civilizacional” de
descollar los efectos de la intolerancia acumulada por siglos de supremacía
del pensamiento religioso que, al decir de Votaire (2007), había transforma-
do a la mayoría de los cristianos en una suerte de verdugos, tal como lo de-
mostraban las torturas y las persecuciones generadas por el tribunal inquisi-
dor y las guerras religiosas, todo en detrimento de los Derechos del Hombre:
“Lo digo con horror, pero con franqueza: ¡somos nosotros, cristianos,
los que hemos sido persecutores, verdugos y asesinos! ¿Y de quién? De
nuestros hermanos. Somos nosotros los que hemos destruido cien ciu-
dades, con el crucijo o la biblia en la mano, y los que no hemos dejado
de derramar la sangre y encender hogueras…” (Voltaire, 2007: 111).
Al parecer de los ilustrados, la religión y su consecuente dogmatismo
era entonces la causa primaria de la mayoría de los males de la sociedad de
la época, ya que se traducía en conductas de fanatismo e intolerancia gene-
ralizada que subsumía a la humanidad toda en una dinámica de violencia
y atraso. Ante esta “realidad oscura,” la única alternativa era el predominio
de la razón, lo que implicaba el resurgir de la tolerancia y el respeto como
base de las relaciones humanas y de un nuevo orden social de tipo plural
y secular, que serviría de base para el posterior desarrollo del pensamiento
democrático.
Por su parte, Ferrater (2004) del mismo modo destaca la centralidad
de la razón en el andamiaje del pensamiento político moderno. A su en-
tender, la esencia de la ilustración esta en: “…su optimismo en el poder de
la razón y en la posibilidad de reorganizar a fondo la sociedad a base de
principios racionales” (2004: 1761).
48 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
Para los lósofos ilustrados y los sujetos políticos simpatizantes de sus
ideas, era claro que, si la ciencia de la naturaleza podía develar los mis-
terios de la vida en todas sus manifestaciones, una losofía empirista y
racionalista podría, a su vez, descifrar las incógnitas concernientes al lo-
gro del progreso continuo e ilimitado de las sociedades humanas, no solo
desde la perspectiva metafísica, sino en lo político, económico y social, es
decir, en lo material concreto. De esta manera, el pensamiento ilustrado
se constituía como un espacio cognitivo, para la síntesis y aplicación de
lo mejor de la epistemología de la época. Por ello Ferrater expresa lucida-
mente: “Procedente directamente del racionalismo del siglo XVII y del
auge alcanzado por la ciencia de la Naturaleza, la época de la ilustración
ve en el conocimiento de la naturaleza y en su dominio efectivo la tarea
fundamental del hombre” (2004: 1761-1762).
Al parecer del autor en referencia (Ferrater, 2004), la ilustración abo-
gaba por un anti-historicismo en la cual la realidad pasada solo era útil
para revisar críticamente el conjunto de errores explicables por el insu-
ciente poder de la razón, en el manejo de los asuntos de interés público.
Por ello, la concepción del mundo liberal-ilustrada, asume una postura
“materialista,” tal como posteriormente lo harían el marxismo, positivis-
mo y evolucionismo, profundamente crítica de las “verdades tradicionales
y sus falacias de autoridad”
“Por esta actitud crítica, la Ilustración no sostiene un optimismo me-
tafísico, sino, como precisa Voltaire frente a Leibniz, un optimismo
basado única y exclusivamente en el advenimiento de la conciencia
que la humanidad puede tener de sí misma y sus propios aciertos y
torpezas. Fundada en esta idea capital, la losofía de la Ilustración
persigue en todas partes la posibilidad de realizar semejante deside-
rátum” (Ferrater, 2004: 1762).
La razón crítica de los ilustrados era la punta de lanza para el quiebre
de un orden social feudal y un sistema político, el absolutismo monárqui-
co, que, por causa de su agotamiento, ya no sirve a los intereses de progre-
so material y espiritual de la humanidad. Y, es precisamente con la inten-
ción de trascender ese odioso orden social basado en la supremacía de la
aristocracia y el clero, que los modernos diseñan un programa losóco
49LEONARDO CALVANO CABEZAS
con profundas implicaciones políticas, ya que tenían plena conciencia, de
que era en la dimensión política de la vida, donde se pondrían redimen-
sionar las relaciones asimétricas de poder y plantear nuevos esquemas de
organización sociopolítica. De ahí que, Rousseau planteara su crítica en el
Contrato Social al monarquismo en los términos siguientes:
“Un defecto esencial e inevitable, que hará siempre inferior el go-
bierno monárquico al republicano, es que en este la voz pública no
eleva casi nunca a los primeros puestos sino a hombres notables y
capaces, que los llenan de prestigio; en tanto que los que llegan a
ellos en las monarquías no son las más de las veces sino enredadores,
bribonzuelos e intrigantes, a quienes la mediocridad que facilita en
las cortes el llegar a puestos preeminentes solo le sirve para mostrar
al público su inepcia, tan pronto como los han alcanzado” (2007:
101).
En el nuevo orden social que se buscaba implementar se retomaban
de alguna manera la premisa platónica del Rey lósofo, que signicaba
ahora no una aristocracia de sangre, sino el gobierno de los buenos y me-
jores según sus capacidades, competencias y habilidades de liderazgo para
el manejo de la Rēspūblica (cosa pública). En consecuencia, el programa
losóco de la modernidad estructurado en el marco del pensamiento li-
beral-ilustrado se traducía políticamente en las siguientes ideas de anclaje:
1. En lo jurídico el desarrollo del constitucionalismo como garantía de
un derecho racional, expresión superior de la voluntad general de la
ciudadanía, para regular, entre otras cuestiones, las relaciones perso-
na-ciudadano-estado bajo la lógica diferencial de los Derechos del
Hombre.
2. En lo político, estructuración del Estado de derecho (Estado liberal)
como consecuencia lógica del constitucionalismo moderno, y como
base de una nueva sociabilidad política que ya no obtenía su legitimi-
dad en el derecho divino y la monarquía, sino en soberanía popular y
el iusnaturalismo. En este contexto, es el individuo ciudadano (propie-
tario) el nuevo protagonista de la historia.
3. En lo social, se plantea la necesidad de suprimir los privilegios de las
clases dominantes y desplazarlas del ejercicio del poder, para permitir-
50 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
le a la burguesía alcanzar no solo la supremacía económica y política,
sino también, el capital simbólico necesario que conere prestigio, sta-
tus y autoridad en el nuevo entramado social que emerge al calor de las
revoluciones de la época, cuestión que la legítima y la convierte en el
nuevo “sujeto mesiánico”, al tiempo que generaría un statu quo secular.
4. En lo económico, se aboga por la promoción del capitalismo y su libre
comercio como única forma de superar el feudalismo, bajo la premisa
de que era el sistema más viable para el logro de naciones ricas y prospe-
ras que posibilitarían mayores niveles de bienestar y ascenso social, tal
como la plateaba Adam Smith (2004), en “La riqueza de las naciones.”
5. En lo ideológico, se abogaba por la socialización de la losofía liberal
y su concepción racional del mundo, como proceso necesario para la
creación de una “nueva humanidad” en la que, en teoría, ya no sería
posible la existencia de poderes arbitrarios que opriman las mentes y
vidas de las personas.
El programa losóco de la modernidad y sus manifestaciones políticas,
trascendería las fronteras temporales de su época y se convertiría en una for-
mación discursiva con alcance mundial, en tanto que espacio modulador de
un conjunto de discursos y prácticas sociales diversas; encargadas, por una
parte, de cuestionar el orden colonial y armonizar todos los factores sociales
descontentos con el mismo y, por otro, de congurar en los imaginarios co-
lectivos un nuevo paradigma de base que, según Echeverría (1998: 9):
“Se trata para cada cultura, de aquella matriz de distinciones pri-
marias a través de las cuales se dene lo que es real, la capacidad de
conocimiento de los hombres, el sentido de la existencia y las posi-
bilidades de la acción humana, los criterios de validez argumental, la
estructura de nuestra sensibilidad”
Desde la perspectiva ideacional, el advenimiento paulatino de la mo-
dernidad signicó entonces la superación de una concepción del mundo, la
medieval, caracterizada por su carácter teocéntrico y por una idea de Dios
como elemento central del mundo y como espacio en el cual las cosas ad-
quieren, forma, sentido y valor (Echeverría, 1998); de esta manera, al cues-
tionarse el imaginario medioeval, por parte de un sector político e intelec-
51LEONARDO CALVANO CABEZAS
tual de avanzada que fue adquiriendo un inusitado liderazgo, se daba paso,
al mismo tiempo, a un renovado discurso antropocéntrico que situaba al
hombre como principal responsable en la construcción de su realidad y cen-
tro de la historia, que ya no dependía de cuestiones metafísicas y teológicas,
sino, del potencial transformador de su acción consciente, desplegada en el
marco de un proyecto político racional de cara al incremento sustancial del
bienestar, en el presente histórico y no en un futuro ultraterreno.
Este sector emergente, se componía en principio de una alianza estra-
tégica internacional entre la burguesía mercantil y la intelectualidad or-
gánica liberal que entendía mejor que nadie la inviabilidad del contrato
social de antiguo régimen. Ante esto, solo quedaba la necesidad de re-
novarlo todo, bajo la convicción de que nuevas ideas impulsarían el de-
sarrollo de nuevos hombres que tendrían, de asumir su responsabilidad
histórica, impacto directo en la reestructuración de los dominios de lo
político, ideológico, epistemológico y losóco, con el propósito claro de
crear una nueva sociedad moderna y democrática, esto es, un nuevo o re-
novado contrato social post-absolutista.
CAMBIOS POLÍTICOS IMPULSADOS POR LA MODERNIDAD: CASO IBEROAMÉRICA
Las grandes revoluciones políticas sucedidas en el siglo XVIII y XIX,
entre las que destacan en orden cronológico: la emancipación de las tre-
ce colonias angloamericanas (1776); la Revolución francesa (1789) y; los
procesos independentistas de lo que hoy es Latinoamérica, son parte de
un mismo proceso de transformación interna de las sociedades occiden-
tales que la experimentaron, así como del orden internacional en su con-
junto. Todos estos eventos fueron impulsados, indefectiblemente, por la
formación discursiva de la modernidad en la que se conjugaron, de forma
diacrónica y sincrónica, las ideas de Estado liberal y democratización de
la sociedad. En este sentido, Robespierre en discurso pronunciado ante
Convención Nacional de Francia de 1794, señala la pertenecía de la de-
mocracia para el nuevo orden que se vislumbra alcanzar.
“Pero para fundar y consolidar entre nosotros la democracia, para llegar
al reinado apacible de las leyes constitucionales, es preciso terminar la
guerra de la libertad contra la tiranía y atravesar con éxito las tormentas
52 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
de la Revolución; tal es el n del sistema revolucionario que habéis or-
ganizado. Debéis aún regir vuestra conducta según las tormentosas cir-
cunstancias en que se encuentra la República, y el plan de vuestra admi-
nistración debe ser el resultado del espíritu del gobierno revolucionario
combinado con los principios generales de la democracia” (1794: s/p).
Este conspicuo personaje, enuncia la estrecha relación existente entre revo-
lución y democracia, incluso asume la primera, por lo menos discursivamente,
como el sustrato de la segunda; sin embargo, debemos resaltar que la proto-de-
mocracia dieciochesca, no es obviamente la democracia actual del siglo XXI,
y que, en el caso de la América meridional, los procesos independentistas y de
formación de los Estados nacionales de tipo republicano, no desembocaron
automáticamente en la creación de repúblicas democráticas; por el contrario,
terminaron en la mayoría de los casos, en la consecución de regímenes oligár-
quicos, tal como lo demuestra el caso de Colombia y Venezuela.
En todo caso, la emergencia de los Estados liberales clásicos en lo que
hoy es Latinoamérica creó, las condiciones de posibilidad, para ir desarro-
llando paulatinamente procesos de democratización del sistema político
y la sociedad en su conjunto, procesos que varían en ritmo y alcance de
un país a otro, y que, aun hoy, en la mayoría de las naciones del sur no ha
llegado a su plenitud deseada.
El paradigma político de la modernidad implicaba emular o repro-
ducir en las sociedades del Sur (América meridional), los experimentos
sociopolíticos impulsados por la Revolución francesa, vista ya en el siglo
XIX como excesivamente radical y por la confederación de los Estados
Unidos de Norteamérica, de ahí que se constituyera en una ideología eu-
ro-occidental-céntrica. No obstante, fue este el modelo fundacional de
nuestras repúblicas y su inuencia en todas las dimensiones de la cultura
sigue presente aun hoy, por ello, Briceño reconoce que:
“Cuando éramos colonia, éramos colonia de Europa, expansión geográ-
ca del ámbito cultural europeo. Cuando nos constituimos en repúbli-
cas lo hicimos así por razones europeas, con métodos europeos, apoya-
dos en valores europeos. Nuestros libertadores blandían espadas hechas
en Europa y pronunciaban palabras europeas portadoras de conceptos,
sentimientos, impulsos, ideales, incendios europeos” (2007: 9).
53LEONARDO CALVANO CABEZAS
De esta manera, el andamiaje institucional impulsado por los Estados
emergentes en la América meridional, trató de replicar en la medida de sus
posibilidades y situaciones particulares, las instituciones y prácticas propias
de la modernidad europea, siempre aclimatándolas en función de los inte-
reses de las elites locales (cacaos o mantuanos) y al nivel de desarrollo de su
cultura política imbricada por el catolicismo y su consecuente mentalidad
escolástica y barroca. De cualquier manera, de lo que se trató en la prime-
ra mitad del siglo XIX, fue de transitar por una modernidad selectiva que
desató en muchos aspectos una revolución mental, política y cultural pero
nunca social. “Así, …el Estado nacional moderno no destruyó las formas an-
teriores de organización política y jerarquización social, sino que las luchas
de facciones y grupos termina por moldear el propio Estado-nación y su
estructura social” (Mann, 1997: 37, citado por: González, 2014: 63).
Por lo tanto, los procesos de modernización y democratización se cons-
tituyeron, desde un primer momento, en el patrimonio exclusivo de la clase
emergente que conguraba una “república imaginaria” con una ciudadanía
restringida a unos pocos notables, relegando a los colectivos sociales (el pue-
blo) a una suerte de ciudadanía de segundo, en razón de su supuesta ineptitud.
Esta tesis explica quizá la desconanza que muchos actores fundamentales de la
emancipación manifestaban por las ideas democráticas y federativas en boga.
Un ejemplo de ello está en el célebre Discurso ante el Congreso de
Angostura de 1819, pronunciado por el General Simón Bolívar, donde
expone claramente su desconanza ante las condiciones intelectuales y
morales del pueblo para vivir en libertad y modernidad:
“La esclavitud es la hija de las tinieblas; un pueblo ignorante es un
instrumento ciego de su propia destrucción; la ambición, la intri-
ga, abusan de la credulidad y de la inexperiencia de hombres ajenos
de todo conocimiento político, económico o civil: adoptan como
realidades las que son puras ilusiones; toman la licencia por la liber-
tad, la traición por el patriotismo, la venganza por la justicia” (Bolí-
var, 2009: 124) (negritas añadidas).
Y, en el mismo discurso arma consecutivamente:
“Así, legisladores, vuestra empresa es tanto más ímproba cuanto que
tenéis que constituir a hombres pervertidos por las ilusiones del error
54 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
y por incentivos nocivos. La libertad, dice Rousseau, es un alimento
suculento, pero de difícil digestión. Nuestros débiles conciudadanos
tendrán que enrobustecer su espíritu mucho antes que logren digerir
el saludable nutritivo de la libertad” (Bolívar, 2009: 124).
El discurso en cuestión expone las paradojas que en la realidad históri-
ca concreta caracterizaron en líneas generales a los principales promotores
de las “nuevas ideas” ya que, de un lado, luchaban de forma encarnecida
para el logro de la libertada, igualdad y fraternidad de los hombres y mu-
jeres de la región y, por otro, desconaban que estos efectivamente fueran
capaces de aprovechar los atributos de la nueva era. uizá no hay contra-
dicción porque armar el talante democrático del pueblo llano, en esas
circunstancias, hubiera signicado un acto de demagogia pura.
Asimismo, es de considerar que los cambios políticos e ideológicos im-
pulsado por el pensamiento ilustrado se vivieron de forma tímida y lenta en
Iberoamérica, tal como bien lo expresa Chiariamonte (1992), en el estudio
introductorio al texto de la Fundación Ayucucho sobre el pensamiento de la
ilustración, cuando señala: “El pensamiento ilustrado no surge bruscamente,
en la forma antimetropolitana y librepensadora que adquiriría frecuentemen-
te en vísperas de la independencia. Existen paso previos, representados por
peninsulares o criollos eles a la monarquía y a la iglesia católica” (1992: 16).
Si se asume la noción de cambio político como la serie de transiciones, en
términos de formas de organización y gestión del conicto social, vivencia-
das en diferentes órdenes de la vida de conformidad con los mandatos de un
nuevo paradigma; los cambios políticos sucedidos en la escena de la moder-
nidad en las naciones del Sur, deben comprenderse en la larga duración. De
hecho, en el periodo que nos ocupa, estos cambios solo atañen básicamente
a la esfera de las formas de Estado y de gobierno y su andamiaje institu-
cional, así como a los imaginarios colectivos de la nueva clase dominante.
De esta manera, la modernidad inicia como un proceso con limitaciones
estructurales en términos de su alcance y profundidad en la región.
Concordamos con el politólogo catalán Vallès (2006), en cuanto que
fueron la Revolución francesa y norteamericana las que dieron forma y
contenido al paradigma de Estado Liberal cuyos rasgos principales son:
55LEONARDO CALVANO CABEZAS
• La ruptura de la concepción antigua del Estado que lo perla en sí
mismo como un sujeto omnipotente. Ante el surge ahora la gura del
ciudadano como sujeto político y actor social protegido, vigilante y
dispuesto a intervenir en la vida política.
• El concepto de Estado de Derecho simboliza la protección de la ciu-
dadanía ante una posible intervención arbitraria de los poderes consti-
tuidos, esto mediante el reconocimiento, garantía y respeto por parte
del Estado, de un conjunto de derechos fundamentales, tales como:
derecho a la vida, derecho a la integridad física y moral, a la libertad
de conciencia y a la propiedad y, el derecho de resistir a toda forma de
opresión, entre otros.
• La producción de las leyes como marcos regulatorios de la vida social
ya no responde a la voluntad de un “monarca soberano,” sino que es la
expresión de la voluntad general de la nación a cuya formación concu-
rren los ciudadanos libres, conscientes y organizados. De esta manera,
aunque el Estado de Derecho sigue teniendo el monopolio de la pro-
ducción del discurso jurídico en tan qué marco normativo fundamen-
tal, este está sometido en su funcionamiento al derecho (imperio de la
ley) como cualquier ciudadano más.
• La garantía más concreta para el éxito de este programa se encuentra en
la idea de la separación de los poderes públicos, lo que signica que las
principales funciones del Estado ya no deben concentrarse en una sola
persona, sino en varios órganos e instituciones con el n de compen-
sarse y equilibrase en su accionar. De esta manera, la triada clásica del
Estado liberal: poder ejecutivo, legislativo y judicial, busca logran un
sistema de pesos y contrapesos para el sano desempeño de los poderes
públicos en términos de gobernabilidad y gobernanza, en su relación
con la ciudadanía (Vallès, 2006).
A todas luces, estas transformaciones políticas no solo tuvieron im-
pacto en la esfera de las instituciones y sus consecuentes relaciones de po-
der permitiendo la emergencia de nuevas ideas y actores sociales como el
ciudadano, sino, además, en los dominios de la ideología; ya que fue en
la ideología donde al mismo tiempo se impulsaron y legitimaron los cam-
56 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
bios que estructuraron paulatinamente el nuevo contrato social moderno,
por ello a continuación nos ocupamos del tema ideológico.
ASPECTOS IDEOLÓGICOS DE LA MODERNIDAD
Antes de proceder a la revisión de la ideología propia de la moderni-
dad política, es necesario precisar nuestra concepción de la misma, lo que
implica su explicitación en el marco de la teoría de los dominios del aná-
lisis del discurso, de conformidad con los referentes metodológicos de la
investigación; más aún, por cuanto, el enfoque ideacional destaca siempre
la importancia de las ideas políticas como guía de las acciones y discursos
que desarrollan los actores sociales y sujetos políticos para incidir en los
procesos, estructuras y relaciones de poder que denen los dominios de la
política, como espacio privilegiado de la vida social.
Para Van Dijk (2005), el estudio de la ideología como lugar favorecido de
producción y reproducción de creencias políticas de cara a la acción, genera
algunos problemas de tipo teórico y analítico que solo pueden ser gestionados
desde una concepción multidisciplinaria en la que se junte adecuadamente la
triangulación: discurso, cognición y sociedad. Aclarado esto, explica que sus
investigaciones han mostrado que las ideologías consisten en:
“…representaciones sociales que denen la identidad social de un
grupo, es decir, sus creencias compartidas acerca de sus condiciones
fundamentales y sus modos de existencia y reproducción. Los dife-
rentes tipos de ideología son denidos por el tipo de grupo que tie-
nen una ideología, tales como los movimientos sociales, los partidos
políticos, los profesionales, o las iglesias, entre otro” (2005: 10).
Si bien su concepción de la ideología viene a distinguir el sentido con-
temporáneo del concepto, creemos que la misma puede ser empleada en
perspectiva histórica sin riesgo de ocasionar una “mutación hermenéuti-
ca” de las piezas discursivas trabajadas en este capítulo, ya que sin distingo
del tiempo y espacio que se aborde, las ideologías cumplen, casi siempre,
las mismas funciones políticas y sociales, esto es, dotar de creencias com-
partidas que sirvan de modelo interpretativo de la realidad a las personas
ante la situaciones y condiciones propias de sus mundos de vida, modelos
sin los cuales la realidad se tornaría como algo ininteligible, al tiempo que
57LEONARDO CALVANO CABEZAS
perla identidades compartidas que aglutinan a las personas en torno a la
defensa y promoción de intereses materiales y simbólicos necesarios para
su bienestar, en el marco de las relaciones intersubjetivas e intergrupales
que denen, los ritmos de la alteridad y mismidad11.
El propósito reiterado de todo sistema ideológico es, en consecuencia,
desbordar el plano de las creencias particulares de ciertos grupos y conver-
tirse en parte del acervo común, del paquete cognitivo de la sociedad, in-
ternalizados por todos como opiniones y saberes dedignos, de esta forma:
“A veces, se comparten las ideologías de manera tan amplia que ellas
parecen haberse vuelto parte de las actitudes generalmente acepta-
das de una comunidad entera, como creencias obvias u opinión, o
sentido común. Así, mucho de lo que hoy ampliamente se acepta
como derechos sociales o humanos, tales como muchas formas de
igualdad del género, eran y son creencias ideológicas de los movi-
mientos feministas o socialistas. En ese sentido, y por denición,
estas creencias pierden su naturaleza ideológica en cuanto se con-
vierten en parte del ideario social común” (Van Dijk, 2005: 11).
Prueba de lo anterior lo constituye el hecho de que muchos de los
productos políticos, jurídicos y éticos de la modernidad son “argumentos
axiomáticos” del discurso políticamente correcto que caracteriza al imagi-
nario colectivo de tipo occidental, en su aspiración histórica de universa-
lidad. Basta pensar en la condición de “irrefutables” de los conceptos de:
Democracia, Dignidad Humana, Estado de Derecho, Separación de los
poderes públicos y Ciudadanía, entre otros, todos conceptos típicos de
la ideología liberal-ilustrada en benecio de la humanidad en su afán de
construir un modelo social de justicia, equidad y libertad plena, de ahí su
11 De estos argumentos se desprende que el proceso de producción de identidades –condición
básica para el desarrollo de la nación imaginada–, adquiere en todos los casos profundas impli-
caciones antropológicas y filosóficas, dado que la identidad, es decir, eso que a nivel ontológico
define a las personas y sus colectividades de referencia (naciones, pueblos, ciudades y aldeas,
entre otras, como entidades históricas originales y diferentes a otras, viene a llenar el vacío pri-
mario que genera la pregunta: ¿Quiénes somos? En este sentido García (2005), interpretando
a Durkhein (1990), explica que el fundamento de la identidad está en la producción social de
sentido: “La cual emerge de la interacción colectiva de la efervescencia colectiva; es la interac-
ción social fundante que se manifiesta no sólo en las narraciones sino en las prácticas rituales.
En este tipo de prácticas los actores sociales: “Se apropian del significado normativo-integrativo
de la sociedad”” (Durkhein, 1968: 293, citado por: García, 2005: 19).
58 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
legitimidad y aceptación por colectividades y personas no occidentales,
que aspiran a replicar los mismos logros políticos, económicos, sociales,
culturales y tecnológicos de las sociedades modernas, sin negar sus iden-
tidades diferenciadas.
Por su parte, Villasmil (2016), en sintonía con las ideas anteriores, rei-
tera que la noción de ideología política nos remite a la compresión de los
sistemas de creencias que sirven de base para la acción política cotidiana, así
como de modelo interpretativo diferencial de los escenarios políticos en los
se sitúan las personas. La ideología seria entonces el dispositivo alegórico y
cognitivo desde el cual se denen los programas, prácticas, rituales y accio-
nes políticas de los liderazgos y grupos que luchan encarecidamente para
ocupar posiciones de poder, status, prestigio y/o autoridad social o mante-
nerse en los mismos, o simplemente como mascarada de estos intereses que
aspiran a la hegemonía dentro de un sistema político determinado y criterio
de legitimación de sus acciones inherentes. De lo que se inere que, sin el
recurso del discurso ideológico, machas acciones e ideas lucirían totalmen-
te mezquinas y contrarias al verdadero interés social, quizá por ello Marx
(2014), denió a la ideología como “falsa conciencia”.
En el caso particular de la ideología moderna, lo realmente importante
era dotar a las personas de “faros de luz” que sirvieran de guía en su trán-
sito por los arduos senderos de la modernización, lo que implicaba la bús-
queda de la felicidad colectiva mediante la superación de las estructuras
cognitivas del pensamiento escolástico basado en los dos pilares aludidos:
la monarquía y la iglesia. De ahí que, la ideología moderna deviene en el
puente que comunica el pensamiento losóco liberal con el programa
político de restructuración de la sociedad de cara al progreso. Por ello, las
principales ideologías de la modernidad, entre las que destacan: el marxis-
mo, el positivismo y el evolucionismo, terminaron por estructurar “hojas
de ruta” para imaginar nuevos órdenes no solo en lo social y político, sino
incluso en lo biológico, que interpretan el ansia casi obsesiva –de las men-
tes avanzadas– de impulsar a la humanidad a procurar “saltos cuánticos”
en su historia; en el marco de esta idea de anclaje, es que deben pensarse
los conceptos de progreso, evolución y desarrollo típicos del pensamiento
político y losóco de los siglos XVIII, XIX y XX respectivamente.
59LEONARDO CALVANO CABEZAS
Efectivamente, Bauman (2004) en su obra clásica: “Modernidad líqui-
da”, señala que:
“Los tiempos modernos encontraron a los sólidos premodernos en un
estado bastante avanzado de desintegración; y uno de los motivos más
poderosos que estimulaba su disolución era el deseo de descubrir o in-
ventar sólidos cuya solidez fuera –por una vez– duradera, una solidez
en la que se pudiera conar y de la que se pudiera depender, volviendo
al mundo predecible y controlable” (Bauman, 2004: 9).
Los “sólidos” a los que se reere metafóricamente en este caso, son los
principios y valores colectivos que denen el paradigma ético y moral de la
época (espíritu de la época). Así, la ideología de la modernidad tenía la res-
ponsabilidad de crear nuevos sólidos (sistemas axiológicos y éticos) de cara a
un mundo más conable, menos precario y más humano, en contraste con el
ancin régime donde los anhelos personales por un proyecto de vida autónomo
y constructivo eran anulados a priori por la concepción estamental y aristocrá-
tica de la vida, que reducía a la mayoría de las personas a la condición opresiva
de siervos, de ahí su avanzado estado de desintegración por desconocer las
legítimas aspiraciones de progreso del pueblo mutado a ciudadano.
Finalmente, la ideología moderna se caracteriza por crear y promover nue-
vas posibilidades de pensamiento y acción en todos los órdenes de la realidad,
que signicaron espacios de libertad, emancipación y autonomía de la perso-
na. Frente al yugo lacerante de la tradición y su visión teocéntrica de la vida,
insurge la razón como herramienta arquitectónica de nuevos valores y creen-
cias, de nuevas representaciones y cosmovisiones, de nuevas sensibilidades y
subjetividades que pretendían disipar la oscuridad de una época, mediante la
creación de nuevos modelos: políticos, económicos, sociales y epistemológi-
cos que procuraban lograr, mediante el conocimiento verdadero de la reali-
dad, una explicación para todo, en un mundo de certezas racionales.
LA EPISTEMOLOGÍA AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD MODERNA
Al hablar de epistemología se quiere signicar no exclusivamente a la
teoría del conocimiento que guía la producción de saberes dedignos, de
la mano con la losofía de la ciencia que reexiona sobre el alcance, senti-
do e implicaciones políticas y/o culturales de estos saberes, sino, además,
60 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
la concepción de la ciencia que se constituye en el principal espacio cog-
nitivo para la formulación e implementación de la sociedad moderna. Y,
es que en la modernidad, la ciencia empírica y racional, se establece como
la estructura hegemónica fundamental de conocimiento que relega otros
saberes, como los tradicionales, mágico-religiosos o populares, entre otros, a
una condición de minusvalía epistémica; por ello, el programa losóco de
la modernidad, pretendió ser, en principio, una expresión privilegiada del
conocimiento cientíco que adquiere su legitimidad por su capacidad para
demostrar, con evidencia empírica concreta, la validez de sus postulados.
A juicio de Echeverría (2004), el punto cumbre de la ciencia moderna
se alcanzó en el momento en que Kant sintetizó la concepción empirista
y racionalista, contrarias y diferentes, en un mismo proyecto cientíco y
losóco. En este sentido, destaca:
“Las dos vertientes del pensamiento losóco moderno, abiertas a par-
tir del dualismo losóco inaugurado por Descartes, habían llegado a
callejones sin salida. Por un lado, el racionalismo seguía la huella del pro-
pio Descartes que, buscando desarrollar una sólida base losóca para
el desenvolvimiento de la física, había tomado como referente o ideal
de conocimiento a las matemáticas… Por otro lado, el empirismo había
seguido el camino opuesto, generando registro de relaciones de coexis-
tencia y sucesión entre las ideas, a la vez que demostraba ser incapaz de
ofrecer fundamentos losócos a las leyes cientícas” (2004: 38).
La ciencia moderna, en la que se conjugan en igual de condiciones los
dominios de lo empírico, consistentes en la recolección de información
del medio natural o cultural como insumo básico para formular teorías
y; lo racional, como lo concerniente al procesamiento lógico de esa in-
formación, más allá de las percepciones sensoriales, adquiere ahora una
doble responsabilidad, primero, debía ser capaz de responder cuales eran
las causas que explicaban, en último término, el devenir de los fenómenos
naturales y sociales con incidencia directa en la vida de personas y comu-
nidades y, al mismo tiempo, tenía que orientar la forma y contenido de
las nuevas concepciones políticas y losócas destinadas a crear un nuevo
contrato social y un nuevo ser humano emancipado y creativo. Por ello, la
epistemología moderna es, en sí misma, un acto de desobediencia cogni-
61LEONARDO CALVANO CABEZAS
tiva y rebeldía epistemológica ante los saberes de la tradición, funcionales
al manteamiento estático del orden establecido.
Por consiguiente, la epistemología moderna, representa el acervo de los
saberes cientícos que no se limitan al rol contemplativo de la realidad, sino
que estructuran un nuevo pensamiento de conformidad con los lineamientos
del programa político liberal-ilustrado. El objetivo nal de esta epistemología
está vinculado, por ello, al logro de una mentalidad racional en el marco de
una sociedad gobernada por “conocimientos objetivos” en contraste con los
prejuicios y dogmas religiosas que potenciaban los miedos y la ignorancia de
las masas como condición necesaria para su propia dominación.
Por ello también, la epistemología moderna se despliega en diversas
líneas de acción, diacrónicas y sincrónicas, continúas y discontinuas, que
encausaron revoluciones políticas, económicas e ideológicas a la par de
nuevos conocimientos que, como el enciclopedismo y el maquinismo, ve-
nían a explicar cómo y por qué, se lograría construir esa nueva realidad
social que aspiraban alcanzar estas revoluciones.
CRÍTICAS A LA MODERNIDAD
Las críticas al programa losóco de la modernidad se desarrollan des-
de, por lo menos, tres líneas argumentativas, a saber: primero, están los
que piensan legítimamente que la modernidad y su propósito de crear una
sociedad racional, se agotó en sí mismo, tal como lo devalan los terribles
acontecimientos geopolíticos del siglo XX, con sus dos guerras mundia-
les y un sinfín de conictos armados caracterizados por la acometida de
genocidios y otros crímenes de lesa humanidad; segundo, están los que
deenden la tesis de que el proyecto civilizador de la modernidad de corte
euro-occidental, no puede responder a los requerimientos de todas y cada
una de las sociedades humanas, negando así su pretensión de universali-
dad, tal es el caso de los grupos indigenistas del Sur y algunos intelectuales
progresistas como Buenaventura de Sousa y su llamada epistemología del
Sur12; por último, destacan los postmodernos que deenden la necesidad
de superar los paquetes cognitivos de la modernidad, con la estructura de
un programa losóco alternativo.
12 Una muestra de los principios base de la epistemología del sur está en: De Sousa Santos, Bue-
62 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
Entre los críticos más reconocidos de la primera línea descrita, resalta la
Escuela de Frankfurt, que se esforzó por demostrar en su momento, cuáles
eran a su entender, las causas del fracaso de la modernidad. Al respecto:
“La razón tan cara a la ilustración y a Marx adquiere un tinte pa-
radójico y trágico: a la vez que potencia las capacidades humanas,
esclaviza a los humanos. La propia creación de la razón termina ahe-
rrojando la vida de su portador y creador. En esta cárcel los seres hu-
manos ya no tienen el consuelo de un orden extra-mundano o me-
ta-histórico que de sentido a su existencia” (Bastamente, 1992: 4).
De estas ideas se inere, que aun en las coordenadas de la razón críti-
ca, apuesta a la razón instrumental –limitada a la adecuación entre nes
y medios, costos y benecios–, el cuestionamiento sistemático de todos
los aspectos de la realidad, implicaba casi necesariamente, una suerte de
escepticismo de cara al pesimismo existencial, pesimismo que abría la
puerta al “demonio” de la neurosis. La teoría crítica de la sociedad, en su
intento de fusionar el marxismo revisionista con el psicoanálisis, centra su
mirada, no solo en las causas objetivas de la dominación propia de la so-
ciedad capitalista, sino también, en los factores psicológicos o subjetivos
que, de igual manera, alienan y opriman a la persona humana generando
el malestar de la cultura. De ahí su preocupación por la neurosis y sus
procesos desencadenantes en el marco de la sociedad moderna capitalista.
Si la modernidad emanada del pensamiento liberal ilustrado, había lo-
grado, por lo menos en las sociedades centrales de Occidente, el desarrollo
o incluso la consolidación de un contrato social racional, ¿cómo explicar
entonces el surgimiento de un Hitler o Stalin? La respuesta a esta interro-
gante divide incluso a los ankfurtianos, entre los que proclaman al calor
de los horrores de las dos guerras mundiales el quiebre denitivo del pro-
grama político de la modernidad y, Habermas13, que deende su vigencia y
su capacidad intrínseca para superar sus propias contradicciones internas.
Por otra parte, en la segunda línea argumentativa debemos reseñar los de-
bates y argumentos desarrollados en la losofía latinoamericana sobre el al-
naventura (2010). Refundación del Estado en América Latina. Perspectivas desde una episte-
mología del Sur. Lima (Perú), Instituto Internacional de Derecho y Sociedad.
13 Un interesante estudio sobre la concepción de Habermas sobre la modernidad y sus implicacio-
63LEONARDO CALVANO CABEZAS
cance y signicado de los procesos modernizadores ejecutados en la región,
debate enmarcado por lo demás en la ética, el diálogo intercultural y la rela-
ción que se da entre globalidad y localismo, entre otros aspectos de interés.
Para Astrin (2006), la modernidad en Latinoamérica ha negado o si-
lenciado las representaciones sociales, identidades e imaginarios colecti-
vos de los pueblos originarios, dado que se ha esforzado por implantar la
cosmovisión occidental no solo en lo político y económico, sino también
en el campo de los sistemas de creencias y la ética, cuestión que, en mu-
chos aspectos, resulta ser una práctica neocolonial. Para este lósofo la
modernidad ha generado un conjunto de tensiones que oscilan entre los
discursos de universalismo y localismo:
“En las posturas modernas encontramos una idea de universalidad
de la vida social, por la que América Latina no tiene ninguna espe-
cicidad social y cultural que le permita distinguirse de otras aéreas
socio-culturales. Todo recurso a intentar identicar un ethos propio,
será estigmatizado como particularismo o telurismo” (2006: 69).
En contraste con esta postura homogenizante de la modernidad, As-
trin señala otro camino de reivindicación de las identidades locales, regio-
nales y nacionales de los pueblos del Sur, por lo que arma:
“Las posturas identitarias desarrollan una idea sustantiva del contexto,
que intenta destacar lo particular y lo especico. Al armar que existe
una identidad propia del ethos Latinoamericano como tal, se indica que
América Latina podría distinguirse de otros contextos socio-culturales
a partir de los valores y normas de su propio ethos para no asumir los de
otros pueblos, tildado de inautenticidad o imitación” (2006: 69).
Desde nuestra perspectiva, esta segunda postura es muy similar a la
postmoderna, que se caracteriza por su promoción del relativismo cul-
tural, la exacerbación de las heterogeneidades antropológicas, junto a la
fragmentación de las grandes ideas universales en torno al hombre, la po-
lítica y la sociedad, entre la que trasciende la narrativa de los DD. HH
y su concepto particular de Dignidad Humana, forjado en el marco de
nes, está en el trabajo citado anteriormente: Díaz Espinoza, Raúl (2013). “El proyecto filosófico
de la modernidad y su crítica desde el exterior constitutivo.” Disponible en línea. En:
http://www.
revistascientificas.udg.mx/index.php/CL/article/view/2787
(consultado el: 18/12/16).
64 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
occidente y su ideología liberal. Compartimos con Villasmil y Chirinos
(2016), que elementos como la democracia, el desarrollo humano inte-
gral y los derechos humanos son productos “universalizables” per se, por
ello ante la disyuntiva planteada entre relativismo moral y DD. HH: “Lo
pertinente es apostar por los DD. HH …, en tanto que espacio propicio
para el diálogo intercultural, herramienta que posibilita el conocimien-
to y reconocimiento recíproco y la complementación de las formaciones
culturales y socio-históricas dispuestas a la acción dialógica” (2016: 204).
Asimismo, proponemos una tercera opción en la que se puedan con-
jugar dialéctica o armónicamente, los aportes de la modernidad con los
valores ancestrales de las culturales populares y aborígenes, tanto más
que, todas las culturas humanas son entidades incompletas que tiene la
capacidad de re-signicarse y re-inventarse integrando en ser colectivo las
contribuciones materiales y simbólicos, tangibles e intangibles, de todas
las naciones que componen la gran familia humana para mejorarse, re-
conocerse y progresar de forma conjunta, de ahí la vinculación que se da
entre modernidad e interculturalidad respectivamente.
EPÍLOGO
La interpretación de los signicados políticos, ideológicos, epistemo-
lógicos y losócos del modelo de sociedad surgido al calor de la moder-
nidad política, desde la perspectiva ideacional y discursiva, implica de un
ejercicio cientíco que, por su complejidad inherente, desborda los lími-
tes de la ciencia política y conjuga, al mismo tiempo, el enfoque propio de
la historia política con la reexión losóca, tal como se evidencia en las
páginas anteriores.
Al interpelar hermenéuticamente el contrato social moderno, como
si esta fuera una galería o un texto que puede ser leído y escudriñado en
detalle, se perciben las luces y sombras de la “sociedad moderna latinoa-
mericana” que ha transitado en su devenir histórico por una suerte de
“modernidad selectiva,” en la cual se han replicado, desde las elites polí-
tica e intelectuales en el poder, las instituciones de occidente, su discur-
sos legitimadores, sus programas y políticas económicas, su tecnología y
sistemas losócos con unos resultados muy precarios que dan al traste
65LEONARDO CALVANO CABEZAS
con lo sucedido en el occidente hegemónico, y es que Latinoamérica en
general y Colombia en particular, viven en la paradoja de una modernidad
política incompleta o cción de modernidad, con más de 200 años de
desarrollo, en el marco de una sociedad que en términos de cogniciones,
rituales, prácticas autoritarias, estilos de vida, ciudadanía y democracia,
sigue siendo bastante pre-moderna.
La inuencia concreta que el programa losóco de la modernidad
tuvo en la arquitectónica de las sociedades surgidas al calor de las grandes
revoluciones losócas, políticas y económicas del siglo XVIII y XIX en
la civilización euro-occidental, de la cual Latinoamérica forma parte, se
hace tangible en el contrato social históricamente existente en Colom-
bia, que más allá de su logros y avances constitucionales, que hoy por hoy,
proclaman el advenimiento del Estado social de derecho y de justicia, en
marco de un democracia participativa, se siguen creando las condiciones
–objetivas y subjetivas– que posibilitan las asimetrías sociales, la inequi-
dad, la exclusión y la marginación de un grupo importante de personas
que en la segunda década del siglo XXI, siguen condenadas a la pobreza
material y mental, lo que no signica, a nuestro parecer, que el programa
losóco de la modernidad haya fracasado o ya no tenga nada que ofrecer.
Por el contrario, urge un ejercicio intelectual de re-conceptualización
y actualización de los contenidos de la modernidad, en función de las de-
mandas y requerimientos de las sociedades del siglo XXI, que signique
la estructuración de un nuevo pensamiento que tiene como propositivo
fundamental construir las bases para la emergencia de un nuevo o reno-
vado contrato social, que garantice la re-modernización social y política
de los imaginarios colectivos y las practicas intersubjetivas, desde las que
se edican nuestras realidades cotidianas; ejercicio sin el cual no sería po-
sible “ver la luz” y despertar del letargo al que nos someten los poderes
imperantes de las sinrazón.
CAPÍTULO III: NATURALEZA DEL CONTRATO
SOCIAL ESTRUCTURADO HISTÓRICAMENTE POR
LAS ELITES EN EL EJERCICIO DEL PODER EN
COLOMBIA
EXORDIO
Como ya se dijo reiteradamente en apartados anteriores, el concepto
de contrato social propio de la modernidad política, nos remite –en prin-
cipio– a los fundamentos jurídicos, políticos, ideológicos y epistemológi-
cos desde los cuales se ha congurado históricamente el sistema político y
económico colombiano y sus consecuentes formas de Estado y de gobier-
no, de conformidad con la estructuración de un modelo de sociedad exclu-
yente. Además, se debe claricar que, hablamos de fundamentos jurídicos
porque el contrato social se expresa principalmente en el constitucionalis-
mos histórico14, en base a una concepción del derecho que privilegia unos
intereses particulares, bajo el supuesto de que son representativos de la
voluntad general; hablamos de fundamentos políticos, porque el contrato
social también instaura un sistema político que expresa, al mismo tiempo,
unas relaciones asimétricas de poder en benecio de las elites gobernantes
que denen el pacto, al calor de sus victorias políticas y militares; segui-
damente hablamos de fundamentos ideológicos, porque indudablemente
el contrato social se sustenta en un sistema de creencias del que emerge
una concepción del hombre y la sociedad al tiempo que se promocionan
14 Adoptamos el concepto de constitucionalismo esbozado por Zuluaga, para quien: “Él debe ser
entendido como el conjunto de principios a partir de los cuales se formulan una serie de reglas
de procedimiento que buscan asegurar el adecuado ejercicio del poder político por parte de sus
titulares” (2014: 102).
68 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
ciertos valores y principios propios del pensamiento liberal que buscan la
cohesión social; y, por último, referimos lo epistemológico, porque todo
contrato social se justica en una concepción del conocimiento cientíco
y se construye mediante unos saberes dominantes en los que se sintetiza y
fusiona todas las dimensiones mencionas anteriormente.
Todo indica que el contrato social colombiano es la representación
máxima –en un juego de suma cero– de un conjunto de intereses (especia-
les) en detrimento de los intereses de las mayorías populares, y se expresa
no solo en las constituciones políticas, sino también en: documentos, dis-
cursos, proclamas, leyes, y artículos de prensa, entre otros textos, que dan
cuenta de su contenido y alcance, como espacio simbólico y discursivo
privilegiado para la construcción y mantenimiento del orden social en los
términos más convenientes a los intereses hegemónicos.
Desde estas reexiones propias del análisis crítico del discurso político, en
el marco del enfoque ideacional, que se interesan por exponer y denunciar los
discurso de poder de la clase dominante y sus mecanismos de sometimiento
–formales e informales–, diseñados para crear y recrear una percepción social
generalizada, en la cual, el orden de cosas vigente y sus grandes contradiccio-
nes en términos de equidad y justicia social, se presentan a lo sumo, como el
mejor escenario al que se puede aspirar como contrato social, situación que
Fontana (1999) conceptualiza como una operación ideológica de (economía
política) que limita de plano las legítimas esperanzas de construcción colecti-
va de una mejor realidad para todos. En este sentido, expone:
“La descripción del presente –producto obligado de la evolución histó-
rica –se completa con lo que llamo genéricamente, una “economía polí-
tica”, esto es: una explicación del sistema de relaciones que existen entre
los hombres, que sirve para justicarla y racionalizarla– y, con ellas, los
elementos de desigualdad y explotación que incluyen–, presentándolas
como una forma de división social de trabajo y funciones, que no solo
aparece ahora como resultado del proceso histórico, sino como la forma
de organización que maximiza el bien común” (Fontana, 1999: 10).
Una de las consecuencias más visibles de esta concepción de la socie-
dad presente y futura, es que descarta de plano todo intento de reingenie-
ría del sistema que implica la posibilidad real de redención de los colecti-
69LEONARDO CALVANO CABEZAS
vos sociales, oprimidos por la pobreza y la falta de oportunidades para el
desarrollo de la autonomía de su ser, de anuencia con los postulados de la
Dignidad Humana15. De ahí que este capítulo se plantee por objetivo: re-
velar la naturaleza del contrato social estructurado por las elites políticas
en el ejercicio del poder en Colombia.
ESENCIA DEL CONTRATO SOCIAL DECIMONÓNICO EN COLOMBIA
El documento fundacional del Estado liberal republicano en Colom-
bia –que no necesariamente es un Estado democrático per se, ya que es
bien sabido que el liberalismo y la democracia moderna son procesos
particulares que resultan sincrónicos y/o diacrónicos en razón de las ca-
racterísticas distintivas de la sociedad que lo experimente–, es el Acta de
Independencia de 20 de julio de 1810, una de las primeras del Subconti-
nente meridional. Aunque este documento es una breve declaración de
principios que proyecta la consecución de una serie de cambios que darán
al traste con la sociedad de antiguo régimen –forma como los revolucio-
narios dieciochescos denían al sistema político previo a la revolución
francesa–, apuntalada en los pilares del orden estamental, la monarquía y
el derecho divino, erige las bases del régimen sociopolítico primario que
servirá de asidero al modelo de sociedad que se implementará en la larga
duración. Por ello, nunca está de más una relectura crítica de algunos de
estos textos fundamentales, que no solo puntualice en lo que se dice clara-
mente, sino en lo que se omite deliberadamente, esto es, en lo silencios e
intereses relegados quizá hasta el tiempo presente.
Al calor de los complejos acontecimiento suscitados en Santafé de
Bogotá en julio de 1810, que dan cuenta del venidero quiebre del orden
colonial, debatido por el pueblo “juntado en plaza pública” el documento
que nos ocupa expresa que:
15 En la actualidad se sabe a ciencia cierta que existe una relación directa entre: Dignidad Huma-
na, Diversidad Cultural y Calidad de Vida, en tal sentido, autores como: López (2009), asumen
el concepto de Calidad de Vida como la expresión tangible de la Dignidad Humana que permite,
entre otras cosas, superar el relativismo en la discusión bioética sobre la Diversidad Cultural,
cuestión que redimensiona los límites de una concepción universalista de los derechos huma-
nos. De cualquier manera, este autor aboga abiertamente por el desarrollo de una concepción
política influenciada por Amartya Sen, que impulse los procesos liberadores de la persona hu-
mana junto a sus variadas capacidades con incidencia directa en la calidad de vida.
70 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
“En seguida se manifestó al mismo pueblo la misma lista de los sujetos
que había proclamado anteriormente, para que unidos a los miembros
legítimos de este cuerpo… se deposite en toda la Junta del Gobierno Su-
premo de este Reino interinamente, mientras la misma forma Cons-
titución… contando con las nobles provincias, a las que al instante se
les pedirán sus diputados, formando este cuerpo el reglamento para las
elecciones en las provincias, y tanto éste como la Constitución de Go-
bierno deberán formarse sobre las bases de la libertad e indepen-
dencia respectiva de ellas, ligadas únicamente por un sistema fede-
rativos…” (Acta de independencia, 1810: 15) (negritas añadidas).
A juicio de Zuluaga (2014), el alcance real de este documento funda-
cional ha sido sobrevalorado por la historiografía de mayor divulgación,
por al menos dos razones concretas, primero: “Ese escrito no proclamaba
la independencia del Virreinato de la Nueva Granada respecto del domi-
nio español. Por el contrario, en esa Acta son muy evidentes las muestras
de adhesión al Rey de España” (2014: 108), y segundo:
“Ese documento no tenía alcance nacional, pues se trata de un acto
jurídico emanado por el Cabildo de la ciudad de Santa Fe (lo que hoy
equivaldría a un acuerdo del Concejo de Bogotá) y por ende no ree-
jaba la voluntad de la representación nacional” (Zuluaga, 2014: 108).
Por otro lado, la idea de pueblo que aquí se presenta está a tono con
los parámetros discursivos de la modernidad, parámetros que denen
al pueblo como el sujeto colectivo poseedor de la soberanía y, por ende,
protagonista natural de los procesos políticos. De hecho, desde esta línea
argumentativa típica del pensamiento dieciochesco de la ilustración, el
pueblo es el único depositario del poder constituyente originario, del que
emanan, según su disposición y voluntad, los poderes constituidos, asu-
midos por el derecho liberal como órganos del poder público o sencilla-
mente como el andamiaje institucional que forma al Estado de Derecho.
Por ello, es el pueblo el factor que dota de legitimidad de origen, a todos
los procesos que tenga como propósito la arquitectónica de un nuevo o
renovado orden sociopolítico; de esta manera, casi todas las proclamas
fundacionales de regímenes políticos, producidas en occidente en los últi-
mos tres siglos, enuncian al pueblo como causa primaria de la legitimidad
71LEONARDO CALVANO CABEZAS
y sujeto mesiánico, capaz de construir con sus luchas y sacricios Estados
nacionales y comunidades imaginas, al decir de Anderson (1992).
A tenor con estas ideas, Ramírez (2015) señala que el contrato social
de la independencia que sirve de pilar básico para la construcción del or-
den republicano, es a todas luces el contrato social fundacional, razón por
la cual su impronta se prolongada al periodo posbélico.
“El invento de la nación colombiana empieza a congurarse en
1819 cuando, con la Gran Colombia, una vez culminada la guerra
de liberación, emerge un contrato social orientado a darle forma a
nuestro primer proyecto de Estado-Nación. Contrato fundacional
que, enmarcado dentro del contexto histórico de las revoluciones
norteamericana y francesa, debía proporcionar una gobernabilidad
sostenible dentro de las formas liberales predominantes en el conti-
nente americano” (Ramírez, 2015: 20).
Otro concepto que amerita tratamiento particular por la fuerza y re-
currencia con la que se enuncia y su poca resonancia en la realidad política
de las formas de Estado y de gobierno, es el de federación, proclamado
taxativamente por dos constituciones políticas colombianas como forma
de Estado –Constituciones de 1858 y 1863, respectivamente–.De igual
manera, en muchas de las constituciones políticas latinoamericanas elabo-
radas desde los procesos de emancipación –verbigracia la constitución de
1863 que será trata más adelante–, la idea del sistema federativo ha esta-
do presente a tenor de replicar el experimento confederado relativamente
exitoso de los Estados Unidos de América. Sin embargo, en Latinoaméri-
ca y Colombia tendencialmente el proyecto federativo y su intención de
instituir un orden poli-céntrico de claro talante autonomista, en el que las
distintas regiones históricas que componen la nación, con identidades e
intereses particulares, así como niveles desiguales de desarrollo relativo,
tuvieran la posibilidad de adelantar relaciones democráticas de poder –en
lo scal, administrativo y judicial– con la capital y su interland, ¡no se dio
nunca! ello a pesar de todos los conictos sucedidos a lo largo del XIX
entre federalistas (liberales) y centralistas (conservadores).
A la nal el Estado colombiano sería de hecho y de derecho un Estado
centralizado–unitario en el marco de una retórica federal que no termina de
72 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
cuajar si se le compara con lo sucedido, por ejemplo, en otras latitudes don-
de el federalismo es una realidad política y administrativa, esto a pesar del
control casi nulo que el poder nacional ejerce o deja de ejercer en muchos
espacios periféricos y distantes de los centros urbanos de poder. Por ello,
Sixirei (2014) señala acertadamente que el modelo de administración cen-
tralista ha echado profundas raíces en la cultura política iberoamericana:
“El sistema centralizado impuesto por la metrópoli hispana a sus co-
lonias durante trescientos años no podía ser eliminado de la noche
a la mañana. Por el contrario, ese centralismo contaba con notables
apoyos entre muchos de los independentistas que entendían que
sustituir a las autoridades españolas en el pleno ejercicio del gobier-
no no implicaba en absoluto tener que cambiar el modelo de admi-
nistración territorial” (Sixirei, 2014: 343).
Además, el centralismo era la expresión más adecuada para los intere-
ses económicos dominantes de los:
“…grandes hacendados con residencia urbana en Santafé de Bogotá
aliados a los comerciantes y a la burocracia criolla civil y eclesiástica
de la ciudad, para quienes “Un derecho y una administración cen-
tralizadas han sido en todo tiempo y lugar necesidades mercantiles””
(Ocampo, citado por: Sixirei, 2014: 335).
Razón que explica en buena medida la longevidad fáctica y plena vi-
gencia de la concepción centralista del Estado, desde el advenimiento de
la republica hasta el día de hoy.
Para Jorge Eliecer Gaitán inuenciado por el socialismo, el contrato
social fundacional de Colombia, estructurado bajo la impronta del pa-
radigma de la modernidad, nace viciado porque sobre-representa los in-
tereses económicos y políticos de la burguesía y exhibe un concepto de
libertad política que benecia muy poco al pueblo, ya que –entre otras
cosas– no le garantizaba unos estándares mínimos de bienestar material,
que le permitan tener el control de sus necesidades:
“¿ue le importa al hombre que muera de hambre la libertad? El
necesita es la independencia, y esta no se logra sino con la igualdad econó-
mica. No necesita la igual que hace esclavos; necesitamos la libertad que
hace hombre, en el sentido de ser el n de sí mismo” (Gaitán, 1924: 110).
73LEONARDO CALVANO CABEZAS
Seguidamente explica con la elocuencia que le caracterizaba que: “Todas
las leyes de la revolución francesa fueron hechas por los burgueses, por los po-
seedores, con un n de reacción contra los nobles para defender sus personales
intereses, pero en ellas no tuvo participación el pueblo” (Gaitán, 1924: 110).
Coincidimos con el caudillo liberal en que la idea de poder constitu-
yente, que dio sentido y contenido al contrato social fundacional fue una
idea que, aunque enuncio discursivamente al pueblo lo excluyó. Y lo ex-
cluyó porque en la realidad de la época el pueblo sujeto de derechos, no
eran los pobres, marginados y explotados ni mucho menos las mujeres,
sino la llamada aristocracia criolla –los cacaos–, estamento formado por
los blancos americanos poseedores de grandes extensiones de tierras con
notable poder económico. De hecho, las constituciones políticas del si-
glo XIX, conguran una “democracia restringida” en la cual la condición
de ciudadano está supeditada a la posesión una renta o estrato socioeco-
nómico muy exclusivo. En tal sentido, ya desde la época temprana de la
Constitución política de Colombia de 1821 se formulaba expresamente
en su artículo 21 lo siguiente:
“Para ser elector se requiere: …2º saber leer y escribir… 4º Ser dueño
de una Propiedad raíz que alcance el valor libre de quinientos pesos,
o gozar de un empleo de trecientos pesos de renta anual, o ser usu-
fructuario de bienes que produzcan una renta de trescientos pesos
anuales, o profesar alguna ciencia, o tener algún grado cientíco.”
Esta situación de libertades políticas restringidas únicamente a las clases
emergentes de poder, determinaría en buena medida el quiebre del modelo
liberal clásico en Occidente, para ser sustituido paulatinamente por otra for-
ma de Estado, mediante experimentos como los acontecidos desde nales del
siglo XIX en la Prusia de Bismark con su legislación social de carácter pro-
gresista para la época, más socialmente responsable, proceso que terminaría
ya entrado el siglo XX, luego de la Segunda guerra mundial, en la gura del
Estado de bienestar de la mano con la democracia contemporánea que busca
articular la ciudadanía política y social. Por lo que Ochando indica que:
“El nuevo Estado de bienestar se diferencia del tradicional Estado
liberal, tanto en sus objetivos como en los medios de los que se sirve.
Como apunta Ojeda (1993: 19), “mientras que el Estado (liberal)
74 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
de Derecho proporciona “seguridad jurídica” a las personas indivi-
duales o naturales, la nueva fórmula –El Estado social–, sin negar
lo anterior, va a proporcionar también seguridad, pero con una di-
ferencia: “seguridad en el contexto social frente a la vejez, el paro, la
enfermedad y otras situaciones de desempleo” (Ochando, 2002:31).
En el caso del momento político fundacional del Estado liberal repu-
blicano, Villasmil y Jiménez arman que en el pensamiento político de la
independencia y su consecuente contrato social moderno:
“Se devela la necesidad histórica, por una parte, de unir en una reac-
ción continental a todas las fuerzas que pretendían romper los víncu-
los con la monarquía hispánica, y por otra, la complejidad y dicultad
de fundar la nación moderna y sus implicaciones en la construcción
de un Estado unitario, o una confederación americana” (2015: 16).
Es precisamente en el afán de fundar la nación moderna donde el con-
trato social adquiere sus dos grande funciones: 1) derrotar bélicamente en
lo político, militar y simbólico a la sociedad premoderna y estamental –
cosa que desde nuestro punto de vista es en buena medida una asignatura
pendiente en Colombia– y, 2) fundar la nación moderna como un nuevo
espacio de libertad, igualdad y fraternidad en un esquema confederado,
federado o unitario, según las circunstancias de la guerra y los intereses de
sus regiones y protagonistas más notables, los llamados próceres militares
de la idealizada generación independentista.
A grandes rasgos, el contrato social colombiano ha transcurrido como
es de suponer, como formación discursiva y realidad tangible, por varias
etapas y momentos tal como se pretende mostrarse a continuación. Sin
embargo, en esencia ha mantenido a lo largo del tiempo un conjunto de
características distintivas o ideas de anclaje, en lo político, económico y
social entre las que destacan:
1. conguración de un sistema político democrático en lo procedimen-
tal, plagado de contradicciones en términos de justicia social y equidad
en los repartos colectivos de valores;
2. instauración de un sistema económico capitalista que concentra rique-
za, bienestar y privilegios en un sector muy reducido de la nación, de
75LEONARDO CALVANO CABEZAS
cara a la promoción desmedida de intereses trasnacionales;
3. producción y reproducción continua de la violencia política en sus va-
rias expresiones en detrimento de la paz social;
4. instauración de un modelo interpretativo de la realidad (ideología) al
servicio de los grupos de dominio que naturaliza la desigualdad social
y los abusos del poder, y;
5. como consecuencia de lo anterior, estructuración de un modelo social
inviable en lo concerniente a gobernanza y gobernabilidad, tal como lo
demuestra el prolongado conicto bélico entre el Estado y los diversos po-
deres facticos que se disputan históricamente el dominio de espacios y cir-
cuitos económicos vinculados a múltiples actividades al margen de la ley.
EL POSITIVISMO Y EL CONTRATO SOCIAL POST-INDEPENDENTISTA
Finiquitada la emancipación política que le dio a los cacaos la respon-
sabilidad del gobierno pleno de sus propios espacios geográcos y socia-
les, urge ahora la necesidad de organizar vertical y horizontalmente a la
sociedad posbélica, con el propósito superior de dotar de contenido a la
emergente República liberal, para hacer de ella un experimento sociopolí-
tico factible en términos de “orden y progreso”. Es en este contexto, donde
la losofía positivista será la herramienta de ingeniaría social preferida por
las élites políticas e intelectuales de la época –con su consecuente expre-
sión constitucional–, para la realización de una nueva etapa del contrato
social moderno, en el que se intenta replicar, en la medida de lo posible,
los mundos de vida de las sociedades euro-occidentales y su etnia blanca
como única fórmula civilizatoria de cara al progreso material y espiritual
de las naciones.
El positivismo es sin lugar a dudas una losofía materialista, que parte
de la idea que las sociedades humanas en general pueden ser explicadas me-
diante leyes sociales, especícamente la ley de los tres estadios que expresa
tres etapas o momentos en la vida psíquica de la humanidad: momento teo-
lógico, momento metafísico y momento positivo, propuesta por Augusto
Comte en la primera mitad del siglo XIX, en el que se piensa que el movi-
miento histórico del pensamiento humano transita desde formas irraciona-
76 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
les y mágico-religiosas de conciencia, que no pueden comprender la esencia
de los fenómenos naturales y culturales que condicionan a las sociedades,
hasta el logro de un conocimiento cientíco de carácter tecnocrático que
signicaría el despertar de la conciencia; lo que conllevaría, por un lado, a
erradicar denitivamente todas las manifestaciones de barbarie16 y, por otro,
impulsar el desarrollo ilimitado de la razón humana cuya máxima manifes-
tación está en el predominio social de la ciencia y tecnología, de conformi-
dad con el programa losóco de la modernidad que busca construir una
nueva sociedad para una “nueva humanidad de moral y luces”.
En líneas generales, del programa losóco positivista –estrechamente
vinculado con el pensamiento liberal ilustrado, hasta el punto que puede ser
considerado su prolongación en el tiempo– se proyecta un contrato social
que a juicio de Albornoz (2004), se sintetiza mediante la idea de estructurar
un orden social basado en el predominio de la ciencia y el progreso.
Al respecto, Parra, Ortega y Larez (2005: 65), arman que desde la
perspectiva positivista:
“Al estudiarse la sociedad y la historia con métodos rigurosos, se
obtiene el conocimiento del origen, evolución, constitución y hasta
indicios de la posible marcha de la sociedad, de la evolución de la
sociedad. Ello resulta importante porque permite diagnosticar en
qué situación se halla la sociedad y planicar. Sin embargo, los po-
sitivistas creen que el hombre no puede modicar sustancialmente
la sociedad, porque la misma es considerada similar a un organismo
biológico en el que todas las partes y sistemas se acoplan, funcionan
juntas, se necesitan y se interrelacionan”.
16 Como ya se dijo, en la lógica del discurso político positivista de siglo XIX y la mitad del siglo XX,
la barbarie estaba asociada a todas las manifestaciones culturales, identidades y modos de vida
autóctonos: de origen amerindio o de la negritud. Por estas razones, al decir de las elites en el
ejercicio del poder, debían ser superadas como condición necesaria para acceder a una forma
de vida moderna y civilizada, de ahí el conjunto de políticas públicas diseñadas para “occiden-
talizar” y “modernizar” a estos grupos considerados como atrasados. Por el contrario, la cultura
hegemónica de las sociedades euro-occidentales con impacto directo en el escenario mundial,
donde predominaba al mismo tiempo la etnia blanca y su concepción del mundo, eran el para-
digma de civilización que debía ser replicado en los países del Sur. Para un interesante estudio
al respecto se recomienda consultar: DE LA CRUZ RESTREPO, Tony Alberto (2008) Hendidura
y Fragmentos del África Negra en el Caribe Colombiano. Santa Marta (Colombia), Alcaldía de
Santa Marta/ Gobernación del Magdalena; también, REALES UTRIA, Adalberto (2008) El País
Caribe de Colombia. Barranquilla (Colombia), Editorial Galume.
77LEONARDO CALVANO CABEZAS
En resumen, para los positivistas de la época:
“a) La ciencia constituye un saber total y unitario. b) Los fenóme-
nos sociales deben ser estudiados por las ciencias físicas utilizando el
método empírico. c) La sociedad es un complejo organismo que se
encuentra en constante evolución. d) Este progreso no es lineal, sino
que se desarrolla en una sucesión alternativa de épocas… i) la trans-
formación de la sociedad será el proceso inevitable de la evolución
del capitalismo y del progreso social” (Albornoz, 2004: 222-223).
De esta manera, el positivismo fue una suerte de “faro luminoso” para
los políticos/intelectuales decimonónicos que transitaban por el arduo
sendero de la organización sociopolítica y económica de los nacientes Es-
tados-nación de la América meridional, en la etapa posbélica. Desde esta
perspectiva, el positivismo era además la expresión losóca-ideológica
del discurso liberal, de ahí que:
“Autores como Alberdi o Sarmiento, eran partidarios de un pro-
yecto político nacional-liberal que prestara decidida atención a los
aspectos socioeconómicos, y que pretendían que la intelectualidad
orientara su talento a ese proyecto y a esos aspectos, liberándose de
todo aquello que obstaculizara tales objetivos” (Sasso, 1998: 38).
La clave del éxito para el logro de una Latinoamérica próspera y avanza-
da ya no estaba en las coordenadas del aislacionismo hispánico erigido por
la monarquía católica, sino que implicaba el desarrollo de circuitos econó-
micos de agro-exportación, regionales e internacionales que conectaran a
las diferentes provincias con los grandes emporios del capitalismo mundial,
mediante la intensicación de intercambios comerciales que existían en las
ciudades puertos, como: Barranquilla, Cartagena, Buenos Aires, Maracaibo
y Montevideo, por mencionar algunas, sus pórticos preferenciales.
La política económica desarrollada por los nuevos gobiernos “sobera-
nos de la región” buscaba la inserción de las precarias economías locales
–no existe en el siglo XIX un mercado nacional consolidado por la ausen-
cia de vías de comunicación interregionales, entre otros factores–, con la
economía capitalista de libre mercado impulsada por Inglaterra primero,
y EUA después, relegando a nuestros espacios periféricos a la exporta-
ción de materiales primas e importación de capitales y diversos bienes de
78 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
consumo; esquema triangular por ser al mismo tiempo: económico-co-
mercial y nanciero que marca la pauta –aun hoy– en las economías la-
tinoamericanas, y acentúa las relaciones de dependencia centro-periferia,
imposibilitando en buena medida todo intento de desarrollo endógeno.
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1863 Y SU ESQUEMA FEDERATIVO DE GOBIERNO
Es de considerar que un contrato social realmente democrático requiere,
como condición de posibilidad, de un esquema federal de gobierno, que
democratice las relaciones asimétricas de poder político entre las diversas
regiones que componen a la nación –como totalidad dinámica– y la capital,
al tiempo que acerca los espacios direccionales de toma de decisiones a la
ciudadanía. No obstante, todo indica que las elites que ostentan histórica-
mente la rectoría del sistema político nacional se resisten a todo intento de
esquema federal de gobierno que menoscabe su apetencia de control de las
regiones y localidades de la geografía colombiana, espacios estos que –a su
entender– deben permanecer relegados en todo momento a los designios e
imperativos del proyecto nacional de carácter centralista–unitario.
Esta situación explica de forma coherente los conictos y tensiones que
se dan entre las elites regionales que, paradójicamente replican las prácticas
centralizadoras de poder en las capitales hoy departamentales, y la clase do-
minante nacional, representada por un grupo selecto de familias de abolen-
go. La consecuencia más destacada de este antagonismo de intereses locales,
regionales y nacionales se visualiza en las cruentas disputas sucedidas entre:
centralistas y federalistas, conservadores los primeros y liberales los segun-
dos, de forma casi ininterrumpida a lo largo del siglo XIX colombiano.
Según uintero (2008), al hablar de federalismo se debe diferenciar
entre descentralización política y administrativa que va de la mano con el
federalismo como forma de gobierno y, la desconcentración del poder po-
lítico, que se da como una modalidad más para enmascarar el centralismo
histórico; de cualquier manera:
“El análisis del Estado Federal nos conduce al estudio de la forma
de estado, instituida en los Estados Unidos de Norteamérica con la
constitución 1787, que permitió que una pluralidad de Estados in-
dependientes se integrase en una sola entidad estatal, dando origen
79LEONARDO CALVANO CABEZAS
a un solo sujeto de derecho internacional, que es precisamente el Es-
tado nacido de esa fusión de Estados participantes. El nacimiento
de esta forma de estado –Señala García Pelayo–, no respondía a un
esquema previo, sino a necesidades practicas: se trataba de buscar
una fórmula que hiciera compatibles la existencia de los Estados in-
dividuales con la de un poder dotado de facultades para bastarse por
sí mismo en la esfera de sus funciones” (Rivas, 2008: 254-255).
El proceso de formación del Estado Federal (originario) evoca a la me-
táfora del contrato social de Rousseau, en la cual un conjunto de ciudada-
nos libres y soberanos se organizaron para construir mancomunadamente
una estructura de poder político –El Estado–, que regulara el orden social
imperante mediante una autoridad vinculante, para lo cual inexorable-
mente tuvieron que ceder cuotas signicativas de sus libertades naturales
en benecio de la colectividad. A juicio de Zuluaga (2014), la alegoría del
contrato social está presente desde los orígenes mismos de las comunida-
des humanas y en tal sentido agrega que:
“Desde tiempos inmemoriales, toda comunidad humana, que es ne-
cesariamente una comunidad política, se ha visto obligada a resolver
un problema tan fundamental como inevitable: el que está referido
al ejercicio del poder público en ese conglomerado, entendido éste
poder como la facultad que tiene un órgano o un individuo para im-
ponerse, incluso por la vía de la fuerza, sobre las demás personas con
el n de asegurar un orden social mínimo” (2014: 101).
En la caso del Estado Federal, son precisamente los Estados independien-
tes quienes en un momento histórico determinado –tal como lo hicieron los
ciudadanos– ceden atribuciones y competencias como ejércitos y manejo de
relaciones internacionales independientes, para dar origen o una estructura de
poder mayor (el Estado Nacional republicano), con el ánimo de garantizar así
su independencia, prosperidad, soberanía y seguridad exterior, bajo el supues-
to de que “el todo es superior a las partes” y, en consecuencia, la unidad federa-
da o confederada le proporcionaba a los Estados asociados mayores benecios
que la atomización. Sin embargo, luego de lograda la unidad federativa, las
entidades que la conforman, siguen gozando –en teoría– de amplios niveles
de autonomía en muchos de sus asuntos políticos, administrativos, tributarios
80 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
y judiciales, de ahí que, el preámbulo del Acta de Confederación de las Pro-
vincias Unidas de la Nueva Granada, rmada el 27 de noviembre de 1811, se
formula precisamente sobre las provincias de la Nueva Granada que:
“…general, formal y solemnemente han proclamado sus deseos de
unirse a una asociación federativa, que remitiendo a la totalidad del
gobierno general las facultades propias y privativas de un solo cuer-
po de nación reserve para cada una de las provincias su libertad,
su soberanía y su independencia, en lo que no sea del interés co-
mún, garantizándose estas preciosas prerrogativas y la integri-
dad de sus territorios…” (Acta de Confederación de las Provincias
Unidas de la Nueva Granada, 1811: 19) (negritas añadidas).
En el caso de Colombia, la constitución política de 1863 fue un in-
tento interesante de creación de las condiciones jurídicas necesarias para
el logro de la superación del Estado centralizado, por una federación que
reconocía o intentaba reconocer, por una parte, el valor de las diversas
entidades regionales en la construcción de la nación imaginada y, por otra,
legitimaba de forma indirecta el derecho de las elites locales y regionales
para el gobierno de sus espacios, que, al n y al cabo, comprendían mucho
mejor por ser actores protagonistas de sus procesos históricos particula-
res, la mayoría de las veces con referentes identitarios, cosmovisión y mo-
dos de vida diferenciados a los del centro capitalino y su cultura andina,
en la que se despreciaba la multiculturalidad nacional. Especícamente el
texto constitucional señala en su artículo 1 lo siguiente:
“Los Estados soberanos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cun-
dinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima, creados res-
pectivamente por los actos de febrero de 1855 y 11 de junio de 1856,
13 de mayo de 1857, 15 de junio del mismo año, 11 de abril 1861, y
3 de septiembre del mismo año, se unen y confederan a perpetuidad
consultando su seguridad exterior y reciproco auxilio, y forman una
Nación libre, soberana e independiente, bajo el nombre de “Estados
Unidos de Colombia””(Constitución política de 1863: 303).
Este contrato social de carácter inter-regional generado al calor de las
guerras civiles del siglo XIX, pone en evidencia la fragilidad y el perl
efímero de los textos constitucionales, que más allá de lo avanzado de su
81LEONARDO CALVANO CABEZAS
contenido y principios proclamados con suma precisión literaria, estaban
determinados por los intereses de los factores hegemónicos que ostenta-
ban el poder político y económico; por estas razones, la constitución es
denida por nosotros, como la expresión jurídica de los intereses domi-
nantes y sus proyectos políticos particulares. Tal como lo demuestra el
siguiente comentario de Zuluaga (2014: 111):
“Baste para ello saber que desde ese año fundacional de la República
(1821), hasta el presente, hemos tenido nueve constituciones nacio-
nales que vienen a concluir con la actualmente vigente, expedida el
5 de julio de 1991. Ellas le han dado al menos cuatro nombres a la
República y han establecido diversas formas de Estado…”.
En este orden de ideas, González (2014) revela el sentido político de
las guerras civiles decimonónicas, en las que se articulaban alianzas y di-
visiones entre actores y factores de poder: locales, regionales y nacionales,
que impulsaban ajustes constitucionales a su medida. El carácter fragmen-
tado de la nación, según Gonzales (2014) evidenciado por la guerra, es
compensado por pactos y alianzas entre caudillos, jefes civiles, ciudades y
regiones, que representan cierta vinculación espacial entre las grandes ma-
cro-regiones que fragmentan al país y seguidamente, concluye, este autor
que, algunos acontecimientos bélicos como “La guerra de los supremos”
fortaleció las identidades locales y regionales de ciertas redes de ciudades,
que en la dinámica de las alteridades lejanas y cercanas preludiaban el sur-
gimiento de alguno de los departamentos creados posteriormente.
En denitiva, este texto constitucional destaca por su narrativa de cla-
ro reconocimiento a la garantía de los derechos individuales, tales como
los enunciados categóricamente en los distintos numerales de su artículo
15, donde se destaca: la inviolabilidad de la vida humana, el principio de
la libertad individual, el derecho a la propiedad, la libertad absoluta de
imprenta, la libertad de expresión, las libertades económicas y la igualdad,
que prohibía conceder privilegios o distinciones legales a ciertos indivi-
duos en detrimento de otros, todo lo cual iba allanando el camino para
el desarrollo de una democracia formal o al menos creaba expectativas ju-
rídicas al respecto, sin que se puede armar por ello que el pueblo llano
efectivamente gozaba de estos derechos en su vida cotidiana.
82 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
EL CONTRATO SOCIAL DE LA REGENERACIÓN: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1886
La constitución política de 1886, es la de mayor longevidad en la histo-
ria constitucional colombiana al permanecer vigente por más de una cen-
turia, aunque reformada en multiplicidad de ocasiones, vino a sustituir
a su antecesora de 1863, como consecuencia de la guerra civil. Por ello,
Ramírez (2015) expresa que:
“En todo caso la guerra de 1885 deniría el n de la carta constitucio-
nal de 1863 y el comienzo de la de 1886 como guía política del nuevo
régimen de la Regeneración. Una contienda bélica en la que la caída
del Radicalismo liberal le abriría el camino al nuevo régimen político
de la Regeneración Conservadora de 1885-1904…” (2015: 35).
Desde esta perspectiva, el poder constituyente más que residir en el
pueblo, está depositado –siendo sinceros– en los “señores de la guerra” que
tienen la capacidad de enmendar, reformar y cambiar el texto constitucio-
nal a su antojo, en función de los consuetudinarios conictos bélicos y sus
cruentas dinámicas de violencia que sustituyen desde el advenimiento de
la primera república, los mecanismos normales propios de las naciones ci-
vilizadas de gestión del conicto sociopolítico. Por ello, el contrato social
colombiano, al menos en este momento histórico, más que un pacto entre
ciudadanos conscientes de sus responsabilidades históricas en la construc-
ción de una nación avanzada y moderna para todos, es la consecuencia del
convenio que se da entre poderes fácticos y grupos de poder político y eco-
nómico que en nada representan el verdadero interés colectivo.
Por las razones aludidas, para entender la esencia de esta etapa del contrato
social colombiano signada por la constitución política de 1886, conviene revi-
sar los lineamientos del programa conservador diseñado en su momento como
reacción al programa liberal, por Eusebio Cano y Mariano Ospina Rodríguez,
que al parecer de Martín (2010) se condensa en los siguientes tres puntos:
“3. La moral del cristianismo y sus doctrinas civilizadoras contra la
inmoralidad y las doctrinas corruptas del materialismo y el ateísmo…
6. La propiedad contra el robo y la usurpación ejercida por los comu-
nistas, los supremos o cualquier otro…
7. La seguridad contra la arbitrariedad de cualquier género…” (2010: 74).
83LEONARDO CALVANO CABEZAS
En buena medida la constitución conservadora de 1886 donde se instau-
ra de nuevo un Estado unitario-centralizado, es la expresión jurídica de esta
concepción del mundo, que se estructura en la promisión de la moral cató-
lica-cristiana en el marco de un Estado confesional abiertamente no-laico,
la defensa de las propiedades de los Cacaos latifundistas, dueños de exten-
siones “obscenas” de tierras y, la seguridad, asumida como la negación de las
tensiones sociales producto del reparto desigual de los bienes de valores, que
condenaba y condena a buena parte de la sociedad colombiana a una vida
de precariedad material y que, en consecuencia, se transforma en el caldo de
cultivo para conictos de toda índole y “revoluciones” permanentes.
Este texto constitucional viene además a instaurar el contrato social de
la llamada Regeneración, de ahí que uno de los principales intelectuales
conservadores ultramontano de la época, Miguel Antonio Caro, quien
a su vez fuera promotor de esta carta magna, aboga, a juicio de Rubia-
no (2007), por un ordenamiento social regresivo: “…que une al mismo
tiempo la razón y la moral religiosa en aras de construir una organiza-
ción social perfecta –sin contradicciones ni contradictores–, además de
un Estado puricado de males, como igualmente unos ciudadanos eles y
obedientes” (2007: 143). En líneas generales, el movimiento de la Rege-
neración impulsado por el conservatismo mediante este texto, signicó la
construcción de un orden social en Colombia con base a criterios teológi-
cos y políticos medievales, con claros elementos conceptuales propios de
escolasticismo católico, todo ello como reacción a la constitución liberal
de Rionegro, de claro talante progresista para su momento:
“Como programa jurídico y constitucional, el derecho al servicio
de los postulados eclesiales y religiosos garantizaba la tradición co-
lombiana de la moral y propiciaba la puricación política de todos
los males, aquellos que fueron impulsados por los incómodos y mo-
lestos e impertinentes liberales radicales denominados del “Olimpo
Radical” que se convertían en soldados defensores de la Carta cons-
titucional de Rionegro de 1863” (Rubiano, 2007: 144).
En buena medida lo que explica este contrato social conservador sur-
gido en las postrimerías del siglo XIX, es precisamente su antagonismo
con la losofía liberal y sus textos constitucionales que abogaban por:
84 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
“Una moral, abstracta, racional, burguesa y moderna, complementados
con los ideales de desarrollo y progreso social, los cuales propiciaron el
derrumbe de los valores tradicionales, de las identidades colectivas y de
la constitución corporativa de la sociedad” (Rubiano, 2007: 157). Ahora,
lo fundamental para la Regeneración era retornar a la dinámica tradicio-
nal del orden social, caracterizado por una estructura vertical de poder y
de autoridad estamental, donde la política estaba supeditada a la religión.
En consecuencia, los procesos de modernización del Estado y la sociedad
secular eran juzgados como negativos porque se anteponían a las ideas
de jerarquía, subordinación y obediencia ciega que deben prevalecer en
los colectivos sociales como ejes transversales de una “vida decente,” esto
según los postulados del pensamiento conservador.
uizá la permanencia por 105 años de este texto constitucional que
sirvió de pedestal a un contrato social poco factible, tal como lo demues-
tran los altos índices de inequidad17 de la sociedad colombiana y los ho-
rrores de una guerra fratricida que marca como un estigma lacerante el
proceso histórico contemporáneo, desde la segunda mitad del siglo XX,
hasta la actualidad en Colombia, se debe al hecho de que esta constitución
no solo fue la expresión jurídica-política de los intereses y los privilegios
de la elite, sino que en buena media simbolizaba bien las representacio-
nes sociales de una nación pre-moderna que gusta de la cción discursiva
de una democracia formal y estable en el tiempo, en la cual, se supone
respetan los derechos fundamentales de la persona humana bajo los pa-
rámetros del imperio de Ley, pero que sin embargo, produce y reproduce
sistemáticamente las condiciones estructurales de la pobreza, la exclusión
y la violencia endémica que atentan en contra de la dignidad humana y
deshumanizan a la sociedad en su conjunto.
EL CONTRATO SOCIAL DEL BIPARTIDISMO EN EL SIGLO XX
El advenimiento del siglo XX en Colombia congura un sistema polí-
tico estampado por el predominio de los partidos políticos tradicionales
(liberales y conservadores), en el marco de una democracia representativa
17 Esta afirmación la hacemos con base al estudio internacional intitulado: INFORME DE LA RED
DE DESIGUALDAD Y POBREZA AUSJAL, donde se examina minuciosamente el panorama
85LEONARDO CALVANO CABEZAS
donde –haciendo un balance general– la sociedad civil y los ciudadanos de
a pie, tenían poco o ninguna incidencia en las decisiones trascendentales
que afectan, para bien o para mal, la vida nacional. Sin embargo, algunos
autores como Gechem (2009), destacan la utilidad de la acción partidista
para el desarrollo de la democracia colombiana, al indicar que:
“A pesar de estos altibajos, todos están de acuerdo al armar que la
“democracia es una de las bases esenciales de la vida nacional”, lo que
implica, por lo menos en teoría, que las organizaciones partidistas
jueguen un papel esencial en la vida política” (Gechem, 2009: 133).
Sin duda, se puede armar que estos dos partidos hegemónicos han logrado
en su devenir, altos niveles de institucionalización, razón por la cual, no pueden
ser estimados simplemente como plataformas electorales para caudillos y perso-
najes notables, aunque en algunas circunstancias se hayan prestado para ello. Los
partidos históricos (liberal y conservador) son instituciones políticas estructura-
das en base a clivajes –que denen diferencias sociopolíticas relevantes18– en sus
simpatizantes y militantes. Su propósito está orientado, en último término, al
mantenimiento de un contrato social que resguarda los derechos políticos y las
libertades civiles propias del orden republicano, al tiempo que descuidan el goce
y disfrute efectivo de los derechos económicos y sociales de las grandes mayorías,
derechos que son la esencia de una democracia sustantiva en el marco de lo que
signica la justicia social y la soberanía material de la persona, y que, además, se
expresan en la necesidad de desarrollo económico con inclusión social.
En consecuencia, el contrato social del bipartidismo en el siglo XX,
que ha transcurrido condicionado por el acontecer histórico nacional,
posee un décit en términos de una agenda social encauzada al logro de
la equidad y la tan anhelada justicia social necesaria para el desarrollo a
latinoamericano de los mercados laborales, pobreza y desigualdad desde un enfoque de Dere-
chos Humanos. Como es de suponer, este documento digital posee valiosa información sobre el
caso colombiano en términos de su contexto económico y social actual. Disponible en línea. En:
http://ausjal.org/wp-content/uploads/Informe-Pobreza-2017.pdf
.
18 Gechem (2009), explica que los partidos políticos tradicionales surgen de la articulación de
grupos regionales que poseen identidad de intereses. “Por ejemplo, el Partido Liberal estaba
compuesto por comerciantes y artesanos que por primera vez hacían parte del panorama po-
lítico, propugnaban una separación del Estado y la Iglesia, el libre cambio y el federalismo. El
Partido Conservador, por su parte, estaba compuesto por los grandes terratenientes, el clero y
las familias tradicionales del país” (2009: 134-135).
86 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
escala humana; de ahí que, en la primera mitad del siglo XX, la gura
emblemática de Jorge Eliecer Gaitán luchara por la construcción de un
sistema democrático que articulara –en igualdad de condiciones– la de-
mocracia procedimental con la democracia de resultados, es decir, un sis-
tema solidario donde se minimizaran las ruidosas asimetrías sociales que
son la expresión, de las desiguales relaciones de poder entre el pueblo y la
oligarquía. En tal sentido, el caudillo liberal señala en su célebre Mani-
esto del Unirismo de 1933, las claras coincidencias que se daban entre
liberales y conservadores:
“–Hoy la actividad política no se asienta, repito, sobre los postulados
losócos, en donde sí se diferenciaban las grandes fuerzas históricas:
conservatismo y liberalismo, sino en problemas diversos: el económi-
co y social. Y en estos, liberales y conservadores dirigentes se hallan
de acuerdo. De ahí el enorme desconcierto y la confusión de ideas.
Con diversos rótulos que antes correspondían a diversos contenidos,
pugnan dos fuerzas en el fondo absolutamente iguales; de ahí que la
política y el cambio de los partidos se reduzcan a simple posesión del
gobierno, a simple cambio burocrático” (Gaitán, 1933: 136).
Desde su percepción, ambos factores de dominio (liberales y conser-
vadores), coincidían en la necesidad de resguardar el contrato social impe-
rante, como condición de posibilidad para permanecer en el ejercicio del
poder y garantizar con ello los privilegios de casta que dotan a ciertos gru-
pos, personas y familias de una posición de primacía y autoridad en el orden
político, económico, social y cultural en detrimento de la voluntad general
de la nación; de ahí su apuesta por la ideología socialista como herramienta
radical de transformación de esa realidad oprobiosa, que le costaría su vida;
con lo que se demuestra –a nuestro entender– que las elites colombianas no
permitirán la emergencia de un liderazgo político novedosa que cuestionara
y, mucho menos, afectara el funcionamiento del statu quo.
En efecto, la síntesis más elaborada del contrato social bipartidista se
expresa, en el Frente Nacional, que se formula en su momento como un
acuerdo marco para la gobernabilidad en función del predominio institu-
cional de los suscriptores del mismo, al tiempo que naturaliza el biparti-
dismo como sistema político dándole validez legal. Para González (2014),
87LEONARDO CALVANO CABEZAS
El Frente Nacional fue en buena medida un acuerdo en el que se conjugan
varios temas no resueltos en la historia de Colombia, como las diculta-
des para integrar a las periferias a la dinámica de modernización nacional,
así como darle repuesta adecuada a la insurgencia devenida por el asesina-
to de Jorge Eliezer Gaitán en 1948. En su intento de caracterización de
este acuerdo, señala:
“El ambiente antes descrito, el cansancio frente a la violencia gene-
ralizada y el reforzamiento de las identidades partidistas, explican
el clima bastante optimista con que se recibieron las políticas del
frente nacional y el apoyo abrumador que tuvo el plebiscito que le
dio origen. En este sentido, hay que reconocer que el frente nacional
signicó un cambio importante para la vida política del país y para
las relaciones entre los partidos tradicionales y las iglesias, al cance-
lar la confrontación violenta entorno a la competencia burocrática
y electoral en los niveles nacional, regionales y locales y civilizar la
competencia política” (González, 2014: 317).
El objetivo fundamental de los gobiernos del Frente Nacional era ac-
tualizar el contrato social a los rigores del conicto bélico desarrollado
entre las fuerzas del Estado y la insurgencia de extrema izquierda, que de-
cía representar los intereses silenciados por la violencia ejercida contra los
pobres, marginados y excluidos del país. Empero, tal como bien lo explica
Paredes y Díaz (2007: 189): “Más que buscar un alivio a los brotes insu-
rreccionales y violentos surgidos permanentemente en el país, los dirigen-
tes políticos intentaban asegurar su no exclusión del poder por gobiernos
militares.” Igualmente, las reformas sociales experimentadas por las polí-
ticas públicas del entismo, no lograron mitigar las causas estructurales de
la conictividad política y social, reforzadas por la denegación sistémica
del derecho a la paz y la prosperidad de los estratos populares. Además, el
Frente Nacional personicó un gran retroceso en la concepción democrá-
tica del poder al instaurar un sistema bipartidista que: “Prohibía expre-
samente la existencia de partidos políticos distintos de los ociales, que
no admiten, por cierto, scalización alguna” (Paredes y Díaz, 2007: 189).
En denitiva, los conceptos y prácticas del contrato social del bipar-
tidismo en el siglo XX, conguraron una realidad que se mantuvo cons-
88 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
tante a lo largo del siglo, determinada por altos índices de desigualdad
social, violencia extendida y predominio político de partidos que mal re-
presentaban el verdadero sentir colectivo de prosperidad, justicia y reco-
nocimiento de los legítimos intereses, mandatos y aspiraciones de la socie-
dad civil. Es precisamente este escenario de descontento endémico el que
impulsa la renovación del sistema político y social con la promulgación
vía Asamblea Nacional Constituyente de la constitución política de 1991
y su consecuente contrato social en ciernes.
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 1991 Y SU MODELO SOCIO-POLÍTICO
La Asamblea Nacional Constituyente impulsada por el movimiento con-
tra-hegemónico denominado “la séptima papeleta”, que irrumpe del seno de
las Universidades de la mano con la sociedad civil organizada en la última dé-
cada del siglo XX, produce en una compleja dinámica de disensos y consen-
sos la Constitución Política de 1991, en la que se sintetizan dialécticamente
distintas corrientes del pensamiento político y jurídico. Indudablemente este
texto constitucional trae con su promulgación reveladores aportes a la demo-
cracia colombiana y su entramado institucional, tales como: la instauración
del Estado Social de Derecho, el Estado laico, el reconocimiento del bloque
de constitucionalidad y el amparo constitucional, entre otros.
La constitución política de 1991 surge o in-surge en un escenario his-
tórico de clara erosión de los actores políticos tradiciones y del sistema
político-institucional, en general, de la mano con un sentimiento gene-
ralizado de anti-política y desconanza por parte de la ciudadanía ante la
impronta de un contrato social acabado, que había perdido toda capaci-
dad para cumplir con sus propósitos de legitimidad por desempeño, los
cuales se resumen para el momento en: neutralizar a los factores violentos
que dislocaban la paz social, proporcionar a la sociedad en general unas
estructuras mínimas de bienestar material y anímico, recrear espacios de-
mocráticos para la formación de ciudadanía, así como impulsar un repar-
to más equitativo del ingreso nacional, al menos en los segmentos más
afectados por la guerra y la exclusión, que propendiera a la desconcentra-
ción del poder político y económico capturado por la clase dominante
desde el advenimiento de la república.
89LEONARDO CALVANO CABEZAS
Ante esta profunda crisis –objetiva y subjetiva– generalizada de na-
les del siglo XX, la constitución política de 1991 encarnaba un ejercicio
colectivo de rebeldía jurídica y desobediencia cognitiva, ante los saberes
tradicionales que daban forma y contenido al constitucionalismo histó-
rico, al tiempo que creaba todas las situaciones necesarias para la estruc-
turación paulatina de un renovado contrato social en Colombia, que está
actualmente en desarrollo. Empero, se debe claricar que el acto formal de
promulgación de un nuevo texto constitucional no signica per se la crea-
ción, en la realidad concreta, de un nuevo contrato social en función de
los intereses de las clases subordinadas, ya que es bien sabido que las elites
de poder poseen a sus disposición aparatos de enajenación social que, en
una suerte de “realismo mágico” sustituyen en los imaginarios de las masas
sometidas, la realidad fatídica por las expectativas formales y discursivas
que casi nunca llegan a concretarse en cambios cualitativos concretos.
Esta operación es denida por Ramírez (2015), como un ejercicio de feti-
chismo constitucional consistente en suplantar las relaciones concretas de
la vida social y política por las ideas y conceptos normativos de carácter
constitucional, como si estos tuvieran la potestad de cambiarlo todo en un
fugaz lapso temporal. A pesar de todo, en palabras de Zuluaga (2014), la
constituyente de los noventas reconoció la presencia de otras expresiones
sociales hasta entonces invisibles en la arena política. Y, en denitiva, iba
a suponer la ruptura del histórico modelo bipartidista que imperaba en el
país y que había sido tan acentuado por el Frente Nacional.
El modelo socio-político que impulsa este texto constitucional se sirve
de un sistema axiológico progresista que se patentiza desde del preámbulo
del texto, cuando se arma que:
“En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegata-
rios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección
de Dios, y con el n de fortalecer la unidad de la nación y asegurar a
sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igual,
el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico,
democrático y participativo que garantice un orden político, econó-
mico y social justo, y comprometido a impulsar a impulsar la inte-
gración de la comunidad latinoamericana…” (1995: 595).
90 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
Aunque estos principios rectores distan mucho de ser, al día de hoy,
una realidad colectiva irreversible, mucho se ha avanzado bajo la orienta-
ción de este texto constitucional, que perla una democracia participativa
donde, al mismo tiempo, se invita a la ciudadanía a tomar partido en la
construcción de una Colombia de paz y prosperidad para todos y se crean,
igualmente, algunas condiciones y dispositivos jurídicos e institucionales
para tal n; de ahí que podamos pensar entonces que esta carta magna
simbolizó el inicio de un nuevo o renovado contrato social diferente al
creado y desarrollado desde la ruptura con los nexos coloniales, por las
ocho constituciones precedentes y sus múltiples enmiendas y reformas.
Con todo, aún falta mucho por hacer tal como lo indica el conjunto y
problemas de interés nacional que siguen pendientes y, por las limitaciones
de este trabajo no viene al caso enumerar; de tal suerte, razón tiene Zuluaga
(2014), cuando expresa que la autonomía regional es otra de las grandes
frustraciones del proyecto de país de 1991 al seguir imperando el centra-
lismo avasallante. De cualquier manera, la constitución como concepto es
solo una declaración de principios y buenas intenciones en tanto no se creen
y ejecuten las políticas públicas necesarias en el nivel local, regional y nacio-
nal, que hagan de las expectativas de derecho creadas en la opinión pública,
una realidad tangible para la sociedad en su conjunto y los grupos más vul-
nerables en particular19, situación que por sí misma trasciende las posibili-
dad del constitucionalismo histórico al ser un problema multidimensional
concerniente a la cultura política, el liderazgo y, en suma, la dinámica de
poder junto a sus prácticas y rituales, individuales y colectivos, que en los
dominios de: lo político, económico, ideológico y epistemológico edican
intersubjetivamente los mundos de vida y sus imaginarios colectivos que
tenemos y que queremos superar en pro del logro de una vida menos injus-
ta, cruel y violenta, que implique denitivamente el dar un “salto cuántico”
para llegar a una fase cualitativamente superior de nuestra historia nacional.
19 En este trabajo se defiende la necesidad de trasvasar la concepción antropocéntrica del derecho
y la política propia del discurso humanista que se limita a revindicar al ser humano. Pensamos
que es tiempo ya de promover un planteamiento “bionista” centrado en la urgencia de hacer
política para dignificar la vida en general, por ello, cuando hablamos de grupos vulnerables no
nos referimos únicamente a los seres humanos, sino que incluimos también a los “perritos” en
situación de calle y tantos otros seres vivos que padecen cotidianamente las contradicciones de
un sistema indolente que naturaliza e invisibiliza su sufrimiento.
91LEONARDO CALVANO CABEZAS
EPÍLOGO
Revelar la naturaleza del contrato social estructurado por las elites po-
líticas en el ejercicio del poder en Colombia, implicó, un primer acerca-
miento a la formación discursiva de este fenómeno trascendental en la
existencia de toda sociedad humana. En los poco más de doscientos años
de vida republicana, el contrato social imperante con su consecuente ex-
presión jurídica de ocho constituciones y sus múltiples enmiendas y refor-
mas, más allá de sus cambios aparentes, se caracteriza –como ya se reveló–
por un conjunto de ideas de anclaje, entre las que destacan:
• Conguración de un sistema político democrático en lo procedimen-
tal, plagado de contradicciones en términos de justicia social y equidad
en los repartos colectivos de valores.
• Establecimiento de un sistema económico capitalista que concentra
riqueza, bienestar y privilegios en un sector muy reducido de la nación,
de cara a la promoción desmedida de intereses trasnacionales.
• Producción y reproducción continua de la violencia política en sus va-
rias expresiones en detrimento de la paz social.
• Instauración de un modelo interpretativo de la realidad (ideología) al
servicio de los grupos de poder que naturaliza la desigualdad social y
los abusos del poder y;
• Como consecuencia de lo anterior, organización de un modelo so-
cial no-factible en lo concerniente a gobernanza y gobernabilidad, tal
como lo demuestra el prolongado conicto bélico entre el Estado y los
diversos poderes fácticos que se disputan históricamente el dominio
de espacios y circuitos económicos vinculados a múltiples actividades
al margen de la ley.
Todo indica que el agotamiento del contrato social histórico está siendo
sustituido paulatinamente por el formulado en el texto constitucional de
1991, la novena constitución nacional. En este documento se proclama, al
menos discursivamente, la creación de un Estado social de derecho en el
marco de una democracia participativa que impulsa el protagonismo de la
ciudadanía en los asuntos políticos y que, al mismo tiempo, intenta crear
o recrear un nuevo modelo socio-político con base a la preminencia de los
92 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
Derechos Humanos, tal como se lee en su preámbulo, claro está, todo ello
en la lógica de la economía de mercado. Algunos acontecimientos objetivos
de la historia reciente, tales como: los acuerdos de La Habana suscrito por
las FARC-EP y el gobierno nacional para el logro de una paz estable y dura-
dera y, la reducción de la pobreza en la región (Grynspan, 2016), nos hacen
pensar que es el momento preciso para generar, desde la academia, un pro-
ceso de investigación, debate y discusión encaminado a diseñar las bases de
un nuevo o renovado contrato social que tenga por lo menos los siguientes
objetivos generales:
• Elevar signicativamente los niveles de calidad de vida y bienestar so-
cial de todas las personas.
• Impulsar un sistema educativo que sea capaz de formar ciudadanos de
pensamiento crítico dispuesto a ser los soberanos de su propia vida.
• Hacer de la dignicación de la vida en general el eje transversal de las
políticas públicas.
• Democratizar las relaciones sociales de producción en el marco de una
economía mixta, donde la reproducción del capital social y el desarro-
llo a escala humana, sea lo fundamental.
• Liberar a la ciudadanía de sus relaciones clientelares con los factores
políticos tradicionales que niegan, de una forma u otra, toda expresión
de dignidad humana.
• Articular voluntades para el logro de una paz social permanente que se
traduzca en benecio de una vida de oportunidades para el desarrollo
integral de las potencialidades humanas, ya no solo para la elite.
• Socializar el uso de tecnologías limpias que hagan del desarrollo sus-
tentable una realidad concreta, en el marco de una responsabilidad
compartida entre los agentes económicos, la ciudadanía y el Estado.
Más que un ejercicio teórico de reingeniería sociopolítica, este con-
trato que se comienza a perlar debe ser capaz de aportar soluciones al
desafío del momento histórico actual, distinguido por un panorama pro-
blemático común a Latinoamérica, que Grynspan (2016) resume de la
manera siguiente:
93LEONARDO CALVANO CABEZAS
“La región llega a este entorno con desafíos centrales que no se aborda-
ron durante el auge. Ejemplo de ello es la deciente calidad del empleo,
el rezago respecto de otras regiones en la productividad, el reducido
nivel de inversión en investigación y desarrollo, la baja participación
en cadenas globales de valor, la limitada expansión del crédito produc-
tivo producto de la escasa diversicación productiva. Además, pese a
sus mejores indicadores sociales como la incidencia de pobreza y el
nivel de desigualdad se mantienen en niveles aun elevados, y persisten
rezagos relacionados con el proceso hacia la universalización de los
sistemas de seguridad social para procurar un nivel mínimo de protec-
ción contras los riesgos individuales y sistémicos” (2016: 26).
Visiblemente estas problemáticas no pueden ser abordadas como la
consecuencia de una mala gestión en especíco, o una cadena desafortu-
nada de malas gestiones en el aparato dirección del orden social, son –en
esencia–, como hemos argumentado, la consecuencia de un modelo social
agotado que ha privilegiado los intereses privados de una clase dominan-
te (Los Cacaos) en detrimento del verdadero interés general de desarrollo
integral de la nación, bienestar material y democracia sustantiva, lo que
demanda en consecuencia, la construcción colectiva de una nueva realidad
que dignique la vida en todas sus manifestaciones, al tiempo que invente
nuevas formas de relación (Estado–sociedad–elites) para romper deni-
tivamente los dispositivos de dominación y sometimiento presentes en la
cultura política y las acciones –individuales y colectivas– que reproducen
las contradicciones sistémicas aun sin proponérselo. Simplicando los di-
lemas, ya a no se trata de civilización vs barbarie, capitalismo vs socialismo,
sino de construcción de un contrato social de la dignidad vs el modelo he-
gemónico de obstrucción al perfeccionamiento armónico de la vida.
CAPÍTULO IV: FUNDAMENTOS POLÍTICOS Y
CRITERIOS GENERALES PARA LA ELABORACIÓN
DE UN NUEVO O RENOVADO CONTRATO SOCIAL
EN COLOMBIA EN LA ESCENA DEL SIGLO XXI
EXORDIO
Este capítulo de cierre tiene por objetivo delinear los fundamentos po-
líticos y criterios generales para la elaboración de un nuevo o renovado
contrato social en Colombia en la escena del siglo XXI, propósito que
se materializa, desde nuestro punto de vista, en la confección teórica y
la articulación de cuatro propuestas concretas en al menos las áreas de:
a) política, b) economía, c) sociedad, educación y cultura y, e) ecología.
Cada una de estas propuestas implica un ejercicio de reexión crítica que
tiene en la realidad colombiana su punto de partida y razón de ser, lo que
no limita su aplicación a otras realidades similares de países meridionales
que, al igual que Colombia, padecen las consecuencias, tensiones y pro-
blemáticas generadas por la implementación histórica de un contrato so-
cial poco o nada viable, destinado al colapso y la precarización de la vida.
Pensamos que el propósito de impulsar un nuevo o renovado contrato
social no involucra obligatoriamente un acto trascendental de conciencia
lúcida al estilo de los grandes sistemas losócos de la modernidad, a lo
sumo, sencillamente demanda, de la capacidad estratégica necesaria para
articular un conjunto de pensamientos, ideas y propuestas formuladas en
su momento por intelectuales orgánicos y pensadores de avanzada que,
más allá de su sello particular y su rotulo ideológico, coinciden en la nece-
sidad de intervenir la realidad para construir desde las bases una sociedad
96 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
diferente a la actual donde prevalezca la solidaridad, la conanza, la equi-
dad y la justicia, ya no como utopía irrealizable, sino como fundamento
lógico para el logro de mejores espacios de convivencia humana y ciuda-
dana, como sería el caso en una democracia participativa e incluyente que
se ufana de la racionalidad y potencial tecnológico actual de la civilización
para transformar el mundo.
En efecto, la puesta en marcha de un nuevo o renovado contrato social
signica crear o recrear las bases epistemológicas que, en la teoría y en la
realidad, puedan lograr un equilibrio perdurable entre el modelo econó-
mico y político, presente y futuro, para resguardar la dignidad humana
como núcleo básico de todo sistema político y social ilustrado, incluso
a contravía de los intereses de poder de las élites políticas y corporativas
que se aferran al orden de cosas existentes como garantía de sus privilegios
particulares. Aún más, el nuevo contrato social que se propone involu-
cra la necesidad de superar el discurso antropocéntrico para dar cabida a
una concepción bio-céntrica de la vida que no solo pretenda revindicar y
emancipar a las personas en situación de emergencia social, sino también,
a todas las formas de vida que hacen posible el equilibrio biodiverso sin el
cual no habría sustancia viviente en la tierra (bionismo).
La discusión sobre el modelo de sociedad que se quiere construir inter-
subjetivamente es, concretamente, la discusión que demanda con premura
el tiempo histórico actual para democratizar el acceso a las oportunidades
de crecimiento personal y colectivo que ofrece la sociedad moderna, al
tiempo que recupera la esperanza en la idea de una “vida buena” basada
en la posibilidad efectiva del logro generalizado de unos niveles mínimos
de bienestar en lo material y espiritual, en el marco de una losofía ar-
mada en el reconocimiento del otro como garantía del bienestar propio
y, como fuerza para superar denitivamente el estado de necesidad impe-
rante, que no es en ningún caso el resultado de un orden natural, sino la
consecuencia directa de un sistema (neoliberal o Estatista según el caso),
que excluye, margina y oprime a buena parte de la sociedad en nombre de
una democracia y unas leyes que son la expresión exclusiva de los intereses
de los poderosos en detrimento de la mayoría ciudadana.
97LEONARDO CALVANO CABEZAS
PROPUESTA POLÍTICA
Según Fleitman (2012), una propuesta política es la oferta que elabora
cada partido, movimiento político o candidato que aspira a ganar la simpatía
popular y alcanzar su preferencia en el sufragio para acceder a un cargo públi-
co. Además, señala que la propuesta debe ser congruente con las necesidades
y demandas del contexto donde surge, al tiempo que en lo esencial debe guiar
el programa de gobierno una vez que el candidato alcance el poder, sin alterar
los principios y valores que lo identican a él y a su organización de referencia.
Desde nuestra percepción, la política engloba de alguna manera to-
das las dimensiones de la vida social, de esta manera el sistema político
se perla como el sistema rector que direcciona el funcionamiento de los
otros sistemas existentes en una realidad determinada, dado que es en la
dimensión política de la vida donde se toman las decisiones vinculantes
que, para bien o para mal, orientan el rumbo de una colectividad en su
devenir histórico. Por ello, para los nes concretos de este apartado, se
entiende por propuesta política aquella que en esencia se encarga de los
asuntos vinculados a las relaciones de poder en la triada: Estado, elites y
sociedad civil, determinando las formas de organización socioeconómica,
gestión de conictos y administración de recursos, entre otros aspectos de
los que ya nos hemos pronunciado en apartados anteriores.
Básicamente, más que una propuesta política en términos de un programa
de gobierno contentivo de: planes, proyectos y políticas públicas para resolver
especicas problemáticas, se exponen un conjunto de ideas marco que, tienen
como n último rebasar al orden de cosas existente para impulsar un contrato
social caracterizado por, una serie de principios rectores como la solidaridad,
más da allá de su expresión romántica, tomada como herramienta de convi-
vencia que da cuenta de una protección efectiva e imperativo evolutivo, en el
cual, los ciudadanos conscientes se asocian de forma voluntaria para gestionar
y resolver problemáticas individuales y colectivas que, de una u otra forma,
terminan por afectar a la comunidad en su conjunto, traspasando para ello las
políticas de los entes de gobierno, si es necesario.
El núcleo de este modelo o propuesta política es la persona humana,
en función del reconocimiento de su innito potencial crítico y creativo
98 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
para impulsar procesos de mejora continua de su realidad, procesos sin los
cuales la humanidad estaría anclada en la repetición de las mismas prác-
ticas y procedimientos de forma recurrente con su saldo consecuente de
inmovilidad histórica que en nada aportarían al avance de la civilización.
Por estas razones, la búsqueda de mejores formas de convivencia se cons-
tituye en una necesidad social de primer orden.
La nalidad de esta propuesta política encausada al posicionamiento
de un nuevo contrato social, es como ya se dijo, la estructuración de un
sistema político que se expresa en un modo de vida al servicio de la dig-
nidad humana en particular y, de la dignidad de, al menos, las formas de
vida superiores en general; esto es, un sistema político al servicio de la
vida, sensible y dispuesto a intervenir en todo momento para minimizar
el sufrimiento de todo los seres vivos en condición de vulnerabilidad, al
tiempo que se esfuerza por ofrecer oportunidades de crecimiento y eman-
cipación para el individuo y por extensión para la comunidad en su con-
junto, que se compone de la articulación dialéctica de todas las personas
y, en particular, de aquellas que están dispuestas a participar activamente
en la construcción de su realidad, asumiendo su responsabilidad histórica.
Al decir de Matha Nussbaum, lósofa norteamericana enmarcada en la tra-
dición liberal libertaria de John Rawls y Amartya Sen, el compromiso funda-
mental de cualquier ordenamiento político consiste en proporcionarle a todas
las personas un umbral mínimo de oportunidades que le permitan el desarrollo
de sus capacidades centrales y funciones inherentes, lo que signica, más espe-
cícamente, la posibilidad efectiva de edicar un proyecto de vida decente en
el marco de lo que los individuos pueden llegar a “ser y hacer”. Para esta autora,
las capacidades centrales se denen como las habilidades y destrezas: cogniti-
vas, afectivas y procedimentales que en su conjunto apuntalan el proceso del
desarrollo humano. Desde su concepción, estas son las 10 capacidades básicas:
1. Vida. Poder vivir hasta el término de una vida humana con duración
normal, no morir de forma prematura o antes de que la propia vida se
vea tan reducida que no merezca la pena vivirla.
2. Salud física. Poder mantener una buena salud, incluida la salud reproductiva;
recibir una alimentación adecuada; disponer de un lugar apropiado para vivir.
99LEONARDO CALVANO CABEZAS
3. Integridad física. Poder desplazarse libremente de un lugar a otro;
estar protegidos de los ataques violentos, incluidas las agresiones se-
xuales, y para la elección en cuestiones reproductivas.
4. Sentidos, imaginación y pensamientos. Poder utilizar los sentidos, la
imaginación, el pensamiento y el racionamiento, y hacerlo de un modo
“verdaderamente humano.”
5. Emociones. Poder sentir apego por cosas y personas externas a nosotros
mismos; poder amar a quienes nos aman y se preocupan por nosotros.
6. Razón práctica. Poder formarse una concepción del bien y reexionar
críticamente ante la propia vida.
7. Aliación. Poder vivir con y para los demás, reconocer y mostrar inte-
rés por otros seres humanos, participar en formas diversas de interac-
ción social.
8. Otras especies. Poder vivir una relación próxima y respetuosa con los
animales, las plantas y el mundo natural.
9. Juego. Poder reír, jugar y disfrutar de actividades recreativas.
10. Control sobre el propio entorno: a) Político. Poder participar de
forma efectiva de las decisiones públicas que gobiernan nuestra vida.
b) Material. Poder poseer propiedades (tanto muebles como inmue-
bles) (Nussbaum, 2015).
Es de considerar, sin embargo, que Nussbaum (2015), maneja una po-
sición crítica ante la impronta de la losofía contractualista, ya que supo-
ne –en su opinión– es un enfoque excesivamente estructural que excluye
de su narrativa fundacional a las personas con alguna discapacidad, que al
poseer limitaciones de razonamiento no estaban en condiciones de par-
ticipar en las acciones deliberativas que dieron vida y forma al modelo
social al que pertenecen y, que en consecuencia, inivisibilizan sus intere-
ses especiales. De cualquier manera, sus argumentos representan una guía
útil para visualizar el andamiaje político que se necesita lograr, aunque no
compartamos el sentido de sus diatribas, toda vez que el contrato social es,
llanamente, una metáfora o alegoría que busca legitimar el origen de las
sociedades políticas en el consenso y la voluntad ciudadana.
100 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
Por otro lado, se apuesta por una democracia participativa y protagóni-
ca, enunciada como principio constitucional en la carta magna de 1991, que
no solo se enfoca en su accionar en la promulgación de derechos políticos
y libertades civiles, sino que, al calor de la promulgación de la noción de
Estado social de derecho y de justicia, impulsa –en teoría– la condiciones
materiales de efectividad para que las personas sin ninguna distinción pue-
dan tener –más allá del fetichismo y la reicación constitucional típica del
pensamiento formalista–, una vida decente. En sentido estricto, nos referi-
mos a la democracia sustancial que, como bien señala Charry (2017):
“…se trata de la realización de un valor, en el sentido de lograr la igual-
dad de oportunidades y de acceso a los servicios públicos. No se trata
sólo de la igualdad de oportunidades en la competencia por los cargos
de poder, sino de la igualdad de oportunidades en la competencia por
el bienestar social y el éxito económico. Entonces, se deben considerar
el acceso a los servicios domiciliarios, a la familia, a la salud, a la educa-
ción, y a la libre competencia económica” (2017: s/p).
De lo que se trata ahora es de poner en marcha, más allá de la retórica
política e intelectual, una democracia para el siglo XXI que esté acorde
con las necesidades, exigencias, demandas y aspiraciones legítimas de la
gente común; y, a su vez, que le empodere sistemáticamente para hacerla
autónoma y soberana de su vida, logrando para ello incluir estas deman-
das en la agenda gubernamental. Obviamente, esta situación perla un
sistema político encausado a minimizar las asimetrías sociales que repro-
ducen las relaciones asimétricas de poder que se traducen en todo tipo de
desigualdades y exclusiones. Es de considerar asimismo que, el propósito
de este sistema político no es imponer una igualdad social absoluta, tal
como en su momento la impuso el marxismo en las naciones que experi-
mentaron el socialismo real, cosa que como bien explica Stiglitz (2016),
reduce los incentivos para el logro de la movilidad y el ascenso social; pero
sí, congurar un nuevo orden en el cual la minoría no monopolice el ac-
ceso a los bienes y servicios básicos, tales como: educación superior, salud
de avanzada y espacios laborales de confort, entre otros.
El hilo conductor de esta propuesta se centra en la producción y repro-
ducción de un ciudadano activo y transformador, dispuesto en todo mo-
101LEONARDO CALVANO CABEZAS
mento a multiplicar la conciencia crítica en la colectividad, con el ánimo
de suscribir voluntariamente un nuevo contrato social que implique, en
cada lugar y momento de la geografía colombiana, la creación continua de
consensos a través del diálogo y la concertación para: por una parte, supe-
rar los obstáculos que se interponen al logro del desarrollo a escala huma-
na; y, por el otro, entrelazar los reinos de las soberanías individuales en la
moldura superior de la “voluntad general” que integre una fuerza política
transformadora para el autogobierno real de la sociedad civil organizada,
más allá de las desgastadas formas de representación política que termi-
nan por traicionar, en muchos casos, la esperanza en una vida mejor, de
inclusión, solidaridad y bienestar colectivo que tantos anhelan. Cuestión
que no debe confundirse con una suerte de retorno a la democracia direc-
ta de los antiguos, sino a la participación activa del liderazgo una cultura
política realmente democrática y libertaria.
Adicionalmente, el nuevo contrato social demanda en lo político y
económico la conguración de un orden mundial diferente, ya que sería
ilusorio pensar que la soberanía de un Estado Nacional “westfalino” y pe-
riférico como el colombiano sería suciente, incluso con una vanguardia
esclarecida en el ejercicio del poder, para impulsar un contrato social a
contravía del planteamiento neoliberal hegemónico a nivel mundial. Por
estas razones, nuestra propuesta requiere como condición de posibilidad
la alianza estratégica de todas las naciones que forman parte de la civiliza-
ción latinoamericana, tal como ya se hizo para consumar la ruptura con
los nexos coloniales en el siglo XIX. Comprensiblemente, la formulación
de la estrategia para materializar este cambio de modelo, supera por mu-
cho el alcance de este trabajo.
Sin embargo, se sabe de antemano que el nuevo contrato social será el
resultado de una alianza estratégica entre la ciudadanía activa y empode-
rada, por una parte, y de un equipo de estatistas preclaros, por la otra, con
capacidad para analizar y congurar un conjunto de presiones internacio-
nales en una dirección coherente y alineada al verdadero interés nacional.
Todo lo cual funcionará en la medida en que se construya un puente sóli-
do entre la brecha que separa la sociedad y el liderazgo político en posicio-
nes de poder (Kissinger, 2016).
102 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
PROPUESTA ECONÓMICA
En la actualidad, existen un conjunto de propuestas formuladas des-
de los parámetros de la economía alternativa que pretende, de diversas
maneras, superar los excesos y limitaciones del neoliberalismo y, de los
modelos próximos a la planicación central de la economía. Se busca de-
sarrollar una economía mixta centrada en la construcción de una sociedad
del bienestar, en la que se conjuguen las iniciativas privadas con la inter-
vención estatal para regular los desequilibrios del mercado y, al mismo
tiempo, resguardar a largo plazo la armonía medio ambiental en el marco
de un desarrollo sostenible centrado en la satisfacción de las necesidades
humanas y la armación de la vida, en todas sus expresiones20.
En este sentido, entre las “fórmulas” más destacadas aplicables a Colombia
se encuentran: la economía social de mercado y el desarrollo a escala humana
de Manfred Max Neef, entre otras. Más que una adaptación mecánica y acrí-
tica de estos planteamientos a la realidad económica colombiana, se propone
en estas líneas, una revisión sinóptica de las mismas. Por lo demás, Colombia
es un país que padece una profunda desigualdad social, de hecho, en el 2017
según cifras del PNUD citadas por el Tiempo (2017), pasó al octavo lugar
entre los países más desiguales del mundo, aunque ha logrado reducir en la
última década los índices de pobreza multidimensional, como lo evidencia los
5 millones de personas que salieron de la pobreza extrema (Portafolio, 2017).
Esencialmente, la economía a escala humana se centra en sus postula-
dos teóricos en satisfacer las necesidades humanas y dotar de contenido
social a todas las prácticas y relaciones económicas, desde lo micro hasta
lo macro, bajo el supuesto de que la acumulación del capital per se en el
1% de la sociedad, como bien lo reere Stigliz (2015), se constituye en
un evento global éticamente reprochable, que condena trágicamente a las
grandes mayorías a una “sub-vida.”
Y es que, más allá de los relatos del socialismo real devenidos en fenóme-
nos totalitarios, la integración economía-sociedad no es solo teóricamen-
20 Como bien lo refiere el premio nobel alternativo de economía Manfred Max Neef (s/a): “…
el ser humano no es el centro de todas las cosas, es parte de todas las cosas y que no solo la
vida humana es sagrada, sino que toda forma de vida es sagrada.” Estas ideas apuestan por la
superación del discurso antropocéntrico por una concepción “bionista” de la realidad.
103LEONARDO CALVANO CABEZAS
te posible sino, necesaria en la realidad concreta para edicar estabilidad
económica y gobernabilidad política con justicia social. Por estas razones,
Cuadrado Roura y col. (2005) señalan que, aunque la ciencia económica de
mayor divulgación se esmera en delimitar las fronteras de los objetivos eco-
nómicos: crecimiento, empleo, estabilidad de precios; y los sociales: edu-
cación, dotación de viviendas y salud, por ejemplo, se debe entender en los
espacios direccionales que lo uno y lo otro tienen contenidos que traspasan
las respectivas fronteras, toda vez que, ni el crecimiento es solo económico,
ni la educación es ajena a la economía, ni a los criterios de eciencia del
sistema, producto que se benecia exponencialmente de la mano de obra
altamente calicada en todas las áreas, de lo que se inere la premisa: a ma-
yores logros obtenidos en una sociedad en educación superior, mayor es la
posibilidad de desarrollo económico sostenido.
La evidencia histórica disponible demuestra que, en materia económica,
no es cierto que la dinámica natural del mercado y su “autorregulación” per-
manente sea un mecanismo suciente para superar las grandes diferencias
sociales que condenan a la mayoría de personas a la pobreza; incluso según
el premio nobel de economía Joseph Stiglitz (2008), de no regularse los mer-
cados al menos tímidamente se estaría colaborando con la tendencia crecien-
te del hundimiento de la economía mundial en pocas décadas. Tampoco, las
experiencias de planicación central de la economía caracterizadas por el es-
tatismo extremo y los controles de todo tipo han demostrado que son una
alternativa viable para la generación de prosperidad y confort colectivo; todo
lo contrario, han maximizado la escasez de productos y servicios básicos para
la vida, y multiplicado la miseria en un clima de autoritarismo creciente.
Ante esta situación, todo indica que una propuesta económica nove-
dosa para Colombia debe aproximarse a los dominios de la llamada eco-
nomía social de mercado, en la que se conjugan armónicamente la inicia-
tiva privada propia del mercado, con la acción del Estado para regular los
excesos del capital y proteger a los grupos vulnerables de la sociedad que
no tienen posibilidades reales de emprendimiento. Conceptualmente:
“El sistema de la Economía Social de Mercado surge del intento cons-
ciente de sintetizar todas las ventajas del sistema económico de mer-
cado: fomento de la iniciativa individual, productividad, eciencia,
104 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
tendencia a la auto-regulación, con los aportes fundamentales de la
tradición social cristiana de solidaridad y cooperación, que se basan
necesariamente en la equidad y la justicia en una sociedad dada. En
este sentido propone un marco teórico y de política económico-ins-
titucional que busca combinar la libertad de acción individual dentro
de un orden de responsabilidad personal y social” (Resico, 2008: 108).
Ideológicamente esta propuesta económica, que se desarrolla en el mar-
co referencial del Estado de Bienestar –hoy denido como Estado social de
derecho y de justicia–, es subsidiaria de: “…la tradición político-económica
liberal (derechos individuales, republicanismo, mercado) con el pensamien-
to social-cristiano (justicia social, solidaridad)” (Resico, 2008: 108). Por lo
que nadie podría argumentar que es una propuesta marxista totalitaria.
Esencialmente pensamos que todo sistema económico debe tener
como propósito básico satisfacer las crecientes necesidades humanas, al
menos en la perspectiva material y, democratizar el acceso y la partici-
pación equitativa en el producto interno bruto del país (PIB), descon-
centrando si es precisos ciertos capitales nancieros corporativos que,
mediante los procesos especulativos no solo no generan nuevas fuentes
de riqueza, sino que mediante prácticas reprochables e ilícitas como: los
monopolios, oligopolios, posiciones de dominios y competencia desleal,
entre otros, terminan desacelerando el aparato productivo nacional y es-
tancando la economía. Ante esta situación, la economía social de mercado
ajustada a los condiciones históricas, culturales y económicas de Colom-
bia es un modelo viable capaz de dar al traste, paulatinamente, con el neo-
liberalismo imperante que privatiza todas las relaciones productivas, con
un saldo impresionante de pobreza y exclusión social, ya que transforma
la educación, la salud y la cultura en una mercancía costosa y privativa.
PROPUESTA RELATIVA A LA RENOVACIÓN SOCIAL, EDUCACIÓN Y CULTURA
La historia del pensamiento político de occidente está cargada de mo-
mentos en los cuales, conspicuos intelectuales se han esforzado por edicar
sistemas sociales propicios para lo que ellos entendían como una vida de ca-
lidad y dignidad, al calor de las representaciones sociales y criterios éticos o
teológicos del tiempo que les tocó vivir. Tales son los casos, por ejemplo, de:
105LEONARDO CALVANO CABEZAS
en la Antigüedad “La Republica de Patón”; en la Edad media “La Utopía de
Moro”; y en la Edad moderna los sistemas losócos positivista y marxista,
respectivamente. El primero de estos sistemas modernos sirvió de paradig-
ma para la formación de los Estados nacionales en Latinoamérica, estructu-
rados bajo los postulados liberales de “orden y progreso”; y el segundo, valió
de fundamento para la construcción de las llamadas repúblicas socialistas en
el siglo XX, con un saldo en ambos casos que no se pretende evaluar.
Es de enfatizar que, la sociedad que tenemos no es en ningún sentido
consecuencia incuestionable de la evolución natural del espacio público,
cosa que de creerse, como pretenden alguna religiones y tradiciones conser-
vadoras, resulta un mero argumento metafísico sin ninguna basa empírica
que le sustente; pues, todo indica que, la sociedad es un producto históri-
co-concreto y no el resultado de la naturaleza; sino que es el fruto material
del esfuerzo colectivo de las personas, conscientes o no de ello, por realizar
un espacio de “convivencia” a tono con los intereses y cosmovisiones que
en un momento determinado se erigen como dominantes ideológicamente
hablando y, consecuentemente, terminan por estructuran relaciones asimé-
tricas de poder y subordinación que favorecen en lo político, económico
y cultural a unos grupos privilegiados en detrimento de los comunes, que
terminan relegados a una suerte de neo-esclavitud y mendicidad.
Bajo este hilo argumentativo, la sociedad o, mejor dicho, la realidad so-
cial, es una construcción colectiva en proceso de reacomodo permanente
que puede y debe ser modelada en razón de las concepciones democráticas,
éticas y axiológicas más avanzadas de un momento histórico determinado.
Cuando no referimos a la categoría de “concepciones más avanzadas” que
puede resultar ambigua para algunos lectores, queremos signicar con ello a
aquellas concepciones que poseen las características siguientes:
• Aspiran a la democratización completa de la sociedad contemporánea
como condición fundamental para garantizar el bienestar sociedad
material y espiritual de las personas.
• Determinan en sus análisis multivariados, las tensiones, limitaciones
y contradicciones de las ideologías hegemónicas que han servido de
justicación del contrato social imperante.
106 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
• Propenden a la construcción del liderazgo individual y colectivo de la
ciudadanía activa en los procesos políticos: locales, regionales, nacio-
nales e internacionales.
• Presentan nuevos o renovados esquemas económicos basados en la sa-
tisfacción de las necesidades humanas, pensando en la conservación
intergeneracional del equilibrio medioambiental.
• Denuncian todas las formas de dominación y control social presentes
en los discursos de poder, como en la cultura y/o el andamiaje jurídi-
co-institucional, para benecio exclusivo de las elites.
En efecto, un nuevo contrato social para Colombia implica necesaria-
mente de la estructuración de un nuevo modelo de sociedad que sea el paso
de la voluntad de cambio al acto de edicación del cambio. Las ideas se-
minales de esta nueva sociedad están presentes desde hace mucho, en dife-
rentes textos, discursos contra-hegemónicos y cuerpos normativos como la
Constitución política de 1991, la Declaración Universal de los Derechos
Humanos (1948) o la Carta Social de las Américas (2012), por mencionar
algunos de los más emblemáticos, que en esencia plantean los conceptos ra-
cionales, axiológicos y procedimentales para el predominio de la Dignidad
Humana, en un clima de convivencia pacíco, en donde todas las personas
tengan garantizado unos niveles mínimos de justicia y bienestar que les per-
mitan, al mismo tiempo, desarrollar sus capacidades, habilidades y destrezas
como entes productivos, creativos y soberanos de sus vidas.
Para el logro de este nuevo modelo social, se requiere de un sistema
educativo que, en todos sus niveles y modalidades de formación, dote a las
personas de las herramientas necesarias para: vivir, hacer, sentir y pensar
acorde no solo con los imperativos del orden establecido, sino con la trans-
formación de ese mismo orden si es necesario, a contravía de los intereses
dominantes con el ánimo de dar el “salto cuántico” que permita acceder a
una fase cualitativamente superior de la historia nacional, entendiendo la
nación como comunidad imaginada de prosperidad, paz y equidad.
A criterio de Nussbaum (2015), el escenario internacional atraviesa
por una crisis del modelo educativo que privilegia el afán de lucro, cre-
cimiento económico y acumulación de riquezas, por encima de la for-
107LEONARDO CALVANO CABEZAS
mación ciudadana en las coordenadas del discurso humanístico, lugar de
enunciación fundamental para el desarrollo de la sensibilidad artística, el
pensamiento crítico y la producción de una ciudadanía activa que sea la
columna vertebral de la democracia. De hecho, indica que:
“Ansiosas de lucro nacional, las naciones y sus sistemas de educación
están descartando descuidadamente habilidades que son necesarias
para mantener vivas las democracias. Si esta tendencia continúa, las
naciones de todo el mundo pronto estarán produciendo generacio-
nes de máquinas útiles, en lugar de ciudadanos completos que pue-
dan pensar por sí mismos, criticar la tradición y entender el signica-
do de los sufrimientos y logros de otra persona” (2015: 14).
Así las cosas, creemos útil la propuesta que en su momento formu-
ló Freire (2008), denominada “Pedagogía del Oprimido”, que deende y
promueve las posibilidades de una educación popular gratuita y de cali-
dad, pensada principalmente para la liberación de los estratos marginados
y oprimidos de la sociedad, a través de la alfabetización que implica no
solo el desarrollo de las habilidades de lectura-escritura, sino también y
muy especialmente, la hermenéutica crítica de las tramas de poder que
conguran las realidades de opresión21 que varían de una sociedad a otra.
Para Paulo Freire (2008), lo primero que debe lograr la pedagogía del
oprimido es romper en los imaginarios populares la identicación del
oprimido con el opresor, ya que el oprimido –asumido como todas las
personas situadas en contextos de emergencia social de pobreza extrema–,
actúa en una sociedad deshumanizada que replica cotidianamente los va-
lores y conceptos de los poderosos como única vía posible para el logro del
éxito, status y reconocimiento social. De ahí que:
“El gran problema radica en cómo podrían logran los oprimidos,
como seres duales, inauténticos, que alojan al “opresor” en sí, parti-
cipar de la elaboración de la pedagogía para su liberación. Solo en la
medida en que descubran que “alojan” al opresor podrán contribuir
a la construcción de su pedagogía liberadora” 2008: 42).
21 Coetzee (2007), señala que no hay universales de opresión, y es que, en cada sociedad, país, comu-
nidad y cultura la opresión como práctica multiforme adquiere sus propios determinantes históricos y,
en consecuencia, sus propias formas de expresión que deben ser debidamente comprendidos.
108 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
Y seguidamente señala que:
“Mientras viva la dualidad en la cual ser es parecer y parecer es pare-
cerse con el opresor, es imposible hacerlo. La pedagogía del oprimi-
do, que no puede ser elaborada por los opresores, es un instrumento
para este descubrimiento crítico: el de los oprimidos por sí mismos
y el de los opresores por los oprimidos, como manifestación de la
deshumanización” (2008: 43).
En la obra del insigne jesuita brasilero, el interés estaba en alcanzar una
persona capaz de entender los mecanismo y dispositivos: afectivos, cogni-
tivos, políticos e ideológicos de dominación que, inexorablemente, conde-
naban su vida al imperativo de la calamidad, comprensión necesaria para su
superación denitiva. Para, posteriormente, prepararles en el impulso de una
“revolución de consciencias” o “reino de conciencias” que pretende transfor-
mar un estado de cosas –una realidad– que se caracteriza por mantener a los
hombres en una situación deshumanizante (Freire, 2008). En este sentido,
no solo hay que liberar al oprimo, sino incluso, al opresor quien funge como
instrumento de la injusticia, la violencia y el atraso, cuestión que en ningún
caso de la vida puede resultar útil, bueno o edicante para nadie.
De la mano con una pedagogía comprometida con la liberación, además,
se impone la premura de un sistema educativo con un profesorado capaci-
tado para generar, en todo momento, procesos de investigación cientíca
y humanística de alto nivel que, por un lado, aporten luces para la supera-
ción paulatina del neo-colonialismo intelectual y cultural, mediante el cual
los maestros y profesores terminan fungiendo como simples operadores de
ideas, metodologías y propuestas foráneas que si bien pueden resultar nove-
dosas per se, no responden adecuadamente a las necesidades de un contexto
complejo y particular como lo es el “Sur” (esto no signica que la educación
como proceso creativo se cierre a las tendencias e inuencias internaciona-
les); por el otro, y en consonancia con lo anterior, se apuesta por un sistema
educativo de vanguardia que “imponga” en los imaginarios colectivos una
cultura cientíca autónoma y soberana dedicada a la estructuración general
de las condiciones requeridas para hacer ciencia, tecnología y cultura en el
país, tal como se evidencia en otros sistemas educativos como el nlandés,
que ha logrado apalancar procesos de desarrollo integral en sus latitudes.
109LEONARDO CALVANO CABEZAS
Nos resulta atractivo del sistema educativo nlandés su eclecticismo
e integralidad, lo que no signica que apostemos por replicarlo ya que
como bien señala Marchesi (2013), en el prólogo a la edición española del
texto “Aprender de Finlandia”:
“No es conveniente considerar las alternativas de un sistema educati-
vo como las únicas posibles. La razón es bien sencilla: cada país tiene
su historia, su cultura, sus tradiciones, su estructura social, sus valores,
y en torno a todas estas dimensiones se ha ido construyendo su educa-
ción, que a su vez ha sido responsable de cada una de ella” (2013: 19).
Aclarado lo anterior, del modelo nlandés resalta su preocupación por
formar un estamento profesoral conformado por los mejores profesiona-
les del país, que no solo está bien preparado y bien remunerado, sino que
goza de alta estima social porque se valora el alcance y signicado de los
procesos educativos para una sociedad orgullosa de sí misma y dispuesta
a evolucionar continuamente. En este país nórtico, no solo se forma a las
personas desde las etapas iniciales en las diversas disciplinas en el marco de
las TIC; además, se incluye como eje trasversal la “perspectiva de género”
con el objetivo de profundizar los espacios democráticos y plantear debates
que desafíen los mitos y creencias que han edicado las odiosas jerarquías
de género en detrimento de la mujer, sometida históricamente a la violencia
de la sociedad patriarcal. Y es que, la nueva sociedad que tendrán que surgir
en Colombia en el siglo XXI, para reimpulso de la democracia plena, parti-
cipativa y protagónica que aún se encuentra en la crisálida, tiene que poder
superar también la impronta del patriarcado o del matriarcado, expresiones
ambas del despotismo y la cultura autoritaria tan arraigada en la región, con
dramáticas expresiones políticas en fenómenos como: el caudillismo, el me-
sianismo y la personalización radical del poder.
En cuanto a nuestra propuesta cultural, apostamos por el reconoci-
miento de la multiculturalidad nacional, así como de las diversas identi-
dades locales y regionales que merecen respeto y reconocimiento. En este
orden de ideas, el nuevo contrato social que se propone se enriquece en las
múltiples manifestaciones de cultura popular, que más allá del centralismo
histórico impuesto por la capital de la república y su hinterland, existen
y rebaten el concepto eurocéntrico de cultura de elites para la cual, como
110 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
bien explica Lobo (2015), se ha concentrado históricamente el Estado en
la promoción de las bellas artes, la larmónica y el teatro, entre otras, a la
medida de las aspiraciones de los grupos dominantes occidentalizados y
sumamente críticos de la ontología del “Hombre Caribe22.” En denitiva,
este pequeño esbozo procura sentar las bases relativas a la renovación so-
cial, educación y cultura en espera de lograr al menos en los programas so-
cioeducativos y culturales venideros, tres propósitos concretos: primero,
re-humanizar a la sociedad Colombia en sus cimientos; segundo, generar
un sistema educativo que forme a las personas como ciudadanos activos,
críticos y productivos para su comunidad y para ellos mismos; y tercero,
reconocer la multiculturalidad de un país con diversas identidades que se
articulan dialécticamente para conformar el “ser colombiano,” para lo cual
se deben generar políticas culturales que estimulen los procesos creativos
y expresivos del pueblo en su espontaneidad (Lobo, 2016).
PROPUESTA ECOLÓGICA
Desde las últimas décadas del siglo pasado se tiene conciencia, al me-
nos en los principales círculos políticos e intelectuales del mundo, de la
necesidad de enmendar el rumbo de los procesos productivos, caracteri-
zados por la depredación sistemática del medio-ambiente y la emanación
de los gases nocivos que producen el efecto invernadero, como condición
de necesidad para evitar el posible colapso de la civilización humana gene-
rado por la mala administración de los recursos naturales no-renovables.
Cuando hablamos de colapso nos apegamos literalmente al concepto for-
mulado por Diamond (2007), quien arma categóricamente al respecto:
“Por colapso me reero a un drástico descenso del tamaño de la pobla-
ción humana y/o la complejidad política, económica y social a lo largo
de un territorio considerable y durante un periodo de tiempo prolon-
gado. El fenómeno de colapso es por tanto una forma extrema de los
diversos tipos de declive… y acaba siendo arbitrario establecer cuan
drástico debe ser el declive de una sociedad hasta reunir las caracterís-
ticas adecuadas que nos permitan calicarlo de “colapso”” (2007: 23).
22 Por Hombre Caribe se quiere enmarcar a todas las tramas identitarias que configuran una particu-
lar forma de ser y de actuar en el caribe colombiano, caracterizada por su espontaneidad, franque-
111LEONARDO CALVANO CABEZAS
Según el referido autor, el colapso creado por razones medioambien-
tales es no solamente un fenómeno muy probable, sino reiterativo en la
historia humano. De hecho, reseña un conjunto de sociedades antiguas
y modernas como: los anasazi, los mayas y los vikingos, entre otras, que
han desaparecido sin apenas dejar huella luego de haber alcanzado en su
devenir altos niveles de desarrollo material y cultural.
El imperativo ético y de supervivencia a largo plazo nos impone la ne-
cesidad de reformular el modelo económico que se tiene para hacer un
uso más eciente de los recursos naturales disponibles en Colombia (pe-
tróleo, carbón, minerales pesados, por mencionar algunos), con el esfuer-
zo de superar paulatinamente la economía rentista y extractiva, toda vez
que solo los países más atrasados del mundo son los que viven hoy de la
comercialización de sus materias primas, mientras que los avanzados a-
lados a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), llamada comúnmente como el club de los países más ricos del
mundo, transitan ya por la 4 revolución post-industrial caracterizada por
las economías del conocimiento y la comunicación.
Por ello, los temas de modernización de la economía con sentido ecológico
deben ocupar un lugar destacado en las agendas políticas del poder nacional,
más allá de los discursos pomposos con ninguna incidencia en la transformación
constructiva de la realidad, desde ya, y es que como explica Giddens (1999: 83):
“Una modernización ecológicamente sensible no signica “más y más
modernidad”, sino que es consciente de los problemas y limitaciones de
los procesos modernizadores. Esta atenta a la necesidad de restablecer la
continuidad y desarrollar la cohesión social en un mundo de transfor-
mación errática, donde las energías intrínsecamente impredecibles de la
innovación cientíca y tecnológica tiene un papel tan importante.”
De la anterior cita se inere que los procesos de modernización material
que han sido la expresión más fehaciente del programa político iluminista
y sus dispositivos tecnológicos, desde el siglo XVIII hasta el presente his-
tórico, no puede seguir siendo insensibles al tema medioambiental hasta
el punto de hacer sentir a las personas como seres ajenos del mundo natu-
za y solidaridad en términos de estilo de vida, sin ninguna pretensión de superioridad o petulancia
más allá de la originalidad de su música, gastronomía y literatura de fama internacional.
112 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
ral del que forman parte integral. Razón por la cual, la losofía ecologista
plantea la necesidad legitima de revalorar a la naturaleza como el núcleo
básico del quehacer antrópico cultural que, en último término, no es más
que la re-organización de la vida natural para los fines de la polis, entendida
como la comunidad humana organizada en íntima relación con todas las
formas de vida, que están bajo nuestro cuidado y responsabilidad.
De conformidad con las reexiones enunciadas, una verdadera política
“para y por la vida” debe anclarse a las lógicas operativas del desarrollo
sostenible que, apuesta por la instrumentalización de energías limpias y
renovables, como: la energía solar, eólica de biomasa y mareomotriz. Por
lo demás, se debe superar el mito de que el crecimiento económico es un
fenómeno ilimitado y redimensionar a la ciencia económica actual para
entender las actividades económicas como viables y no viables, en razón
de su impacto medio ambiental y su costo para las generaciones futuras.
También, de la mano con el Ministerio del Medioambiente, deben estar
las comunidades organizadas con una legislación que así lo permita, para
ejercer la contraloría social en aquellas zonas donde se desarrollen activi-
dades productivas, extractivas y con potencial destructivo o contaminante
del sistema medioambiental. Y, es que, en el nuevo contrato social que se
promociona, son las personas y comunidades las principales responsables
de la gestión de sus recursos y problemas, tal como debe ser en los dominios
de una verdadera democracia participativa con criterio bioético.
Para Gudynas (2004), el planteo ecologista debe ser asumido como un
modo de vida responsable de cara a la estructuración de una nueva ciudadanía
promotora de una política de desarrollo sostenible. Concretamente señala que:
“La incorporación de la temática verde a los debates políticos tiene varias
implicaciones: por un lado, desencadenó la incorporación de nuevos te-
mas que antes pasaban desapercibidos, y por el otro, está imponiendo
nuevas condiciones a la propia política. En el primer caso aparecen cues-
tiones como la desaparición de especies, nuevas visiones ampliadas de la
calidad de vida, o el problema de la escasez. En la segunda perspectiva, el
reconocer a las personas como parte de ecosistemas mayores, o el acep-
tar el papel de los valores intrínsecos, requiere de nuevas coordenadas y
dinámicas de la discusión política” (2004: 217).
113LEONARDO CALVANO CABEZAS
Por todo lo aludido, el contrato social en formación está resuelto a evi-
tar el colapso medioambiental, a través del impulso de políticas públicas
formuladas en la consciencia de la naturaleza como totalidad, considera-
da además, en el sentir de los antiguos griegos, como inteligente, viva y
racional; y como ciclo holístico que no aspira dominar ni controlar, sino
rearmar en todo momento los vínculos energéticos que unen a todos los
entes vivos hasta el punto de hacerlos profundamente interdependientes
en la trama del misterio de la vida (Payne, 2002).
CONSIDERACIONES FINALES
La fuerza ilocutiva del discurso del contrato social radica en su nali-
dad misma, la de ser un pacto voluntario entre ciudadanos libres y cons-
cientes que están dispuestos a denir abiertamente las líneas de dirección
para la construcción de su realidad compartida, sin relegar tamaña respon-
sabilidad a las elites de poder, que sin lugar a dudas actúan para lograr sus
intereses privados. Como se ha argumentado, semejante desafío implica
de un esfuerzo multidimensional que involucra lo político, lo ideológico y
epistemológico, enfatizando en el lugar axiológico donde emergen los va-
lores más altos para la promoción y defensa de la vida en todas sus formas,
valores universales (la justicia, la equidad, la libertad y la solidaridad), que
son parte indivisible de la condición humana y, precisamente, en el goce y
disfrute de ellos se alcanza la dignidad de la persona en su plenitud.
Las propuestas que aquí se han formulado de carácter general no de-
ben ser interpretadas en ningún caso como planes, proyectos o políticas,
sino como ideas seminales o ideas de anclaje mediante las cuales se podría
desarrollar en su momento políticas concretas para solventar problemas
particulares o generales en los ámbitos de gerencia política o diseño y for-
mulación de políticas públicas. Por lo demás, estas ideas se piensan con el
propósito superior de aportar luces en formulación un nuevo modelo de
sociedad para Colombia, modelo que por su complejidad y magnitud no
puede depender de la producción cientíca y reexiva de la academia úni-
camente, sino que demanda del conocimiento y la participación volunta-
ria de las comunidades y personas que componen a la “nación imagina” en
toda la geografía nacional, cuestión que, a su vez, envuelve un ejercicio de
114 CONTRATO SOCIAL Y MODERNIDAD POLÍTICA EN COLOMBIA
hermenéutica social y diagnóstico certero de las principales necesidades
de la Colombia profunda, del cual surgirían los principales insumos para
la edicación denitiva del nuevo contrato social. Evidentemente, este
propósito trasciende las posibilidades de la presente obra. Sin embargo, si
nuestro trabajo posee alguna utilidad práctica es la de cartograar la hoja
de ruta que se debe seguir en los complejos años venideros.
En síntesis, lo que parece una utopía irrealizable como lo es la imple-
mentación de un nuevo o renovado contrato social para Colombia, de-
pende básicamente de la conjugación secuencial de algunas condiciones
de posibilidad en lo objetivo y subjetivo, como: una verdadera democracia
participativa y protagónica conformada por ciudadanos activos y organi-
zados en el marco de un Estado social de derecho y de justicia efectivo en
los diversos mundos de vida de las personas comunes, que no solo garan-
tice derechos, sino que se esfuerce por crear las circunstancias materiales
necesarias para la realización de los mismos, en el marco de una sociedad
de sujetos soberanos, autónomos, críticos y creativos modelados por un
sistema educativo que rompa las cadenas mentales y materiales de la opre-
sión, de la mano con un profesorado investigador productor de saberes de
vanguardia con utilidad social; sumado a una economía social de mercado
que no pierda de vista el intereses de las mayorías vulnerables y actúe bajo
la lógica del desarrollo sostenible con conciencia ecológica y bioética.
Por lo demás, estas condiciones no serán jamás ni nunca concesiones
de la elite con más de dos siglos en el poder, sino que serán el resultado
de luchas no violentas de una ciudanía con conciencia histórica y política
de su gran responsabilidad y de sus innitas posibilidades para mejorar
su situación histórica, a pesar de los grandes obstáculos que debe superar.
CONCLUSIONES
Si bien para muchos intelectuales la búsqueda de la utopía ya no tiene
sentido, bien sea por el colapso reiterativo de los experimentos socialistas,
o por las posturas encubiertas de fundamentalismo de mercado que pro-
claman el n de la historia de las ideas, pensamos que es un imperativo
ético de primer orden plantear propuestas encaminadas a reducir el sufri-
miento de miles de personas –seres vivos en general–generado deliberada-
mente por un sistema político y social absurdo.
En este sentido, razón tiene Villasmil (2017) cuando enfatiza que la
característica fundamental de las sociedades humanas es el cambio; por
ello, los modelos teóricos que funcionan en un momento determinado
como “faros luminosos” para entender e interpretar una realidad especí-
ca, también deben cambiar en correspondencia con los grandes desafíos y
exigencias del momento histórico actual. De no ser así, no solo prevalece-
ría una situación de estancamiento contraria al progreso, sino que estaría-
mos condenados a la repetición constante de los saberes, losofías y polí-
ticas del pasado. Sin embargo, al decir de Villasmil (2017) muchas ideas,
conceptos y proyectos aún poseen completa vigencia y solo demandan
un ejercicio de readecuación que dé cuenta de las expectativas colectivas
esenciales, tal como es el caso del programa losóco de la modernidad y
su discurso bioético y de promoción de la dignidad humana, entre otros.
Ante las cuatro preguntas axiales que iniciaron este recorrido his-
tórico político: ¿A qué intereses responde el contrato social histórica-
mente existente en Colombia? ¿Qué relación existe entre el gran capital
internacional y el contrato social colombiano? ¿Qué fundamentos éticos
e ideológicos posee el contrato social colombiano? ¿Qué idea de justicia y
equidad define el contrato social colombiano?, pensamos que la investiga-
ción aportó respuestas concretas a casi todas.
En la primera pregunta está claro que el contrato social históricamente
existente en Colombia responde a los intereses de la oligarquía que con-
trola a su antojo el sistema político y económico desde el advenimiento
de la republica hasta la actualidad, y es que no podía ser de otra manera,
cuando fue este estamento quien formuló, desarrollo y actualizó el con-
trato social moderno en función de sus intereses particulares, efectuando
–claro está–, algunas concesiones modernizantes a la mayorías oprimidas
para obtener unos niveles mínimos de gobernabilidad y legitimidad por
desempeño.
En la segunda pregunta, pensamos que la respuesta también es sencilla.
Colombia ha sido desde sus orígenes una sociedad en la cual se han privi-
legiado los grandes intereses de las corporaciones internacionales que en
alianza con la elite de poder se esfuerzan por mantener un ordenamien-
to económico de liberalización casi total de los bienes y servicios básicos
para la vida, hasta el punto de que la educación universitaria, la seguridad
social y la salud son una mercancía privativa que excluye de su acceso a
los estratos más deprimidos del país, de conformidad con los lineamien-
tos neoliberales que imponen los organismos nancieros internacionales,
como: el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional o la Organi-
zación Mundial del Comercio. Por ello, el contrato social imperante ha
respondido de forma sumisa en su alcance y contenido a los imperativos
del sistema mundo dominado por el gran capital.
En cuanto a los fundamentos éticos e ideológicos que posee el contrato
social colombiano, en justicia hay que reconocer que más allá de la inci-
dencia que han tenido “los cacaos” o sectores en el constitucionalismo his-
tórico, el contrato social ha sido subsidiario al menos en “el papel” de las
grandes ideologías que, como el liberalismo, la democracia procedimental
y el Estado de derecho hicieron posible la edicación del ordenamiento
republicano en el orbe. El problema está que ese sistema ético e ideológico
ha sido aplicado selectivamente para benecio de unos pocos, por ello es
aún una asignatura pendiente la modernización total del país en lo mate-
rial y espiritual.
Por último, al tratar de responder qué idea de justicia y equidad dene
el contrato social colombiano, se debe claricar que la investigación de-
sarrollada demuestra que la constitución política de 1991, marca un mo-
mento de ruptura con el constitucionalismo histórico que había servido
de justicación discursiva al modelo de sociedad imperante hasta hoy. Sin
embargo, su promoción al menos jurídica de valores como la justicia y la
equidad en su sentido progresista, hicieron posible la enunciación de un
Estado social de derecho que posibilita en lo venidero la creación de un
nuevo contrato social que venga a realizar denitivamente los sentidos
deseos de democracia plena, paz y justicia social que anidan en las mentes
y corazones de los colombianos de bien que se constituyen, sin lugar a
dudas, en la mayoría del país.
Aclarado esto, se recomienda a las comunidades académicas generar lí-
neas y procesos investigativos sobre las implicaciones, alcances y condicio-
nes requeridas para la implementación de un nuevo o renovado contrato
social para Colombia, que venga a contribuir con la construcción de una
realidad política, económica y social más viable y constructiva para todos.
A las elites en el poder, se les demanda actuar en función de la voluntad
general del país y desligarse de intereses mezquinos en lo concerniente a
la edicación del nuevo modelo de justicia y paz que está naciendo en
este momento, porque de ello depende en buena medida la superación del
ciclo cruento de la violencia desmedida en el país. Por último, a los ciuda-
danos libres y conscientes, sirva este humilde trabajo como insumo para la
construcción de mejores espacios de convivencia humana que, en último
término, dependen de que cada quien haga bien lo que le corresponde, en
el estatus y rol que ocupa bajo la premisa de servir al otro sin mezquinda-
des ni condiciones.
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UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL RAFAEL MARÍA BARALT
AUTORIDADES
Lino Morán Beltrán
Rector
Johan Méndez Reyes
Vicerrector Académico
Leonardo Galbán Sthormes
Vicerrecto Administrativo
Victoria Martínez Carvajal
Secretaria rectoral
Publicación digital del Fondo Editorial
UNERMB
Noviembre, 2018
Cabimas, estado Zulia, Venezuela.
Abogado, Especialista en Derecho Notarial y Registral por la
Universidad del Externado; Especialista Derecho en Adminis-
trativo por la Universidad Santo Tomas, Especialista en Alta Ge-
rencia y Especialista en Alta Dirección y Liderazgo Estratégico
por la Universidad de los Andes en Colombia. Exdocente de la
facultad de Derecho de la Universidad Libre y Doctor en Cien-
cia Política por la Universidad del Zulia. En la actualidad es pro-
motor del centro de pensamiento crítico y contrahegemónico
Aldea Caribe.
Leonardo Calvano Cabezas
